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Diversas reacciones de rechazo -tanto
de familiares, abogados, así como de organizaciones de derechos humanos
e indígenas- se produjeron tanto en Chile como en el extranjero ante las
duras penas a 25 y 20 años de prisión que dictaminó ayer el Tribunal
Oral de Cañete respecto de cuatro comuneros mapuche integrantes de la
Coordinadora Arauco-Malleco.
Lo anterior, producto de la aplicación de la ley antiterrorista, que
permite una serie de irregularidades al debido proceso; como el uso de
testigos secretos, interceptaciones telefónicas, incomunicación de
imputados, mayor atribución a los fiscales y a las policías, existiendo
incluso denuncias de aplicación de torturas para obtener testimonios
incriminatorios, como se dio cuenta por parte de testigos encubiertos de
la fiscalía en el contexto de este juicio oral. Es por ello que los
abogados defensores han anunciado que solicitarán a la Corte Suprema la
nulidad del juicio.
Familiares: “ellos están firmes”
Natividad LLanquileo, vocera de los comuneros, tras reunirse con su
hermano condenado, Ramón Llanquileo, expresó que “ellos están
tranquilos, con mucha fuerza y ganas de seguir luchando. No están de
rodillas como los quieren ver y estén donde estén, van a seguir
luchando”. Hizo además un llamado a la iglesia a pronunciarse, debido al
conocimiento que tienen respecto de las irregularidades que se
cometieron a lo largo de este juicio, lo que gatilló finalmente las
altas condenas.
En cuanto al condenado José Huenuche -quien es padre de dos hijas, de 2
y 5 años-, en la audiencia estuvo presente su madre, Juana Reiman Reuca
de la comuna de Lumaco, quien criticó la sentencia señalando que “es tan
mala, que ni siquiera los jueces leyeron las razones del por qué lo
acusan. Si él no ha matado, no ha hecho nada y lo acusan injustamente,
es una señal clara de que estamos frente a un mal fallo”, expresó con
voz firme y actitud serena.
Por su parte Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul, agregó que hechos
como estos solo pasan en Chile, donde no hay estado de derecho para
quienes no tienen recursos. “Para la gente pobre y oprimida, no existe
estado de derecho, y por lo tanto aquí se abusó y se va a seguir
abusando de la gente, mientras no haya mayor denuncia y lucha”. Hizo un
llamado a su vez a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos
humanos para que sigan apoyando, sobre todo ahora, que los condenados se
encuentran en huelga de hambre y han tomado la decisión de continuarla
hasta que hayan cambios.
Pezoa, tras el término de la audiencia pudo entrar y conversar
brevemente con su marido, y aunque confiesa que “entré con mucha pena
(sollozos), ellos estaban con ánimo, con actitud, la misma que han
tenido todo este tiempo y en realidad se nos aplacó todo al verlos a
ellos”. Consultado respecto de sus hijos y cómo recibirán esta triste
noticia, expresó que “ellos son también parte de este proceso de lucha
mapuche, ellos han nacido y crecido en la comunidad y han acompañado a
Héctor en las reuniones, en las ceremonias y van a seguir creciendo
también como luchadores mapuche”.
Presente también en la audiencia estaba Eduardo Painemil, de la
comunidad Pascual Coña e imputado por incendios a cabañas cerca del Lago
LLeulleu, pero absuelto en esta causa y en libertad tras 18 meses preso
en la cárcel de Lebú. Painemil denunció que ahora están siendo
perseguidos en el campo, “nos siguen los policías y estamos siendo
investigados, parece que no hemos salido de la cárcel”, acusa. Denunció
además que constantemente es perseguido por las calles, como cuando
viajó a Temuco, donde todo el tiempo me fueron cuidando carabineros de
civil. Por lo mismo, dice sentirse intimidado, junto a su esposa e hijo
de tan solo 6 años.
A la Corte Suprema
El abogado defensor de Héctor LLaitul, Pablo Ortega, lamentó que los
jueces no hayan dado a conocer las razones por las cuáles se les condenó
a los comuneros. Del mismo modo, destacó la constante negación a las
peticiones de la defensa por parte del tribunal. Ahora deberán esperar
las notificaciones por correo electrónico, sin saber si llegarán
efectivamente, “lo que trasunta en una nueva limitación del derecho a la
defensa”. Ortega calificó este escenario de limitación al debido proceso
de “muy grave”, por lo que intentarán impugnar ante la Corte Suprema la
resolución. Recalcando que en términos jurídicos, debe primar el derecho
y no los prejuicios.
Por su parte el abogado defensor Adolfo Montiel, señaló que tenía
esperanzas de que la pena no fuera tan alta, y ahora espera que la Corte
Suprema revierta esta situación. Sobre todo por el delito contra el
fiscal, en que -según el profesional- no se logró acreditar quienes
participaron en esos hechos y todas las imputaciones se basaron en
testigos protegidos. En caso de anularse el juicio, advierte el
profesional, se conocería solo los dos delitos por los que fueron
condenados: robo con intimidación y homicidio frustrado contra el señor
Elgueta.
Ocupación de iglesia
Hasta el cierre de la presente
edición y pese a que Monseñor Pedro Ossandón hizo un llamado a que los
comuneros depusieran la toma, los familiares de los presos políticos
mantenían ocupada la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañete.
Natividad Llanquileo señaló que la Iglesia no se ha puesto en el lugar
de ellos. “La iglesia siempre ha dicho que hay que ponerse en el lugar
de los demás y al parecer, en el caso de él (Monseñor Ossandón), en
particular, yo creo que no lo está haciendo debería ponerse en el lugar
nuestro, nosotros hemos sido respetuosos y entramos de forma pacífica a
la Iglesia, no hemos hecho ningún destrozo”, precisó la portavoz.
En relación a las penas a las que fueron sentenciados los comuneros y la
política de puertas abiertas que ha tenido la Iglesia Católica, el
administrador apostólico de la Santísima Concepción indicó que
“comprendía el dolor de las familias y los comuneros”. Frente a este
tema, Monseñor Ossandón sostuvo que “nosotros desde que supimos de esta
lamentable acción, de los familiares y amigos de los comuneros mapuches
condenados ayer, en relación a la toma de nuestro templo parroquial de
nuestra Señora del Carmen de Cañete los hemos recibido con mucho respeto
porque son personas que están sufriendo”.
Respecto a esta invitación de parte de Ossandón, Llanquileo señaló que
no se van a quedar tranquilos esperando que sus familiares o las
personas que ella representa se queden 20 años en la cárcel sin hacer
nada. Según Llanquileo, la toma pacífica de la Iglesia Católica de
Cañete sigue en curso de forma indefinida. Respecto al traslado de los
comuneros a la cárcel de Angol, el abogado de Héctor Llaitul, Pablo
Ortega dijo que extraoficialmente se le comunicó que los comuneros ya
estaban cumpliendo prisión preventiva en ese recinto penal.
Organizaciones se manifiestan
El Observatorio Ciudadano, manifestó también su preocupación por las
penas a las que fueron condenados los comuneros, las que califica de
“desproporcionadas y excesivas”, considerando que ninguno de los delitos
significó la pérdida de vidas humanas, calificando la decisión de la
justicia como “de falta de imparcialidad”. Agregan en su declaración
pública dada a conocer ayer, que lo anterior “contrasta con la impunidad
en que han quedado delitos similares y más graves, como el homicidio
cometido en contra de personas mapuche por agentes policiales del
estado, que se han verificado en el marco de los conflictos por tierras
en el sur del país”.
También critica al Tribunal de Cañete, que no tomó en cuenta el artículo
10 del Convenio 169 de la OOT cuyo número 1 señala que: “Cuando se
impongan sanciones penales previstas por la legislación general a
miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características
económicas, sociales y culturales; y en el 2 dice: “Deberá darse la
preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. Por lo
que espera el un tribunal competente “restablezca el Imperio del
Derecho, absolviendo a los imputados o decretando la realización de un
nuevo proceso en el que efectivamente se respeten las normas del Debido
Proceso”.
En tanto, 20 organizaciones de Colombia, Francia, Suiza y Estados
Unidos, rechazan la política chilena de criminalizar las
reivindicaciones de los pueblos originarios, y en tres puntos
manifiestan su inquietud frente a la manera en la que este proceso fue
llevado con "ley antiterrorista", y que a solo dos días de cierre del
juicio el gobierno haya pedido recalificar sin esta ley, cosa que no
tuvo ningún efecto, los expertos internacionales no dejarán de
subrayarlo, manifiestan.
Critican la actitud del Estado chileno que a pesar de numerosas críticas
y recomendaciones de la comunidad internacional, incluido de las
agencias y de Las comisiones de las Naciones Unidas y del BIT, el Estado
chileno persiste en llevar una política agresiva. Del mismo modo
solidarizan con los pueblos originarios de Chile, especialmente mapuche
cuyas reivindicaciones se articulan a un desarrollo sustentable y justo,
en el respeto de los criterios ecológicos; el respeto de las
particularidades de las minorías en el seno de una sociedad
multicultural ; y a un sistema político y administrativo realmente
descentralizado. Finalizan solicitando la libertad de los presos
mapuche.
Finalmente la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta
su preocupación por la seguridad, por la integridad personal y por la
situación jurídica de los prisioneros mapuche ayer condenados, quienes
al ser líderes de la CAM la OMCT teme que su condena pueda enmarcarse
dentro de una persecución política. Cabe destacar además el hecho que el
juicio estuvo marcado por una serie de irregularidades, a lo largo del
proceso y que aunque el Gobierno aceptó retirar las acusaciones bajo la
Ley Antiterrorista, lo hizo tardíamente.
La OMCT vuelve a señalar que la aplicación de la legislación
antiterrorista a los mapuches juzgados por hechos de protesta social ha
sido cuestionada, ya que esta ley no garantiza adecuadamente el debido
proceso porque, entre otras, establece una elevada penalidad, que en
varios casos duplica la penalidad establecida en la legislación
ordinaria. Del mismo la OMCT llama al gobierno de Chile a que cese todo
tipo de represión y de violaciones de derechos humanos y de las
libertades fundamentales contra los miembros de la comunidad mapuche y
contra las personas que apoyan la causa mapuche en la defensa de la
tierra, finalizan.
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