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AGENCIAS |
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El Gobierno hizo este jueves un
llamado a los cuatro presos políticos mapuches que se mantienen en
huelga de hambre desde hace dos meses, en protesta por las condenas a 25
y 20 años de cárcel que recibieron por su presunta participación en el
fallido atentado al fiscal Mario Elgueta y por el robo con intimidación
al agricultor Jorge Luchsinger, juicios donde se aplicó la polémica Ley
Antiterrorista.
La ministra secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, pidió deponer
la medida, "porque finalmente las propias personas que la están llevando
a cabo se están generando un daño a ellas mismas". De igual forma, la
vocera de La Moneda argumentó que el Ejecutivo ha "cumplido en un 100
por ciento con todos los compromisos que asumió en su momento la mesa de
diálogo".
No obstante, remarcó que "aquí hubo una decisión de los tribunales de
justicia, autónoma y al Gobierno no le compete comentar las decisiones
de los tribunales de justicia". Debido a su condena por la Ley
Antiterrorista, los dirigentes de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor
Llaitul, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical comenzaron
el ayuno, que en las últimas horas causó complicaciones al estado de
salud de este último.
Según lo informado por Radio Cooperativa, Huillical presentó una
descompensación y una arritmia cardiaca, por lo que fue derivado desde
la cárcel de Angol hasta el Hospital de Victoria. Los otros tres
huelguistas fueron visitados hoy en el penal por los senadores de la
oposición Guido Girardi (PPD), Jaime Quintana (PPD) y Fulvio Rossi (PS).
Según los parlamentarios, los huelguistas presentan un evidente
deterioro físico y en su conversación nunca hablaron de aplicarles un
indulto, sino que de ser sometidos a "un juicio justo".
Tras la visita, el senador Jaime
Quintana explicó que "hemos visto que obviamente hay un deterioro en su
estado físico que se ha afectado además porque algunos de ellos ya han
tenido otros ayunos". Respecto del tenor de la conversación, dijo que
"en ningún momento surgió en ellos la palabra indulto o impunidad, lo
único que piden es que se les haga un juicio justo y que puedan
responder no por la ley antiterrorista".
En Gendarmería se monitorea en todo momento el estado de salud de los
comuneros, ya que en caso de descompensaciones o problemas de salud,
tienen la autorización de la Corte Apelaciones para trasladados a un
centro asistencial. La vocera de los presos en huelga, Natividad
Llanquileo aseguró que las movilizaciones y en particular el ayuno "no
se detendrá, no importa las consecuencias, porque el Estado debe hacerse
cargo por un justo proceso a los hermanos".
Recurso de nulidad
El llamado del gobierno coincidió con la primera jornada de alegatos del
recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los comuneros. A la
Sala Penal de la Corte Suprema llegaron autoridades nacionales e
internacionales ligadas a la defensa de los derechos humanos, como el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para este tema, Amerigo
Incalcaterra; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos,
Lorena Fríes; además de parlamentarios como el senador Alejandro Navarro
(MAS).
Este jueves, además, el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier
(PS), se reunió con el titular de la Corte Suprema, Milton Juica, para
plantearle su preocupación por el llamado "juicio de Cañete" y la señal
negativa que se da a la comunidad internacional desde Chile, al aplicar
la mencionada normativa. Según el legislador socialista, el país se verá
afectado al dar muestras de que en el territorio existe terrorismo, en
circunstancias que "está libre de ese mal". "Además, el uso de estas
herramientas contra los mapuches deja a Chile como un país en el que se
discrimina a las minorías y se violan los derechos humanos", agregó.
Milton Juica, presidente de la Corte,
criticó en Radio Cooperativa la aplicación de la ley Antiterrorista contra los cuatro
mapuches ya que no guardaría relación con un Estado democrático.
"Nuestra posición en general es crítica respecto de que exista una ley
Antiterrorista que en un Estado democrático debiera ser corregida,
modificada y atenuada en sus efectos y asegurar el debido proceso, que
todos los procesos sean de la misma manera para todos los justiciables",
expresó.
Según Juica, esto hace que sea la Corte Suprema la que tenga que
resolver situaciones como el pedido de nulidad del juicio con los
comuneros, ya que los cambios legislativos debiesen ser asumidos por el
Congreso. "Ese ya no es un problema de los jueces, es un problema
político a través de modificaciones legales y nos preocupa que la
radicalización de los asuntos finalmente rebota en problemas judiciales
que deben ser resueltas por los jueces y eso crea un cierto grado de
complejidad", agregó.
Natividad Llanquileo, vocera de los comuneros en huelga de hambre, se
refirió al estado de su hermano Ramón Llanquileo y de Jonathan
Huillical, este último debió ser trasladado al Hospital de Victoria por
presentar severos problemas cardíacos. "El estado de salud es bastante
complicado, hoy día fue uno de ellos trasladado al Hospital de Victoria,
Jonathan Huillical, con problemas cardíacos. En el caso de Ramón, está
dentro de la cárcel, pero lo están monitoreando cada media hora (...)
tenía algunas alteraciones que vio Gendarmería, ya que están bastante
delgados y presentan problemas", expresó.
Respecto de la jornada en la Suprema,
Llanquileo indicó que “es probable que esto demore varios días, la
presentación de las pruebas toma tiempo y quizá esto vaya tomando un
tiempo prolongado”. La vocera descartó que esta medida sea en busca de
impunidad o indulto. “Estamos pidiendo la nulidad del juicio y un nuevo
juicio sin los testigos protegidos. Queremos la absolución, pero es
imposible que eso pase, lo ideal sería conseguir una rebaja en la
condena, pero lo principal es acceder a un juicio justo”, subrayó.
Cabe señalar que hoy jueves los cuatro comuneros mapuche fueron visitados en Angol por los senadores PPD Jaime Quintana y Guido Girardi, quienes abogaron por la realización
de un juicio justo. "Creo que ellos como ciudadanos de este país merecen
un juicio justo, no es posible este doble estándar donde ellos, a pesar
de no haber hechos de sangre, tengan condenas de 25 años y quienes
mataron a Mendoza Collío ni siquiera tengan tres años de pena remitida",
señaló el presidente del Senado.
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