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AGENCIAS |
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Florinda Carrillanca (73) es la madre
de Héctor Llaitul (41), el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)
que está condenado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado del
fiscal Mario Elgueta, junto con otros 10 por un robo con intimidación.
Son 25 años que Llaitul Carrillanca pasaría tras las rejas si la Corte
Suprema rechaza el recurso de nulidad contra el juicio que se realizó en
Cañete. Sólo después de cumplida la mitad de la pena, el comunero podría
recibir beneficios penitenciarios.
Consultada sobre la posibilidad de que su hijo pase varios años en
prisión, Florinda Carrillanca respondió que “tengo esperanzas de que
salga de la cárcel; la huelga de hambre es la única manera de que la
justicia y el gobierno los escuchen”. La mujer se refirió de esta manera
al ayuno que Llaitul y los otros tres condenados -Ramón Llanquileo
Pilquiman, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez- iniciaron
el 15 de marzo pasado en rechazo al juicio de Cañete.
Acerca de lo abultada de la pena, Florinda Carrillanca dijo que “mi hijo
no es ningún criminal, no ha hecho asesinatos, no ha asaltado bancos, no
ha salido con los cajeros automáticos a la rastra como lo hacen los
verdaderos delincuentes”. En cuanto a las acciones violentistas de las
que se acusa a Llaitul, la mujer contestó que “no hay imágenes de eso,
sólo palabras. Si hubiese imágenes, ahí diría, puchas mi hijo se
equivocó porque así no se cobran los derechos, pero yo no veo imágenes,
no veo evidencias concretas”.
Sobre las versiones que han entregado los testigos protegidos en contra
de líder de la CAM, dijo que “ellos atestiguan a su manera, pero yo no
estoy convencida. En estos juicios hay testigos que mienten, nadie puede
verificar lo que ellos dicen”.
Florinda Carrillanca, nacida en la provincia de Osorno, también contó
que Héctor Llaitul es el tercero de sus cuatro hijos “y es el único
luchador de la familia por los derechos de los mapuches, mis otros hijos
tienen sus trabajos y no se meten”. “Nosotros somos los dueños de las
tierras, no queremos seguir siendo pisoteados, los latifundistas se
están haciendo millonarios con las tierras de los indígenas. Por esa
razón yo estoy aquí, después de viajar casi 1.000 kilómetros”, agregó la
mujer.
Consultada si no teme que ayuno afecte a su hijo, respondió que “ellos
se están jugando la vida por defender sus derechos. Están sintiendo
calambres, se quedan dormidos por decaimiento, no por sueño, y bajan de
peso más rápido porque no se recuperaron de la huelga de hambre del año
pasado”.
Según los últimos informes, los cuatro comuneros han bajado entre 14 y
20 kilos en los 61 días que cumplen este sábado sin ingerir alimentos.
También se niegan a tomar líquidos. El año pasado, los cuatro
participaron en la huelga de hambre de 82 días, cuando Llaitul perdió 24
kilos. El recurso de nulidad del juicio de Cañete es revisado en la
Segunda Sala de la Corte Suprema. La defensa alega vulneración de
garantías constitucionales contra el debido proceso, por el uso de
testigos protegidos. La fiscalía afirma que la condena no se basó sólo
en testigos anónimos, sino que también en testimonios abiertos y pruebas
científicas.
“Queremos respeto, nosotros tenemos derechos como cualquier habitante de
este país; el gobierno dijo que en este país nadie sobra. Entonces,
¿sobran los pueblos originarios?”, concluyó Florinda Carrillanca,
mientras su hijo y otros tres dirigentes cumplen hoy 61 días en huelga
de hambre. La vocera de los comuneros, Natividad Llanquileo, comentó en
El Diario de Cooperativa que los dirigentes ya han sido trasladados a
centros asistenciales producto del ayuno. "Es una época complicada,
difícil. Dos de ellos han sido trasladados al hospital", de los cuales
uno presentó "problemas cardíacos", sin embargo, ambos ya se encuentran
en el penal.
Llanquileo enfatizó que se trata de
"una pena excesiva" ya que "de la forma en que se hacen ver los hechos,
están bastante descontextualizados". Por ello aseguró que "se espera que
esto se pueda resolver lo más pronto posible" en la Corte Suprema para
definir el futuro de la huelga de hambre. La vocera destacó también que
"no estamos solos, los diferentes organismos de derechos humanos han
dicho que es un juicio injusto, que son penas excesivas".
La directora del Instituto de
Derechos Humanos de Chile, Lorena Fries, compartió las declaraciones de
Llanquileo, señalando que hay suficientes razones para que sea anulado
el juicio. "Me parece que hay méritos suficientes para, por lo menos,
impugnar esa condena y ese juicio, que se hizo bajo la ventaja procesal
de la ley antiterrorista", acotó la especialista. Consideró además que
la modificación hecha por el Gobierno a la citada legislación no se
aviene con las exigencias internacionales requeridas para ese tipo de
norma, de manera que se garantice un debido proceso. Advirtió también
sobre el empeoramiento de la salud de los sentenciados.
Voz de parlamentarios
El presidente de la comisión de
Derechos Humanos de la Cámara, el diputado DC Sergio Ojeda, se refirió
al caso de los comuneros mapuches acusados de infringir la ley
antiterrorista en el sur del país, denunciando la existencia de
“situaciones anómalas e irregulares”. “Se han utilizado elementos
extraños que alteran el objetivo del juicio mismo. Se trata de
terroristas a personas que históricamente han luchando por una causa.
Ellos no son criminales, ellos no han tenido la intención de matar a
nadie, no ha habido muertos y se les aplica una Ley Antiterrorista muy
rigurosa”, planteó el legislador.
Respecto de los comuneros en huelga dijo que los abogados y familiares
aclamaron porque se haga justicia, acusando irregularidades en el
proceso. Por lo anterior, Ojeda informó que la comisión acordó
trasladarse hasta la ciudad de Concepción para conocer el estado de las
causas y recoger más antecedentes en terreno. El parlamentario criticó
además que se esté utilizando “testigos sin rostro”, que nadie conoce y
cuyas declaraciones no pueden ser confrontadas. Señaló que esperan que
no se criminalice la causa mapuche y estimó que el recurso de nulidad
presentado ante la Corte Suprema puede hacer realmente justicia para
ellos.
Por otra parte, el diputado lamentó la ausencia de Patricio Queipul,
invitado a exponer ante la Comisión, quien se encuentra con arresto
domiciliario, señalando que “sin duda que necesitamos saber su
testimonio y conocer la verdad de lo que realmente ocurre con este
joven. Se le rechazó la autorización a concurrir a la Cámara por
“peligro de fuga”, lo que constituye un contrasentido. Cuando se le
imputaron los delitos tenía 15 años, un niño aún“.
Sobre este hecho, agregó que “el Gobierno prometió excluir a los menores
de edad en la aplicación de la ley antiterrorista con los acuerdos que
terminaron con la huelga de hambre de los comuneros mapuches el año 2010
y hasta el momento y tomando como ejemplo la detención de este niño,
ello no ha ocurrido”. Ojeda precisó que “los organismos internacionales
prohíben a los Estados someter a los niños a la ley antiterrorista. Lo
que ocurre en Chile es una transgresión a estas resoluciones
internacionales y una violación a los Derechos del niño. Por ello,
insistiremos para que este joven concurra ante nuestra Comisión para
conocer los hechos reales de estas imputaciones”.
* Gentileza
www.lanacion.cl
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