|
 |
|
FOTO DE
AGENCIAS |
|
|
|
|
|
|
síguenos
en |
 |
 |
|
|
El Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los
derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de
Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de “usurpación” de un
territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico,
priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un
empresario que había comprado las tierras.
“Es un fallo histórico porque el
máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los
derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos
derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las
familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria”,
explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC),
y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos “y el Poder
Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos
e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional”.
El Chacho es un pueblo del noroeste de Córdoba, al límite con La Rioja.
Calles de tierra, calor intenso, muy poca agua. En la zona no hay soja,
pero el corrimiento del monocultivo sobre otras zonas de provincias
ocasionó el avance de la ganadería sobre lugares antes despreciados por
los empresarios, e históricamente en posesión de campesinos.
En 2004 se inició una disputa tan repetitiva como vigente. Un empresario
(Martín Rodolfo Buttié) reclamó como propio un campo de 2700 hectáreas
de uso comunitario de familias campesinas y les exigió el pago mensual
por pastoreo de los animales. El conflicto llegó a un juicio civil, que
en 2006 dio la razón a las 40 familias campesinas, que no debían pagar
por pastoreo, por entender que se trataba de una posesión “comunitaria”
de las familias que viven desde hace generaciones en El Chacho.
Pero también se inició una causa penal. El juez de la Cámara en lo
Criminal de Cruz del Eje, Ricardo Py, condenó en 2008 a prisión a ocho
campesinos por “usurpación” de la tierra donde siempre vivieron,
trabajaron y criaron animales. También solicitó que el campo pasara a
manos de Buttié. La apelación, presentada por Fresneda y Mariana Romano,
llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
“Se dispone absolver por el delito de usurpación”, dictaminó el viernes
último por unanimidad del máximo tribunal de Córdoba y marcó
jurisprudencia en su fundamento: “El título de dominio (de la tierra) no
acredita posesión (...) Y a ellos debe agregarse la situación que se
presente en el norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales, en su
gran mayoría son personas pobres y de escasa instrucción, y la falta de
saneamiento de títulos, con la consiguiente inseguridad jurídica para
los mismos”.
Y arremete de lleno contra la clásica situación que se vive en el campo
de Argentina, cuando privados exhiben dudosos títulos de propiedad y
pretenden desalojar a los poseedores ancestrales. “No surge prueba
concluyente sobre la posesión de Buttié del predio, pues no está probada
la realización de actos objetivos que lo demuestren, por ejemplo que
tuviera allí animales propios o hubiera realizado tareas de desmonte o
alambrado”, fundamenta el Tribunal Superior.
La Justicia revalorizó los argumentos del juez civil de primera
instancia (Fernando Aguado) y revirtió el argumento de la primera
instancia penal: “El campo en cuestión era usado, explotado y poseído
por los accionantes (campesinos). De modo que lo que debe extraerse es,
en todo caso, que fue Buttié quien incurrió en una turbación de dicha
posesión al ordenar el ingreso al mismo de su empleado”. Y remarca que
la presencia de animales de las familias campesinas, como así también la
realización de trabajos en el predio “concurren a respaldar la versión
de los campesinos en el sentido de haberse desempeñado siempre como
poseedores del predio”.
Roque Farías siempre vivió en el lugar, con su familia, y recuerda que
su abuela Adolia (fallecida en 2009) nació en la misma tierra que hoy
habitan sus bisnietos. Similares historias de vida acreditan Graciela
del Valle Arévalo, Clara María Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santos
Ernesto Fernández, Tomás Comelio Silva, Marta Ugina y Ricardo Cuebas. Ya
ninguna deberá ir a prisión. Y, junto a otras 32 familias, podrán seguir
utilizando las parcelas comunitarias.
El juez de primera instancia había condenado que las familias campesinas
hayan cambiado los candados del campo. E incluso lo utilizó como acción
de “usurpación”. El Tribunal Superior entendió el hecho de manera
totalmente opuesta: “Se han interpretado erróneamente las pruebas de que
el cambio de cerradura en la tranquera constituyó un acto de despojo del
inmueble en lugar de un acto lícito de defensa de una posesión del
inmueble que los encausados ya tenían”. Legitimó el ejercicio de
defender el derecho de posesión, y fundamentó: “En un contexto de
angustia ante la posibilidad de tener que efectuar un pago para el que
su pequeña economía no estaba preparada, aseguraron la permanencia de
sus animales mientras se resolvía el conflicto. Lo cual revela la
ausencia del dolo”.
En Argentina rige en el Código Civil el “derecho veinteañal”, que
legisla que luego de veinte años de posesión pública, pacífica e
ininterrumpida, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tiene
derechos sobre el lugar. Pero el Poder Judicial suele negar ese derecho
y privilegiar el título de propiedad de quien nunca habitó ni trabajó la
parcela. “Es una sentencia histórica para la lucha campesina porque
reconoce derechos adquiridos de familias que por generaciones habitan y
trabajan la tierra que les corresponde más allá de cualquier título de
propiedad. Y es un llamado de atención a los jueces que dictan
sentencias arbitrarias e injustas afectando derechos humanos básicos de
los que menos tienen”, explicó Fresneda.
El Movimiento Campesino de Córdoba (que integra el Movimiento Nacional
Campesino Indígena-Vía Campesina), estima que en el norte de la
provincia existen al menos 100 conflictos por tierras. Aunque
históricamente se avanzó sobre territorios campesinos, el MCC explica
que los conflictos de tierras se multiplicaron de la mano del avance
sojero en la provincia. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (donde
el MCC es una de sus organizaciones fundantes) afirma que en la última
década fueron desalojadas al menos 200 mil familias campesinas e
indígenas, y apuntan como principal causante al modelo de agronegocios
actual.
La Marcha del Impenetrable
Organizaciones de aborígenes chaqueños y agricultores comenzarán hoy en
la localidad de Villa Río Bermejito una “Marcha del Impenetrable” con
destino a la ciudad de Juan José Castelli, donde realizarán un
campamento en reclamo de medidas de asistencia al gobierno provincial y
nacional. Las comunidades además, presentarán un petitorio que abordará
los pedidos en torno de la producción, trabajo, programas, condiciones
de vida, tierras, federalismo y libertades y derechos humanos.
Los aborígenes y agricultores caminarán los casi 60 kilómetros que
separan Villa Río Bermejito hasta Castelli, denominado como “el Portal
de El Impenetrable”, adonde tienen previsto llegar mañana al mediodía.
Las entidades marcharán bajo el lema “contra el hambre” y para pedir
“dignidad, tierra, techo, trabajo, producción, salud, educación y
justicia”, de acuerdo a los organizadores de la marcha.
“Nuestros reclamos son de estricta justicia. No queremos pan duro, ni
ropa vieja, tenemos dignidad y queremos vivir de nuestro trabajo, en un
país donde la riqueza que crece pero queda en manos de unos pocos”,
señaló Daniel Benítez de Federación Nacional Campesina, una de las
entidades que convocan a la movilización. “Vamos a salir desde lo más
profundo del Impenetrable para acampar en Castelli, hasta que nuestros
reclamos sean respondidos por ambos gobiernos”, aseveró Benítez.
Por su parte, los grupos de agricultores locales señalaron que son
“expulsados del campo para que avance la soja sin campesinos y
contaminando ríos, lagunas y pequeños sembrados con las fumigaciones”.
“Mientras esto ocurre, el gobierno chaqueño ofrece 220 mil hectáreas a
los árabes sauditas, con el argumento de que son “ociosas”, cuando hay
poblaciones ancestrales y de criollos pobres en ellas, abandonados y sin
apoyo oficial para ponerlas en producción”, agregaron los reclamantes.
DEJA TU COMENTARIO
VOLVER
|
