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Reporteros sin Fronteras (RSF)
denunció ayer lunes desde Paris "nuevos casos de obstaculización a la libertad
de informar" en Chile referidos a cuestiones polémicas en términos
medioambientales que enfrentan a miembros de las comunidades mapuches
con el Gobierno. RSF pidió en un comunicado "explicaciones" por el
comportamiento de los carabineros, que el pasado día 13 arrestaron a la
fotógrafa y colaboradora del sitio
Mapuexpress
Marcela Rodríguez, durante una manifestación en Temuko contra la
aprobación del proyecto hidráulico HidroAysén.
Según denunció el
Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos Mapuche, la profesional
fue llevada a cuarteles policiales donde pasó toda la noche y trasladada
luego con esposas al Tribunal de Garantía para formalización por
“desordenes públicos”. Mientras esto sucedía, la reportera preguntó y
solicitó sobre sus pertenencias personales a los agentes policiales que
la trasladaban, teniendo como respuesta agresiones verbales y físicas
por uno de ellos, quien la zamarreo bruscamente. Lo ocurrido se puso
inmediatamente en antecedentes a la jueza del caso.
"Estos hechos son reiterados,
situación similar ocurrió días atrás con la profesional y académica
Marcela Castro, quien con una participación pacífica en las
inmediaciones de las manifestaciones por la defensa de la Patagonia, fue
detenida arbitrariamente, dejada en un calabozo toda la noche en una
comisaría, fue violentada, esposada y además formalizada por desordenes
públicos acusada de estar haciendo barricadas, quedando en evidencia un
montaje", denunciaron los mapuche.
Al respecto, Reporteros Sin Fronteras se preguntó por qué los agentes
intervinieron rápidamente y con dureza en Temuko, cuando las fuerzas del
orden no actuaron de la misma manera ante otra concentración del mismo
signo en Santiago, en la que participaron 30.000 personas. "El conflicto
suscitado por el proyecto HidroAysén se suma al gran contencioso
territorial entre las comunidades mapuches y las autoridades de esta
región del país", señaló la organización.
Añadió además que el caso de Marcela Rodríguez "adquiere un eco
particular cuando al mismo tiempo vuelve a surgir de una manera
preocupante el caso de la documentalista Elena Valera". Valera fue
arrestada e inculpada en 2008 en un caso de derecho común -finalmente
quedó exonerada y en libertad el 22 de abril de 2010-, pero RSF vincula
esos hechos a su película "Newen Mapuche" sobre los conflictos
territoriales que enfrentan a los mapuche y al Gobierno.
La Corporación de Fomento (CORFO), a través de su programa de promoción
del cine y la industria audiovisual, anunció en abril a la
documentalista que no le dará los recursos que Valera había solicitado
para la distribución por considerar que "la obra dañaría la imagen del
país". Reporteros coincidió con la Asociación de Documentalistas de
Chile (ADOC) en que se trata de "una censura política" y añadió que esa
postura de la CORFO "pone en evidencia la persistencia de un tabú con el
que ya es hora de acabar", al tiempo que exigió "en nombre del debate,
de la libertad de expresión y de la libertad de información" que la
película tenga "una distribución normal".
Conflicto "chileno-mapuche"
Cabe recordar que a propósito de las
celebraciones del Bicentenario, en septiembre de 2010, el cuerpo
académico de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso hizo un llamado a los periodistas chilenos a
dejar de hablar del "conflicto mapuche" y reemplazar esta expresión por
la de "conflicto chileno-mapuche". "El uso de uno u otro sintagma
nominal hace una gran diferencia en la manera en que los medios difunden
la información sobre esta cuestión", señalaron.
"No es lo mismo representar esta
conflictiva y preocupante situación con la calificación de conflicto
mapuche o con la de conflicto chileno mapuche. Cuando los medios y los
periodistas emplean la primera expresión ocultan a los demás
involucrados en esta histórica situación: los chilenos, el Estado, lo
empresarios, las transnacionales, etc. Los mapuche no son los únicos
actores del problema, la tensión, los enfrentamientos no es entre ellos,
sino, fundamentalmente, entre ellos y el Estado chileno y las empresas
transnacionales", señalaron.
"Sabemos objetivamente -agregaron los
académicos- que en los más trágicos acontecimientos los jóvenes Matias
Catrileo y Alex Lemún fueron muertos por miembros de Carabineros de
Chile, es decir, por agentes chilenos del Estado chileno, ¿cabe ahí
hablar de conflicto mapuche? ¿O acaso no constituye el sintagma
conflicto chileno-mapuche una más certera representación? No estamos
ante un conflicto en el que los únicos actores son los mapuche".
"Sin embargo, cuando sistemáticamente
se emplea la expresión mencionada, lo que se está haciendo es ocultando
las contradicciones generales de este histórico conflicto, cosa que no
ocurriría si se hablara del conflicto chileno-mapuche, expresión cuyo
uso hace imposible la negación o el ocultamiento discursivo de las
contradicciones y que, además, involucra lingüísticamente a la otra
parte del conflicto", finalizaron.
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