|
 |
|
FOTO DE
AGENCIAS |
|
|
|
|
|
|
síguenos
en |
 |
 |
|
|
Continúa la controversia por la
aprobación del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones
de Vegetales, UPOV 91, ratificado la semana pasada en el Senado. La
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
(UPOV) es una organización que, aunque integrada por gobiernos de todo
el mundo, ha sido propiciada por empresas transnacionales semilleras,
como la estadounidense Monsanto, que controla más del 90 por ciento del
mercado de la semilla transgénica.
Según sus detractores, dicho convenio impedirá a los campesinos guardar
sus semillas, comprándolas anualmente, y extenderá el tiempo de vigencia
de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas
híbridas y transgénicas en el país, afectando sobre todo a comunidades
indígenas. Esta protección se refiere al pago
de una suerte de patente, llamado “derecho de obtentor”, por la compra
de semilla campesina registrada por las multinacionales semilleras luego
de ser manipulada genéticamente.
En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Cristián
Sauvageot, de Chile Sin Transgénicos, explicó que aún debe discutirse en
el Congreso la ley de obtentores vegetales vinculada al convenio, que
tal como está perjudicará la agricultura familiar campesina y a los
pueblos indígenas.
“Lo que nosotros planteamos al Congreso es que se discuta primero la ley
y se informe adecuadamente, porque de lo contrario vamos a tener una ley
que va a ser 100 por ciento acorde con el tratado recientemente
aprobado, y eso es 100 por ciento en favor de las empresas que empiezan
a monopolizar a la semilla por esta vía y en desmedro de los campesinos
pequeños y los indígenas, porque se van privatizando las propiedades de
las semillas, después se le hacen modificaciones, luego empieza una
situación en la cual, lo que hoy es propiedad de todos, poco a poco
comienza a ser propiedad de unos pocos”, explicó el experto.
Según el tratado, para que una semilla pueda ser registrada debe ser
nueva, distinta, homogénea y estable. Para que se considere nueva,
advirtió Sauvageot, basta sólo con que no se haya comercializado durante
un año.
Con el listado de variedades agrícolas protegidas al 31 de marzo de
2011, sin la ratificación del convenio, el representante de Chile sin
Transgénicos denunció, por ejemplo, que de las más de 700 semillas
inscritas, la quínoa es propiedad de Erick Von Baer, padre de la ministra
Secretaria General de Gobierno, hasta 2016. “Semillas Baer” además tiene
casi una veintena de variedades registradas, entre las que se cuentan
tipos de avena, cebada y una gran variedad en trigo.
El empresario agrícola subrayó que el polémico convenio se está
ratificando porque es parte de las obligaciones de los tratados de libre
comercio que Chile ha suscrito, pero dicha obligación no está
considerando otros tratados que protegen los derechos de los
agricultores. Sauvageot recalcó la necesidad de que la nueva legislación
genere un equilibrio para obtentores y agricultores. Por su parte, un
grupo de senadores opositores al gobierno recurrirá al Tribunal
Constitucional para impedir la promulgación de la ratificación de este
convenio.
El senador PPD Jaime Quintana, explicó la justificación de esta medida,
señalando “el Convenio 169 tiene rango constitucional y esta norma que
se acaba de aprobar es un tratado que Chile ratifica tiene un rango
legal. Con esa diferencia y supremacía de una norma sobre otra hay que
mirar lo que dice el Convenio 169, y cuando se van pasar a llevar
derechos o se van a intervenir prácticas, en este caso del mundo
campesino particularmente indígena, deben ser consultadas las
comunidades, que es lo que no se hizo en este caso, más bien se votó sin
escuchar a genuinos representantes del mundo campesino tanto indígena
como no indígena”.
El parlamentario recalcó que este convenio no tenía la obligación de ser
ratificado y que sólo lo fue por la presión de grandes consorcios
económicos que quieren que Chile produzca alimentos transgénicos y ese
es un debate mucho más de fondo. Los senadores de la República que
votaron a favor de este medida fueron: Carlos Cantero (Antofagasta,
Independiente); los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de
Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de Santiago) y Jaime Orpis
(Tarapacá); los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García y Alberto
Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos),
Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama); y el PPD Eugenio
Tuma (Araucanía).
Mientras que las abstenciones
corrieron por parte de: Camilo Escalona (Los Lagos) y Juan Pablo
Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio
Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).
En contra: Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del
PDC, junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio,
MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD).
DEJA TU COMENTARIO
VOLVER
|
