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Después de
casi una semana de toma en la planta compresora
de gas de la norteamericana Apache por parte de
mapuches, se realizó una mesa de negociación en
la que también participó el Gobierno de la
provincia de Neuquén, pero que terminó sin
acuerdo. Si bien la empresa continuó sus
actividades, la no resolución del conflicto
podría significar una futura paralización. Por
su parte, Martín Maniqueo, werken de la
Confederación Mapuche, responsabilizó al
gobierno por su “complicidad” con la empresa y
manifestó que no existe voluntad para resolver
la problemática. Las autoridades de Gelay Ko
solicitaron la creación de una comisión especial
de evaluación de la situación ambiental, social
y cultural de la comunidad, y una comisión de
control y monitoreo ambiental.
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La toma de la
planta de gas y petróleo ubicada en el
Campamento Anticlinal, distante a 35 kilómetros
de Zapala, de la petrolera Apache comenzó el
lunes pasado para denunciar la contaminación y
pedir por el cese de actividades llevadas a cabo
en las tierras que les pertenecen. Cerca de
Zapala, los pobladores mapuches están en una
situación límite. A la sequía y la contaminación
ambiental, se suman los efectos nefastos que la
cenizas volcánicas provocaron en el
abastecimiento de zonas rurales.
La planta está situada en la zona del Alticlinal
a 30 kilómetros de Zapala y a cerca de 200
kilómetros de la ciudad de Neuquén. En ese mismo
territorio habitan alrededor de 18 familias de
la comunidad Gelay Ko que cuenta con personería
jurídica otorgada por el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, que es el instrumento legal
que les permite a los pueblos originarios
acceder a sus tierras y en 2004 la provincia
delimitó su espacio territorial, otorgándoles
24.800 hectáreas. En un principio la personería
jurídica fue impugnada por el gobierno
provincial de Neuquén, el mismo que otorgó la
concesión para que la empresa de origen
estadounidense pudiera llevar a cabo su
actividad productiva dentro del territorio
comunitario y sin consentimiento alguno.
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Como
manifestó Maliqueo: “No se nos respetaron los
derechos, no se nos informó nada de toda esta
explotación masiva que está llevando a cabo la
compañía. En el territorio de la comunidad hay
200 pozos perforados en producción. Creo que acá
también cabe la responsabilidad del Gobierno
nacional. La comunidad Gelay Ko tiene personería
nacional y no ha habido ningún tipo de
pronunciamiento del INAI, que está haciendo la
vista a un costado y viendo pasar toda esta
situación de violencia y de violación a los
derechos que tiene la comunidad”.
La figura de consulta previa, está prevista por
el Convenio 169 de la OIT, al que Argentina
suscribe y establece que: “En caso de que
pertenezca al Estado la propiedad de los
minerales o de los recursos del subsuelo, o
tenga derechos sobre otros recursos existentes
en las tierras, los gobiernos deberán establecer
o mantener procedimientos con miras a consultar
a los pueblos interesados, a fin de determinar
si los intereses de esos pueblos serían
perjudicados, y en qué medida, antes de
emprender o autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras”. Sin embargo, este
derecho no fue garantizado por el gobierno
provincial.
Desde hace una década, los Gelay Ko vienen
batallando contra los gigantes de los
hidrocarburos. Dentro del territorio mapuche
existen alrededor de 250 pozos de petróleo y
gas, y funcionan otras plantas compresoras de
gas, baterías, oleoductos y gasoductos. Repsol
YPF fue la primera que comenzó a operar en la
zona y, a partir del 2000 una nueva concesión
fue otorgada a Pioneer Natural Resources,
empresa que vendió en 2006 sus activos a su
compatriota Apache Corporation. Esta empresa
está llevando a cabo perforaciones para la
extracción de lo que se conoce como gas no
convencional. A diferencia de otras actividades
hidrocarburíferas tradicionales, este tipo de
extracción demanda un nuevo tipo de tecnología e
implica la ruptura del suelo a través de la
presión del agua. La técnica para explotar este
tipo de yacimientos, conocida como “fracking”
demanda en promedio entre 19 y 23 millones de
litros de agua por pozo, según Anthony R.
Ingraffea, profesor de ingeniería de la
Universidad de Cornell; y una vez utilizadas, el
grado de contaminación es tan alto que no pueden
ser recicladas para riego o agua potable, lo que
produce a largo plazo una mayor aridez en las
zonas afectadas.
La masiva demanda de agua que esta explotación
supone se incrementará en los próximos años. Y
los nuevos descubrimientos de gas y petróleo en
Vaca Muerta, Neuquén parecen confirmar esta
tendencia. Estos yacimientos prometen convertir
a Argentina en el tercer mayor proveedor de gas
de esquisto, después de China y EEUU. Luego de
anunciar la novedad con bombos y platillos,
Cristina Fernández aseguró compromisos de
inversiones por 1.150 millones de dólares con
las multinacionales Exxon Mobile Corp, AES Corp,
y Apache; poniendo de manifiesto que este tipo
de producción llegó para quedarse.
Como contrapartida, las comunidades aborígenes
ven cómo sus recursos y su forma de vida van
desapareciendo de la mano de la evolución
industrial. La cría de ganado, que es su
principal actividad, se vio seriamente afectada
ya que muchos de ellos murieron a causa de la
sequía, la contaminación del agua o las
enfermedades respiratorias. “Vivimos una
realidad donde la gente se calefacciona con
leña, se alumbra con lámparas a kerosén teniendo
pozos a 150 mts. de las casas, donde se está
quemando el gas. Tenemos tendidos eléctricos que
pasan a 200 o 300 mt. de las casas y la gente no
tiene luz; no tiene los servicios básicos para
la vida, por ejemplo no hay agua en la
comunidad. Entonces hoy no tenemos los elementos
básicos para vivir, para desarrollarnos, la
gente no puede tener una huerta en su casa
porque no tiene agua. Esto ha cambiado de gran
manera la forma de vida y desarrollo de la gente
de nuestra comunidad”, relató Maliqueo.
El saqueo de recursos, la usurpación de
territorios, y la violación de los derechos
comunitarios son parte de la regla general. En
el caso de los hidrocarburos “desde la década
del ’90 se están visibilizando los conflictos
originados a partir de la concesión de
territorios indígenas para la exploración y
explotación petrolera”, según explica Hernán
Scandizzo del Observatorio Petrolero Sur. El
primer caso de resonancia pública fue el de Loma
de Lata, un importante yacimiento de gas en
Neuquén. El disparador del conflicto fue la
proyección de la planta separadora de gases
MEGA, luego de que se detectaran afecciones que
padecían los los integrantes de la comunidad
Paynemil y Kaxipayiñ, a causa de metales pesados
en el organismo. Más tarde comenzaron a
visibilizarse otros conflictos, como los de
Cutralcó, de Lonco Purrán, de Catriel en el sur
de Bariloche, de San Martín y Rivadavia en La
Pampa, entre otros. En distintos puntos del
territorio nacional, actualmente existen
alrededor de 50 comunidades afectadas por
cuestiones vinculadas directa o indirectamente,
a territorios en disputa con empresas de
extracción de hidrocarburos. Para Scandizzo este
escenario se hace posible en los últimos años “a
partir de que el Estado Nacional transfiere a
las provincias de la propiedad de los
hidrocarburos, (ya que) las provincias han
empezado a licitar y a concesionar áreas para la
exploración y explotación”.
Las comunidades aborígenes son vulnerables a los
proyectos económicos toda vez que sus tierras se
visibilizan como áreas atractivas y rentables.
Los gobiernos provinciales actúan las más de las
veces, en favor de las empresas, dejando a la
justicia como el último y endeble recurso para
reclamar por sus derechos. Existen dos casos en
que la justicia falló a favor de los
originarios, el primero, cuando la Corte Suprema
de Mendoza resolvió en 2005 mantener la
prohibición de explotar hidrocarburos en la
reserva de Laguna Llancanelo, que sirve como
precedente para frenar la entrada de Repsol en
las numerosas áreas protegidas en donde la
empresa tiene concesiones. En el segundo, se
falló a favor de la comunidad mapuche Wenctru
Trawel Leufú, de Picun Lefú, luego de que la
comunidad resistiera el ingreso de la petrolera
Piedra del Águila a su territorio para realizar
tareas de exploración y explotación. La justicia
rechazó el recurso de amparo presentado por la
empresa para que le garantizara el ingreso a la
comunidad porque consideró que la provincia
había incumplido previamente el derecho a la
consulta previa. Como puntualiza Scandizzo, a
diferencia del fallo de Laguna Llancanelo,
relacionado con el derecho ambiental, en este
caso se trata de una resolución vinculada al
derecho indígena. Un importante precedente, pero
sólo un primer paso para un arduo camino a
recorrer.
