Sólo 3 días duró el juicio en que el Tribunal Oral Penal de Angol -integrado por los jueces Gonzalo Garay, Ximena Saldivia y Cecilia Subiabre- resolvió por unanimidad absolver a 7 comuneros acusados por la Fiscalía Regional de sustraer madera de el fundo Poluco Pidenco ya que consideró las pruebas presentadas por el Ministerio Público como “insuficientes para acreditar los hechos y las participaciones”.

El abogado defensor Ricardo Cáceres señaló que "las pruebas fueron fotografías aéreas de predios forestales y testigos protegidos para tratar de comprobar la sustracción de la madera y la participación de nuestros representados. Sin embargo no quedó claro quien la sustrajo, como lo indicó el tribunal”.

Por lo mismo el defensor quedó muy conforme con lo expresado por los jueces, "ya que los antecedentes de la investigación no ameritaban una acusación de esta envergadura y fue por esta razón, que los comuneros no aceptaron ninguna salida alternativa, porque estaban claros que no tenían participación en los hechos”, aseguró Cáceres.

Presunción de inocencia

Jaime López Allendes, abogado de la Defensoría Penal Mapuche, fue tajante al referirse a la presunción de dominio que pretendió establecer la fiscalía en favor de la forestal Mininco, “el juicio se fundamentó en que los comuneros tenían en sus casas acopiada madera que ‘supuestamente’ pertenecía a la forestal. Lo sorprendente es que no hubo ninguna incautación, porque no se encontró ningún trozo de madera. Así nos preguntamos cuál es el estándar que tiene la fiscalía para requerir por delito de hurto a las comunidades mapuches, claramente se contrapone a la presunción de inocencia donde se debe acreditar la participación de un individuo”, enfatizó.

Durante dos años la fiscalía incautó 4 vehículos y varias motosierras, lo que para el abogado es un perjuicio provocado a los comuneros “quién va a responder por el daño causado al incautar herramientas de trabajo. Al parecer hay un cuidado excesivo respecto del derecho de propiedad de unos y hay muy poco cuidado respecto al derecho de propiedad de otros”, concluyó.

Para la abogada jefe de la Defensoría Penal Mapuche, María del Rosario Salamanca queda claro que la imputación es absolutamente discriminatoria en contra de los mapuches “aquí el Ministerio Público parte de la premisa que toda madera que existe en las comunidades mapuches son hurtadas y pertenecen a alguna forestal, mi defendido era acusado de la sustracción de cien metros rumas que estarían apilados en su domicilio, sin embargo no existe prueba alguna, incluso de dónde vive el imputado. Pues bien, a qué otro ciudadano no mapuche se lleva a juicio no teniendo ningún tipo de prueba”, se preguntó la defensora.