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En Chile, como una
herencia más de la dictadura (o régimen militar, como prefiera), se
habla coloquialmente de terrorismo para referir a hechos que no tienen
esa naturaleza. El terrorismo verdadero refiere a acciones delictuales,
organizadas sistemáticamente a través de redes internacionales, que
manifiestan un desprecio tal por la vida humana que provocan terror en
la población, promoviendo el odio por motivos étnicos, religiosos o
políticos1.
No se trata de cualquier delito que provoca terror, de lo contrario un
asesinato común podría ser catalogado como terrorista. En el modelo
norteamericano, se trata de un terror que tiene como objetivo
desestabilizar el sistema económico, entendiendo que el lucro es la base
de la sociedad. En el modelo europeo refiere a la desestabilización del
sistema democrático. El presupuesto es que el pueblo soberano se da a sí
mismo un sistema político, y un grupo quiere forzar al resto, a través
del terror, a adoptar otro sistema político2.
De ahí que siempre el terrorismo es un fenómeno político. En Chile hubo
terrorismo el 11 de Septiembre de 1973, con un incendio nada menos que
en el palacio de gobierno y acciones sistemáticas posteriores de
aniquilamiento.
La Coordinadora Arauco Malleco a lo largo de su historia como
organización ha reivindicado ataques de resistencia al capital que
depreda el territorio mapuche y amenaza su subsistencia como Pueblo. No
pretendo yo legitimar esas acciones, desde la comodidad de mi
escritorio. Pero es necesario que un gobierno, a la hora de invocar una
legislación, tenga en cuenta distinciones mínimas.
En cualquier país con terrorismo se reirían de escuchar que Chile dice
tener terrorismo. Ya los cables de Wikileaks mostraban que personeros de
EE.UU. ridiculizaban esa posibilidad, siendo que es ese el gobierno que
más duramente ha orquestado la campaña internacional para que los
estados endurezcan sus legislaciones al respecto.
En la práctica en Chile la ley antiterrorista se ha utilizado a manera
de “sentencia previa”, a través de largas prisiones preventivas a
personas que en su mayoría después han salido absueltas, como
herramienta política a la mano de los gobiernos de ambas coaliciones,
para no atender a los derechos mapuche y para proteger los intereses
económicos del sector forestal.
Actualmente hay una treintena de mapuche, pertenecientes a diversas
orgánicas, esperando juicios por ley antiterrorista en arresto
domiciliario, quienes seguirían en las cárceles si no fuera por las
huelga de hambre. Los mapuche condenados por ley antiterrorista durante
la Concertación, actualmente están demandando al Estado de Chile ante la
Corte Interamericana por discriminación en la aplicación de la ley, y el
gobierno actual reconoció la legitimidad de su reivindicación
territorial entregándoles tierras hace pocas semanas.
Los dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco que están presos
actualmente en Angol también fueron juzgados por la ley antiterrorista,
y la Corte Suprema a través de una mañosa interpretación, contraria al
espíritu de la reforma procesal penal, planteó que algunos de sus
mecanismos eran legítimos incluso al condenarlos por ley común3. El caso
se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace pocas
semanas.
Podemos decir, con bastante consenso nacional, que contra el Pueblo
Mapuche se han ejercido sistemáticamente acciones terroríficas que han
desestabilizado su sistema social como pueblo. Se trata del
aniquilamiento de un pueblo, en su existencia como tal, a través de la
negación de su derecho al territorio ancestral. Ya que históricamente ha
sido la espiritualidad4 ligada a la tierra lo que ha definido la
existencia del pueblo mapuche, es evidente que sin un espacio
territorial al que esa identidad haga referencia, todo discurso de
reconocimiento se queda en pura demagogia.
La experiencia de los últimos 100 años plantea que es muy difícil
transmitir a los hijos la identidad en la diáspora. Sin territorio, el
Pueblo Mapuche está condenado a desaparecer. Algo similar le ocurre a
los hijos y nietos de chilenos exiliados en Europa si no está el espacio
territorial de la nación chilena como posibilidad de arraigo. Pero la
negación llega a extremos como el del RN Carlos Larraín, que con el afán
de relativizar la existencia del pueblo mapuche plantea que “todos somos
mestizos”.
Tal modo simplista de concebir la identidad se sigue enseñando en los
colegios a través de los libros de Sergio Villalobos. La pregunta clave
que se debe hacer a todo gobernante a este respecto es: ¿Cree usted que
el pueblo mapuche debe seguir existiendo? La respuesta políticamente
correcta obvia es sí. La pregunta siguiente es ¿Cree que puede existir a
largo plazo sin un espacio territorial de referencia? Todo lo demás es
demagogia. El Pueblo Mapuche tiene derecho a existir en su territorio.
El modelo forestal puede traer mucha riqueza al país, pero a través de
ellas se están violando derechos inalienables.
Hector Llaitul, preso político de la Coordinadora Arauco Malleco y
vocero político, en su comunicado sobre la acusación del gobierno,
lamentó “la muerte de gente pobre, de jóvenes trabajadores, víctimas
también del sistema económico, que laboraban en condiciones deplorables,
con salarios miserables, sin las más mínimas medidas de seguridad, y que
fueron enviados al choque para defender los intereses económicos de una
de las familias más ricas de Chile”. Y es que, una vez controlados los
incendios y pasado el revuelo mediático, urge una reflexión sobre el
modelo forestal en territorio mapuche.
Este modelo se propagó por todo el territorio mapuche al amparo de la
dictadura. El mayor subsidio consistió en que pudieron comprar a bajo
precio terrenos que la reforma agraria estaba en proceso de devolver a
los mapuche, y otros que estaban en manos del Estado. A través del
decreto ley 701, de 1974, se subsidió la plantación de pino y eucalipto.
Tal es el origen de la expansión sideral de Forestal Arauco y Forestal
Mininco, que multiplicaron muchas veces el patrimonio de las familias
dueñas de Copec y CMPC. En el caso de Copec la empresa fue salvada de la
quiebra de sus antiguos dueños y luego privatizada nuevamente.
Investigaciones de Fernando Dahse y Hugo Fazio sobre la extrema riqueza
en Chile sitúan a la industria forestal como el más claro paradigma de
concentración de la riqueza en Chile.
Se trata de grupos económicos con amplias redes en los grupos de poder
en Chile. Para poner un simple ejemplo de la influencia en la opinión
pública, debemos considerar que cada vez que El Mercurio pregona
“¡terrorismo!”, el papel que hace de soporte al texto que leemos viene
del territorio en conflicto, siendo procesado por Inforsa, filial de
CMPC. Actualmente ambos consorcios están en expansión por toda
Latinoamérica, llevando las plantaciones de pino y eucalipto a todo un
continente que es valorado por ser un verdadero pulmón del planeta.
Todos los veranos altos contingentes de fuerzas especiales son enviados
al sur a proteger las cosechas del pino y el eucalipto. Sean los
incendios provocados o intencionales, si queremos solucionar el problema
de fondo debemos considerar que su causa fundamental es que hemos
convertido el sur de Chile en un ecosistema peligroso, altamente
inflamable y seco. ¡Quién se podría imaginar que en lo que alguna vez
fueron reservas de bosque nativo, hoy a muchas comunidades se hace
necesario llevar agua en camiones aljibe! ¿Es que el futuro del sur de
Chile es convertirse en un desierto?
El Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT plantea que los Pueblos
Indígenas tienen derecho a decidir sus prioridades en su proceso de
desarrollo. Esto no será posible con el modelo forestal actual, pues
invade y degrada el territorio, haciéndolo insustentable. Se trata de
verdades incómodas pero que urgen a un cambio de modelo. Pedimos a Dios
que la tragedia que enluta a nuestro país nos haga reflexionar a fondo
sobre nuestros problemas estructurales, para una paz social basada en la
justicia.
1 Hace pocos días fue aprobada la Ley Antiterrorista en Argentina,
causando gran revuelo ciudadano. Sin embargo se puede ver fácilmente que
en comparación con la nuestra es muchísimo más avanzada.
2 En Chile, Myrna Villegas ha investigado ampliamente el tema. El INDH,
por su parte, ha insistido reiteradamente en que nuestra ley no cumple
con estándares de respeto a los derechos humanos.
3 Artículo más detallado en Le Monde Diplomatique, Agosto de 2011.
4 Palabra que está en crisis para el wingka. ¡Cuánto podríamos aprender
de los mapuche en el valor de esa palabra!?
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