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FOTO DE CAROLINA DAGACH |
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El
año 2011 concluyó sin que la criminalización de las demandas mapuches
conociera tregua: allanamientos, detenciones, dirigentes encarcelados.
Organismos de derechos humanos, intelectuales, sectores de la sociedad
civil, e incluso parlamentarios europeos (septiembre 2010), han
solicitado reiterada e infructuosamente, a los gobiernos sucesivos, el
cese de la violencia policial.
Esa persistente política represiva no tiene casi parangón en cuanto a su
amplitud y duración. Conoció niveles extremos con la dictadura militar
(1973–1989) que golpeó también a los mapuches. La violencia represiva no
discriminó entre militantes y los que no lo eran. Luego, la violencia
pos dictatorial criminaliza la reivindicación de tierras ancestrales.
Estas prácticas del poder político contradicen el funcionamiento
democrático de una sociedad.
A simple vista la situación actual parece incomprensible: parcialidad de
la justicia, aplicación insistente de la Ley Antiterrorista (herencia de
la dictadura), un general de Carabineros de la Región de la Frontera,
como algunos fiscales, acentúan la represión seguramente empujados por
el menosprecio del mapuche y por la soberbia derivada de privilegios del
poder. Pero esta realidad no resulta sorprendente si la consideramos
retrospectivamente. En los tres primeros decenios del siglo veinte, por
ejemplo, hubo una violencia exacerbada: casas incendiadas, asesinatos,
usurpaciones de tierras.
Por entonces, los tribunales de justicia no se caracterizaron por su
diligencia, los sectores dirigentes y la prensa oficial no se
inquietaron por transgresiones al Estado de derecho, tampoco se calificó
de violentistas o se acusó de “ataques incendiarios” a los responsables
de esa violencia; no se incurrió en estigmatizaciones como se hace con
los mapuches, desde fines del siglo recién pasado, acusándoseles de
crear un “clima de inseguridad”. Es esa violencia histórica la que se ha
reeditado bajo nuevos ropajes desde el último tercio del siglo XX.
Se podría pensar, sin embargo, que el panorama del 2011 no fue tan
desalentador pues se terminó con dos hechos que no carecen de
significación: por un lado, rechazo a la utilización de gases
lacrimógenos en los allanamientos de hogares mapuches y, por otro, la
entrega de tierras en Traiguén, ante la presencia de un ministro de
gobierno. En el primer caso se trata de una decisión de la Corte de
Apelaciones de Temuco que acogió un recurso de protección interpuesto
por la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla. Pero según el
subsecretario del Ministerio del Interior, Carabineros apelaría a la
decisión del tribunal de Temuco (La Tercera, 23.12.11).
Ese positivo fallo de la Corte de Apelaciones no refleja las decisiones
de justicia a nivel más amplio: dirigentes que siguen encarcelados,
“prisión preventiva” para mapuches acusados de participar en “intentos
incendiarios”, el uso de gases lacrimógenos que continúa como lo
muestran los hechos recientes. ¿Y qué se hizo con el responsable de la
muerte de Matías Catrileo (enero 2008)? Se le dejó en “libertad
vigilada”. La familia del joven asesinado, presentó demanda contra “el
Estado chileno” por esa decisión de la Corte Suprema. Mientras tanto, el
aniversario de su muerte terminó, en Temuco, con la detención de su
madre y de su hermana, entre otros. Y como si todo eso no bastara, el
Ministerio del Interior invoca la Ley Antiterrorista contra mapuches
supuestamente responsables de incendios forestales ocurridos en la
primera semana de enero de este año y que costó la vida a siete
personas.
En el cuadro de esa práctica política discriminatoria y violenta
interviene la entrega de 2.554 hectáreas de tierra que estaban en manos
de tres fundos. Tierras por las cuales los mapuches se movilizaban. La
entrega es sin duda notable. Y que se le haya atribuido cierto
simbolismo e incluso una cierta connotación histórica, podría ser
comprensible. Pero esa relevancia se desvanece en el cuadro de una
óptica histórica: se expropiaron, a favor de mapuches, poco más de
20.000 hectáreas durante el gobierno de E. Frei Montalva; 129.420
hectáreas bajo el gobierno de Salvador Allende y en el primer año de su
mandato, como lo destacara Antonio Millape (entonces dirigente de la
Confederación de Asociaciones Mapuches, 1971), se restituyeron 50.658
hectáreas que se habían usurpado a 125 comunidades.
Esas miles de hectáreas expropiadas fueron devueltas por la dictadura a
sus precedentes detentores. Y en 1998, según el diario El Mercurio de
Santiago, más de 60.000 hectáreas de tierras ancestrales reclamadas por
mapuches estaban en manos de empresas forestales. Pero la historia no
termina aquí. Ya sabemos que durante el régimen dictatorial se
remataron, a bajo precio, tierras aptas para la explotación forestal que
se adjudicaron esas empresas. Y como si fuera poco, obtuvieron
bonificaciones y “exenciones de impuesto territorial” mediante decreto
ley 701 sobre “Fomento forestal” (1974). Este hecho, revelaba ya la
opción de sectores hegemónicos por los grupos forestales multinacionales
y se instalaba una lógica discriminatoria y violenta que se prolonga
hasta ahora.
Lo simbólico y lo relevante radica, sobre todo, en una suerte de ironía
de la historia: quienes fueron condescendientes con la dictadura militar
entregan hoy tierras que habían sido devueltas a los dueños de fundo.
Esto lleva a pensar, por lo demás, en “la zanahoria y el látigo en la
política contra el pueblo Mapuche” como muy pertinentemente lo señalara
José Venturelli (El Clarín, 26 de diciembre 2011). Política que tiende
al debilitamiento y anulación de las demandas de quienes aspiran a
devenir sujetos políticos en la construcción del porvenir; política que,
por otra parte, obstaculiza un desarrollo regional sustentado en el
interés general y entraba la perspectiva de un proyecto colectivo.
De lo hasta aquí dicho se desprende una pregunta: ¿por qué esta
persistente política represiva hacia los mapuches? Entre otras cosas,
porque la represión y la estigmatización encubren la enajenación
histórica de las tierras mapuches y el origen de las fortunas que se
formaron en la llamada Araucanía; y, por otro lado, tiende a ocultar un
proceso de reapropiación de tierras expropiadas a fines de los años 60 y
comienzo de los 70. La violencia policial aparece como un recurso
protector del modelo económico y a la vez como reflejo de un menosprecio
social o, más claramente, de un racismo que consiste en desvalorizar al
otro para luego presentarlo como una amenaza (“violentista”,
“terrorista”) o como un estorbo para el desarrollo, más aún si
protagonizan demandas y protestas que se inscriben en el terreno
político y social. En todo caso, la sistemática represión policial
restringe o anula el espacio de expresión política democrática de las
organizaciones mapuches y, por otro lado, es la expresión de una
política que provoca inseguridad en el país.
Contrariando los hechos, para el Estado neoliberal, cuya parcialidad
está en evidencia, las movilizaciones mapuches constituyen un elemento
perturbador del orden social requerido por los grandes grupos económicos
que hegemonizan las acciones políticas de ese Estado. Sobre todo cuando
se hizo de la exportación de la madera uno de los ejes de la economía.
Se dejó, en cambio, en una inquietante inseguridad al entorno natural
sin que los responsables de su deterioro sean molestados ni se insinúe
para ellos la “prisión preventiva”. Inseguridad que alcanza igualmente a
la mayoría de la población chilena que se confronta a una flagrante
desigualdad social, a una falta de oportunidades en materia educacional
como lo muestran las movilizaciones estudiantiles, a una inseguridad y
precariedad en el trabajo como lo ejemplificó el caso de los 33 mineros
atrapados a más de 700 metros de profundidad luego del derrumbe de la
Mina San José (agosto 2010) en el norte del país.
¿Hasta cuándo la obstinada y prolongada violencia represiva desatada por
las grandes grupos económicos a través del Estado? Seguir rechazándola
es un desafío no sólo para las organizaciones mapuches y sus dirigentes,
sino también para los sectores sociales que aspiran a una democracia que
se traduzca: en mayor justicia social e igualdad de posibilidades, en un
Estado que no sea el monopolio de poderosos grupos de presión, en un
espacio político en donde el interés colectivo y la demanda de derechos,
no sean algo inaudible para los gobernantes.
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