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No
hay que ser experto en derecho para entender que quien dice ser víctima
de un delito, no tiene la objetividad para estar a cargo de la
investigación del mismo delito. Eso es lo que está ocurriendo
actualmente en el caso por la muerte de Hugo Albornoz, efectivo del
Grupo de Operaciones Policiales Especiales caído en un confuso incidente
en el interior de la comunidad mapuche Wente Wingkul Mapu.
La tragedia que hoy enluta a la familia Albornoz fue totalmente
evitable. El fiscal Luis Chamorro dijo que se había producido en una
emboscada en el camino, saliendo de la comunidad donde habían realizado
el allanamiento. Sin embargo el peritaje realizado por la PDI el martes
pasado respaldó la versión de la comunidad, de que el carabinero había
caído en el patio de una vivienda y no en el camino.
El werken Daniel Melinao, que no se encontraba en la comunidad ese día,
pidió una investigación objetiva, apuntando a la posibilidad de que la
bala que mató a Albornoz hubiera salido del arma de otro carabinero. La
comunidad abrió sus puertas a la PDI, mostrando transparencia y pidiendo
transparencia.
No estamos en condiciones de plantear una u otra versión, pero sí parece
evidente que el fiscal Chamorro, que estuvo a cargo del operativo, y que
alega ser víctima de una emboscada, no puede ser quien esté a cargo
ahora de investigar lo que ocurrió en ese mismo operativo. No se puede
ser supuesta víctima, testigo y persecutor de un delito a la vez.
Sin embargo, el fiscal regional Francisco Ljubetic confirmó a su
subordinado Chamorro en la investigación.
El tema de fondo es que desde hace años el ministerio del Interior
respalda fuertemente cualquier procedimiento de la fiscalía, sin atender
al derecho a un debido proceso, porque la represión policial y la
criminalización han sido la respuesta a un movimiento mapuche que
levanta justas demandas de restitución territorial, que afectan en su
mayoría a dos de los grupos económicos más grandes del país: el grupo
Angelini y el grupo Matte.
El Estado de Chile en su conjunto se pone al servicio de los intereses
de las grandes empresas forestales. Y es que, como reconoció
públicamente un diputado UDI hace pocos días, las grandes empresas
forestales financian a todos los partidos políticos. El parlamento y el
poder ejecutivo son interlocutores de los ricos. En cambio, para los
pobres, la represión y la criminalización. El poder judicial y las
fuerzas policiales son el modo de hacer política en territorio mapuche.
Es por eso que, como ya se dio cuenta la familia del joven que quedó
detenido en Collipulli después de ese allanamiento, la justicia no está
siendo confiable para los mapuche. Esa familia, evangélica, ni siquiera
participa del proceso de recuperación territorial.
Hoy en la mañana me confesaban: “Ya no confiamos en nadie. Nosotros
dejamos que carabineros entraran a nuestra casa, porque el que nada hace
nada teme, pero ya no más. Nosotros nunca nos metemos en nada, nunca
pensamos que nos iba a pasar algo así”. Otra familia me planteaba que
“para nosotros nunca llegó la democracia, la democracia a territorio
mapuche va a llegar cuando se vayan las forestales que nos invadieron
con la dictadura”.
* Publicado originalmente en Blogs Cooperativa.
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