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Fue
un ingreso violento, como muchos otros, denuncia la comunidad Wente
Winkul Mapu, de Ercilla. El allanamiento fue encabezado por el fiscal
Luis Chamorro y habría obedecido a una orden de detención contra el
joven mapuche Erick Montoya. ¿El saldo? Diez comuneros heridos con
perdigones, entre ellos dos niños de 12 y 15 años, además de un anciano
kimche (sabio) de 78 años. Uno de los heridos, el propio Montoya, quien
terminó con su rostro desfigurado e internado grave en el Hospital de
Los Ángeles.
Carabineros habló de un “enfrentamiento”. Los comuneros de un “asalto
policial”. Con su habitual tino, el Fiscal Regional denunció más tarde
la existencia de una “Guerrilla Rural” en la zona. Sin embargo, desde
Santiago, Sabas Chahuan, su jefe, lo desautorizó casi en el acto.
Lo acontecido en los campos de Ercilla prueba una cosa; el abordaje
judicial del conflicto mapuche implica caminar por una delgada línea
roja de abusos policiales y soberanas metidas de pata. ¿En qué minuto a
un conflicto bilateral entre el Estado y los Mapuche se agregó el
Ministerio Público como tercer actor? Fue el año 2001, con la entrada en
vigencia del nuevo sistema penal. Pocos lo recuerdan, pero antes de su
arribo a La Araucanía varios ministros de la Corte de Apelaciones venían
advirtiendo de lo inconducente de la “judicialización” del conflicto.
Leopoldo Llanos y Lenin Lillo, dos jueces que alzaron la voz. Y pusieron
más de un par de puntos sobre las ies. Hubo uno que incluso llamó a las
autoridades a “ponerse los pantalones”. En ese tono.
Sin embargo, nadie los infló. Ni las autoridades ni los medios de
comunicación. Mucho menos los representantes de los gremios, para nada
paladines de la interculturalidad o las buenas maneras interétnicas.
Arribó entonces la Reforma Procesal Penal y con ella los fiscales del
Ministerio Público, abogados inexpertos y en su mayoría neófitos en la
cultura mapuche. Pero llegaron y, hasta cierto punto, maravillaron.
Representaban la “modernidad” en la justicia chilena. Y la mano dura. El
fin de la puerta giratoria. ¿Críticas a la judicialización mapuche? Caso
cerrado. Que haga su ingreso el testigo protegido N°45. Y fue así que de
los magistrados de la Corte nunca más se supo.
Ha transcurrido una década. Y los resultados saltan a la vista. Sendos
Informes de la ONU y otros organismos independientes cifran en medio
millar los comuneros que han sido procesados en el marco de protestas
pacíficas y violentas. Muchos de ellos vía Ley Antiterrorista, algo que,
créanme, poco y nada se entiende en tierras extranjeras. Y es que quemar
un camión es delito, nadie en su sano juicio lo niega, pero lejos está
de ser ello terrorismo. La doctrina internacional es clara al respecto;
“utilizar la violencia con fines políticos, generar terror en la
población y atentar de forma indiscriminada contra civiles”. El ABC del
terrorismo, aquí y en la quebrada del merquén.
Quien trabaja con un martillo ve clavos por todos lados. Les sucede a
los fiscales, que ven “terroristas” allí donde lo que en verdad existe
es gente mapuche pobre y desesperada. Lo han corroborado los jueces a la
hora de dictar sentencia. ¿Cuántas causas por “terrorismo” se han caído
en los últimos años? Al menos media docena. ¿Cuántos comuneros han
resultado absueltos tras años de investigación y derroche de recursos
públicos? Muchísimos. ¿Cuántos “Chicos Peña” encabezan hoy causas
vinculadas al conflicto? Más de uno, sospecho. Sobre todo en la comuna
de Ercilla. Y el conflicto, lejos de terminar, se agudiza. Ya lo
advertían los magistrados de la Ilustrísima Corte de Temuco. Que la
Política ocupe el lugar que le corresponde. Basta de judicializar.
* Publicado originalmente en diario Austral de Temuco.
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