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Hace unos días el Tribunal Oral de
Angol absolvió a ocho comuneros mapuches acusados de diversos delitos
terroristas, en un juicio que nada tiene que envidiar al "Caso Bombas"
capitalino. Jaime Madariaga, abogado defensor del dirigente de Temucuicui,
Felipe Huenchullan, conversó con Azkintuwe sobre el fallo y sus
implicancias.
- De qué trató el caso y la
acusación.
Este caso comienza con un robo en el
peaje de Quino, 40 km al norte de Temuco, alrededor de las dos de la
mañana del 11 de octubre del 2009. Al huir, estas personas quemaron un
camión y además robaron a algunos conductores. Unas horas antes, en otro
camino ubicado a 8 kilómetros del peaje, encapuchados hicieron un corte
de ruta. En ninguno de los dos casos hubo personas lesionadas.
- Dos hechos en lugares
diferentes.
No obstante la fiscalía sostuvo que
habían sido ejecutados por las mismas personas y los calificó como
“incendio terrorista”, “homicidio terrorista”, “robo con intimidación” y
“asociación ilícita terrorista”. Y pidió casi 20 años de cárcel para
cada uno de los ocho acusados. Acusados que, sorpresivamente, resultaron
ser todos mapuches.
- ¿Cómo llega el Ministerio
Público a dicha presunción?
En la garita del peaje asaltado
apareció un rayado con plumón que decía “resiste mapuche”. Eso en primer
lugar. Luego aparece un testigo sin rostro que confesó haber participado
en los delitos y que a cambio de su declaración tanto en esta causa como
en otra, no ha pasó ni un solo día en la cárcel. Se trata de un
delincuente confeso de delitos que el propio Ministerio Público califica
de terroristas.
- Curioso.
No es la única curiosidad. Durante la
investigación nunca se obtuvieron huellas dactilares del lugar a pesar
de que ningún testigo dijo que los hechores usaran guantes. Tampoco se
solicitó, por parte de la fiscalía, el video del peaje, algo sumamente
raro.
- Este juicio era considerado
emblemático junto a los casos “Tur Bus”, “Brasil” y “San Leandro”.
¿Observas algún patrón común?
El denominador común en todos estos
juicios es el uso de la Ley Antiterrorista y la utilización de testigos
sin rostro. Y lo más grave, que mucha gente estuvo en prisión preventiva
por años sólo con la declaración de un testigo sin rostro que es un
delincuente confeso. Esto último es gravísimo. Es correcto proteger a
los testigos. Lo que no es correcto es que su identidad no sea conocida
por quien es acusado por él.
- ¿Se viola el debido proceso?
Yo al menos así lo creo. No se
respeta el debido proceso porque no podemos preparar una defensa
adecuada contra los dichos de alguien que no podemos identificar, nunca
sabremos sus motivaciones, las posibles venganzas o rencillas que lo
animen, y por lo tanto, no es posible preparar un adecuado
contrainterrogatorio. Lo peor de los testigos sin rostro es que ellos no
tienen la obligación jurídica de decir la verdad. Si un testigo miente
comete delito y puede ser sancionado penalmente. En cambio, si un
testigo sin rostro miente, no puede ser sancionado, porque el Estado le
asegura la impunidad desde el momento en que su identidad no puede ser
revelada.
- Uno de los acusados denunció
torturas que fueron acreditadas por la Clínica de la Facultad de
Sicología de la UFRO. ¿Prosperó la querella que se interpuso?
Para nada. El Ministerio Público
decidió no investigar, ni siquiera ordenó que el Servicio Médico Legal
examinara a Felipe, a pesar de haber sido solicitado en tres
oportunidades ante una Jueza de Garantía. Eso es algo vergonzoso pero no
sorprendente, pues cuando los mapuches son víctimas de delitos contra su
integridad, esa suele ser la posición que asume el Ministerio Público.
Simplemente archiva o no les cree, a pesar de existir un informe de una
prestigiosa universidad que afirmó tajantemente que existieron torturas.
- Según la acusación, los
imputados “portaban escopetas hechizas y convencionales, un fusil de
guerra, pistola y revólveres con munición”. Un verdadero comando
militar. ¿Algo de ello se probó en el juicio?
Absolutamente nada, lo único que se
probó en el juicio fue que hubo disparos de escopeta, ninguna bala,
ningún fusil ni nada similar. Vemos a un Ministerio Público más
interesado de hacer creer a la comunidad que existe terrorismo allí
donde no lo hay, en lugar de descubrir a los verdaderos autores de estos
delitos violentos.
- ¿Cuál es la evaluación que
haces del fallo absolutorio de los magistrados?
Creo que será importante a la hora de
discutir prisiones preventivas en el futuro, porque el Ministerio
Público suele exagerar los hechos y los antecedentes con el fin de que
se decrete la prisión preventiva a todo evento. De hecho, los años en
prisión preventiva de los mapuches en este caso más parecen una condena
que una medida cautelar provisoria.
- ¿Cuánto tiempo permanecieron
encarcelados los mapuches?
La mayoría cerca de dos años. Te lo
grafico con el siguiente ejemplo: cuando conocí a Felipe Huenchullan
llevaba 2 años en la cárcel, 100 días en huelga de hambre y su hija
tenía dos años y medio, todo para terminar absuelto. ¿Cómo el Estado
permite que algo así llegue a ocurrir? Se pudo evitar mucho sufrimiento
a los presos y sus familias, y un enorme perjuicio económico para gente
ya demasiado empobrecida. Y también se afecta a las víctimas de los
delitos. Dan ganas de decirles que no se enojen con los jueces, sino con
aquellos que hicieron una mala labor de investigación. De eso no son
responsables los jueces sino los fiscales.
- El fallo fue por unanimidad.
Contundente.
Establece que existieron delitos,
pero no actos de terrorismo, ni asociación ilícita terrorista. Todo era
una exageración de la fiscalía que fue desvirtuada. Lo peligroso es que
pudo no ocurrir así, y que gente inocente terminara condenada a 20 años
de cárcel. Sentencias como esta y como la del Caso Bombas han puesto en
jaque al sistema procesal penal, pues han demostrado con igual fuerza,
pero con menos publicidad cuando se trata de gente mapuche, que algo
está fallando en el Ministerio Público.
CASO BOMBAS II
- Has señalado que este fue el Caso Bombas II, ¿por qué?
Porque la fiscalía imputó hechos no
vinculados entre sí, los calificó de terroristas para poder abusar de la
ley penal y del debido proceso, obtener largas prisiones preventivas de
personas inocentes. En el juicio no hubo ni un solo testigo o perito que
indicara que alguno de los acusados era culpable. Otro abuso cometido lo
descubrimos cuando escuchamos los audios de las interceptaciones
telefónicas. Allí nos encontramos con que había una interceptación de
una conversación mía con una persona mapuche no acusada. Interpusimos
otra querella más por la interceptación ilegal, que fue investigada por
el Fiscal Regional, es decir, el superior jerárquico del fiscal del
caso, que por supuesto concluyó que este hecho no era delito. Una
vergüenza. Nos quedó la satisfacción que finalmente el fiscal fue sacado
del juicio.
- ¿Cuál fue el motivo?
Negligencia y decisiones erradas de
su parte. El fiscal optó por no obedecer la resolución judicial que le
ordenaba corregir los errores de su acusación, que eran evidentes, y eso
lo dejó fuera del juicio oral. Lo que más les cuesta entender a estos
fiscales es que ellos no están por sobre el poder judicial, sino que son
simples solicitantes. Tienen mucho poder, es cierto, pero ellos sólo
solicitan y son los jueces los que deciden.
- Hablamos de Miguel Ángel
Velásquez, ex “Fiscal Especial para Causas Mapuche”, un conocido de las
comunidades.
Un funcionario proveniente de la
fiscalía militar y que ha perseguido a muchísima gente mapuche
acusándola de terrorismo. Debido a su actuar jurídicamente errado
logramos que el Ministerio Público fuera sacado del proceso y solo
siguiera adelante el Ministerio del Interior que, en su alegato de
clausura, terminó reconociendo que no había prueba de participación
criminal. En estas causas se ha usado un perfil de fiscales que
realmente deja mucho que desear. De hecho, uno de los fiscales del caso
bombas había sido fiscal en el juicio contra la CAM en el que también
fueron todos absueltos.
- Qué opinión te merece la
designación del ex fiscal Peña.
Fue incomprensible, más si a los
pocos días lo primero que ocurre es que un fiscal de Colombia lo acusa
de haber realizado comentarios racistas en contra de los pueblos
indígenas. Un nombramiento como este es algo más que una simple
estupidez, creo que contiene un mensaje que dice algo así como “hacemos
las estupideces que queremos, y qué”.
- ¿Se utiliza la Ley Antiterrorista
con fines políticos como denuncian las comunidades?
Yo pienso que se la utiliza como
herramienta de represión en lugar de usarla con un fin procesal
adecuado. Se usa para perseguir hechos que realmente no son terrorismo,
porque los delitos terroristas para ser tales deben tener tal gravedad
que si se cometieran en tiempos de guerra constituirían crímenes de
guerra. Como las investigaciones son tan deficientes, usan la Ley
Antiterrorista para echar mano a los testigos sin rostro y así culpar y
encarcelar personas sin pruebas. Imaginemos que nos pasa a nosotros, que
un día nos dicen: usted va preso por un homicidio cometido por 5
sujetos. Si preguntamos por qué, la respuesta es que uno de los
homicidas dice que nosotros participamos. Obviamente la pregunta
siguiente será ¿quién nos culpa? Y la respuesta que nos da el Estado es:
no te podemos decir quién te culpa porque es un testigo sin rostro. Esto
es realmente kafkiano, y lo peor es que con este argumento hay
ciudadanos que han estado años en prisión preventiva. Un poco de empatía
ayuda a entender por qué no son tolerables.
- Fuiste abogado de la familia de Mendoza Collio. ¿Qué opinas del
fallo de la Corte Marcial que absolvió al cabo Jara Muñoz?
Fui abogado de la familia en las
etapas iniciales. Participé en la reconstitución de escena e intervine
hasta que logramos que se revelara que habían perdigones de escopeta en
la parte interna del chaleco antibala del carabinero que mató a Jaime.
Realmente es lamentable lo que ha ocurrido, pues el Fiscal Militar hizo
una muy buena labor de investigación y pidió una condena de 15 años de
presidio. Lamentablemente, la Corte Marcial terminó absolviendo al
acusado, invocando la legítima defensa. Para los que estuvimos en la
reconstitución de escena esa tesis resulta absolutamente inverosímil.
- Al sur del Biobío, ¿vale lo
mismo la vida de un joven mapuche y uno chileno?
Ciertamente no valen lo mismo para el
Estado. El homicida de Matías Catrileo fue condenado como tal, pero un
tribunal militar le aplicó atenuantes para rebajar la pena. La justicia
militar reconoció que fue un homicidio, pero le aplicó una pena de 3
años y un día de libertad vigilada, es decir, no va estar ni un día
preso. En cambio, cuando un mapuche es acusado de homicidio frustrado de
un carabinero lo condenan a 10 años de presidio efectivo. Algo anda mal
en el sur de Chile y algo anda mal con la ley que permite que esto
suceda. Creo que todavía hay mucha gente que cree que la vida de unos
vale más que la de otros. Cuando los peñis de Cañete fueron acusados de
lesionar a un fiscal les pidieron 103 años de cárcel. Cuando los peñis
han sido torturados por la policía no ha existido ni siquiera una
investigación.
- ¿Existe racismo judicial?
No creo que el Poder Judicial sea más
racista que la sociedad chilena, pero tampoco creo que menos. Además,
pienso que en este tipo de casos la fiscalía no persigue tanto las
conductas delictivas, sino más bien formas de vida, persigue a los
anarquistas y a los líderes mapuche que creen en la autodeterminación.
Creo que estas causas han sido entregadas a investigadores prejuiciados,
poco demócratas en sus convicciones y no respetuosos del debido proceso.
Es gente que no cree que respetando el debido proceso se pueda descubrir
a los autores de estos delitos, y piensan que la única forma de lograrlo
es abusando de la Ley Antiterrorista y violando el debido proceso.
- Se culpa a la derecha de un
incremento en la represión. Tu vienes asumiendo defensas desde al menos
una década. ¿Compartes este juicio?
La aplicación de la Ley
Antiterrorista no comenzó con este gobierno. Creo que en Santiago ni se
imaginan todos los abusos que se cometen en el sur de Chile y desde hace
décadas. Los homicidios de jóvenes mapuche ocurrieron en los gobiernos
de la Concertación y no se ha hecho justicia. La única condena es por el
homicidio de Matías y la pena no fue de cárcel efectiva. Lo que sí creo
es que hay un aumento en la represión y la prensa nacional no critica
mucho la ineficacia del gobierno.
- Finalmente ¿Qué opinas de la Ley Hinzpeter?
Es un proyecto absurdo
fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque quiere hacer
responsables a los dirigentes cuando llaman a una marcha y en esa marcha
se producen actos violentos. La verdad es que en casi todas las marchas
los hay, pero la sociedad democrática ha decidido que a pesar de ello no
podemos prohibir las manifestaciones públicas. Es tan absurdo como
sancionar al Ministerio del Interior por no prohibir el tráfico de
automóviles el 18 y 19 de septiembre a pesar de que sabe que esos días
morirán más de 20 personas por accidentes de tránsito ocasionados por la
conducción con alcohol. Y un segundo aspecto preocupante, es que
pretenden criminalizar toda protesta social, sancionando como
delincuentes a los estudiantes que se toman un colegio. Creo que el
gobierno ha sido demasiado ineficiente en la prevención y persecución de
los delitos que ya existen, como para darse el lujo de crear otros
nuevos, que ni siquiera deben tener tal carácter.
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