Luego que el Relator de la ONU para Pueblos Indígenas, James Anaya, acusara la existencia de un trato discriminatorio en contra los mapuches, tanto en la discusión de leyes en el Parlamento como durante la realización de operativos policiales en Wallmapu, el ministro (s) del Interior, Patricio Rosende, rechazó de plano las críticas y aseguró que el Gobierno chileno trabaja permanentemente para resolver sus demandas. De la misma forma, relativizó que exista un compromiso gubernamental de no aplicar la Ley Antirterrorista a mapuches.

Según consignó radio Cooperativa, Rosende sostuvo que "desmiento categóricamente que exista un trato discriminatorio respecto del pueblo mapuche en este tipo de operativos". En ese sentido, el secretario de Estado (s) indicó que "hay un trabajo permanente de la institucionalidad pública por resolver la demanda legítima y justa por las tierras y de esa línea no nos vamos a mover, por mucho que se quiera involucrar al pueblo mapuche en hechos de violencia".

Rosende fue enfático al precisar que todos los operativos que se realizan en Wallmapu responden a órdenes emitidas por el Ministerio público y están regidas por las normas legales vigentes. En ese sentido, advirtió que "tenemos una política indígena de fomento, que pasa por el reconocimiento constitucional, por la integración a la vida del Estado, la superación de la pobreza. Esas son las líneas de trabajo".

Detención de la CAM

El ministro (s) del Interior también se refirió a la supuesta desarticulación de la cúpula de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), tras lo cual resultaron detenidos 11 mapuches, diligencia que calificó como "una operación impecable". Rosende afirmó que la investigación y posterior arresto de los involucrados es "un golpe importantísimo a las actividades operativas de una organización que ha tenido una larga trayectoria de hechos de violencia".

Rosende reafirmó que frente a los "hechos de violencia" el gobierno aplicará todo el rigor de la ley y trabajará en coordinación con la Fiscalía para establecer responsabilidades penales al respecto. Esto luego que se conociera de nuevos ataques incendiarios que se vinculan según la policía a los arrestos conocidos el fin de semana. Rosende subrayó que lo ocurrido en el lago Lleu Lleu "es muy probablemente una reacción estéril de quienes aún no han sido capturados, pero los vamos a capturar en el curso de los próximos días. Hay todavía un grupo de ellos que está en condición de prófugos y vamos a dar con ellos en los próximos días".

Entrevistado por EMOL, Rosende subrayó además que si bien existe un compromiso de no invocar la Ley Antiterrorista a la reivindicación mapuche, "que nosotros entendemos como la demanda legítima y justa por las tierras ancestrales", esta nada tendría que ver con las acciones ejecutas por la Coordinadora Arauco Malleco. "Invocamos la Ley Antiterrorista en enero pasado en un caso muy puntual, de una persona de origen mapuche, pero que en su domicilio tenía armamento de guerra. Esa es una razón más que suficiente para invocar esa ley, que no tiene que ver con el conflicto mapuche, tenga o no apellido de ese origen", indicó.

Amnistia Internacional

La visión del personero contrasta con el malestar mapuche. Como una situación preocupante calificó el dirigente de la organización Meli Wixan Mapu, Manuel Díaz Calfiú, las últimas detenciones de comuneros. El vocero de la organización indicó que resulta llamativo que los operativos policiales que terminaron con estas aprehensiones se verifiquen justo días después de que terminara la visita del relator de la ONU sobre pueblos indígenas a quien el gobierno aseguró que las demandas mapuches se atienden dentro de los cauces normales.

"El Estado chileno continúa aplicando la política del juego sucio, porque a nivel internacional cuando sale la Presidenta dice que en Chile está todo bien, y sin embargo, sabemos que las situaciones son graves que se aplica la misma violencia que en la dictadura y las leyes que dejó Pinochet", denunció el vocero.

En la misma linea se manifestó el experto en derechos humanos y presidente de Amnistía Internacional en Chile, Sergio Laurenti. "El gobierno se debe preguntar por qué existen grupos que están dispuestos a radicalizarse para presionar por sus demandas, al mismo tiempo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos", señaló.

"No estoy condonando la acción violentista o a la acción que daña la propiedad de terceros, la vida de la comunidad o la cohesión del tejido social, pero hay que preguntarse qué está llevando a personas a tener esa actitud y también en qué está retrasado el gobierno en responder a las necesidades y deudas históricas", afirmó Laurenti.

El experto del organismo internacional estimó que los últimos hechos de violencia conocidos en las regiones del Bío Bío y la Araucanía, son parte de un conflicto que no logra respuesta. Sergio Laurenti lamentó la violencia con la que ha actuado la policía en las comunidades mapuches y señaló que estas acciones deben ser revisadas también por las autoridades.

El director de AI recordó que existe en el ordenamiento jurídico internacional un código de conducta para los funcionarios que deben hacer cumplir la ley, el cual se debe observar y respetar, al tiempo que destacó el profesionalismo de las policías, razón por la que no se entiende el nivel de represión en este tipo de situaciones. "Las policías no tienen manos libres, están restringidos por sus propias reglamentaciones. Además, las instituciones chilenas son suficientemente profesionales y bien equipadas como para hacer esto dentro del marco de la ley", subrayó Laurenti / AZ

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© Periódico Mapuche Azkintuwe