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El pasado 8 de abril fueron
publicadas en el Diario Oficial, las modificaciones a la Ley General de
Pesca y Acuicultura, que en lo sustancial, privatizan el mar chileno al
permitir que las concesiones de acuicultura puedan ser hipotecadas.
Aunque el proyecto fue impulsado por el gobierno de la “socialista”
Michelle Bachelet, fue Sebastián Piñera el encargado de promulgarla. Lo
hizo, a sabiendas que el Tribunal Constitucional analizaba un
requerimiento de inconstitucionalidad presentado el 22 de marzo por 34
diputados.
No es casualidad que al hacer el anuncio de que las citadas
modificaciones ya son Ley de la República, el ministro de economía Juan
Fontaine se haya hecho acompañar de Cesar Barros, presidente de la
patronal Salmón Chile y cara visible de esta industria que depredó y
contaminó los mares de la Décima Región sin nunca haber sido sancionada
por ello.
Fontaine señaló que los cambios realizados permitirán mejorar el
ordenamiento territorial de la salmonicultura y adoptar medidas
sanitarias más estrictas a todo el proceso productivo. “La ley es el
primer paso, vienen 17 reglamentos que vamos a trabajar a toda máquina
para producir y crear estas condiciones de desarrollo y hacer posible
que este sector, que llegó a exportar 2 mil 600 millones de dólares y a
representar empleo directos e indirectos para pequeñas y medianas
empresas en la cadena productiva, tenga el vigor que corresponde y ayude
al desarrollo de las regiones".
El ministro no hizo mención al aspecto más relevante del proyecto,
contendido en el artículo 81 bis, que permite que las concesiones de
acuicultura, que han sido entregadas gratuitamente por el Estado a los
empresarios salmoneros, puedan servir de prenda para que estos puedan
pagar los 2 mil 500 millones de dólares que adeudan a la banca. Este
acápite del proyecto, por medio del cual se le enajena a todos los
chilenos este bien nacional de uso público, era el aspecto central que
reclamaban como inconstitucional los 34 diputados que firmaron el
requerimiento. También habían defectos de forma contenidos en el trámite
legislativo de esta nueva normativa, como el hecho de que no se le
consultó a la Corte Suprema a pesar de que se modifica la función de los
tribunales, quienes serán llamados a ejecutar las hipotecas.
Es importante recordar que, cuando a mediados de 2008 se hizo evidente
la crisis provocada por las salmoneras, la presidenta Michelle Bachelet,
ordenó la creación de la “Mesa del Salmón”, disponiendo, además, de 450
millones de dólares en préstamos con aval del estado a las empresas. A
los trabajadores y a las comunidades afectadas por la contaminación no
les dio nada. A cargo de la citada Mesa puso nada menos que a Felipe
Sandoval, quien durante el Gobierno de Ricardo Lagos, en su calidad de
subsecretario de pesca, fue el encargado de operar la puesta en marcha
de la Ley “corta” de pesca, que privatizó los recursos del mar, al
entregar gran parte de las nuevas cuotas de pesca a un reducido grupo de
industriales. Estos han operado bajo una lógica depredatoria cuyos
resultados se expresan en un elocuente descenso de la biomasa marina.
En el seminario “Salmonicultura en Chile: un análisis transversal”,
organizado por la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de
Diputados en la ciudad de Puerto Varas, noviembre de 2008, se pudo saber
que el principal acuerdo de la citada Mesa del Salmón, en la que
participaron Salmón Chile, la Subpesca, Sernapesca y las ONG Terram y
OLACH, era cambiar el estatuto jurídico de las concesiones de
acuicultura con el fin que estas pasaran a ser propiedad definitiva de
sus tenedores. El anuncio lo hizo Sandoval. En la ocasión este
funcionario también prometió “agilizar” la transferencia de concesiones,
con el fin de crear “Barrios Salmoneros”.
El 9 de enero de 2009 La Moneda ingresaba en el Congreso este proyecto
de ley, que fue aprobado el 10 de marzo de 2010, un día antes del cambio
de mando presidencial, pocos días después del terremaremoto. Nadie supo.
TVN, Chilevisión, Canal 13, Mega, El Mercurio, Radio Cooperativa, no
cumplieron con su deber de informar.
De acuerdo al análisis jurídico realizado por el experto en derecho
marítimo, Fernando Siebald, esta nueva normativa es similar a la que
hizo la dictadura de Augusto Pinochet cuando, impulsado por los Chicago
Boys, dictó el Código de Aguas de 1981. Con la diferencia que la que
privatiza el mar fue impulsada por el ex presidente del Partido
Socialista Camilo Escalona, y por los ministros Andrés Velasco y Hugo
Lavados, de la centroizquierdista Concertación por la Democracia. Lo
hacían impelidos por la Asociación de Bancos y Salmón Chile, cuyos
mandamases Cesar Barros y Hernán Somerville, acompañaron a los
funcionarios de Bachelet en el cabildeo parlamentario.
Vergonzosa aprobación
El primero de abril de 2010, un día después de haber acogido a trámite
el Requerimiento de 34 diputados, el Tribunal Constitucional (TC) lo
declaró inadmisible. La razón: los diputados habrían entregado
requerimiento fuera de plazo, al sexto día de la fecha de despacho del
proyecto desde el Congreso Nacional a la Presidencia de la República,
sobrepasando el plazo legal de cinco días estipulado por la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional. De acuerdo al TC, la fecha en que fue
comunicada la aprobación de la ley fue el 16 de marzo, mientras que el
requerimiento fue presentado el 22 de marzo.
Esta argumentación del TC constituye un inexcusable error, puesto que
tal como se puede observar en el libro de cartas despachadas por la
Cámara de Diputados, la fecha de despacho de la ley fue el 17 de marzo.
Para zanjar cualquier duda, el secretario de la Cámara de Diputados
emanó un certificado aclaratorio (ver imagen).
Este documento, que ya estaba en las manos de los magistrados del TC,
fue anexado por el abogado patrocinador del requerimiento Lorenzo Soto,
al recurso de “Rectificación por error de hecho”, ingresado al Tribunal
Constitucional a las 12:45 horas del pasado 5 de abril. Diario Uno fue
el único medio de prensa presente en aquel momento. También estaba el
coordinador de la campaña Salvemos el Mar, el pescador Cosme Caracciolo.
Al concluir la diligencia, este último señaló que si el TC no rectifica
su decisión, “significa que toda la institucionalidad de la que
participamos, incluyendo la Constitución, ya no valen nada”. Fundamentó:
“quedaría muy claro que todos los principales organismos del estado
operan en beneficio de los grupos económicos y que no tiene ningún
empacho en falsear la realidad, con tal de servir a estos intereses”.
Señaló, además, que constituye un “escándalo internacional” que entre
quienes decidieron no admitir a trámite este recurso haya estado José
Viera Gallo, que en su calidad de ministro de la SEGPRES, le cupo la
tarea de promover el mencionado proyecto de privatización del mar. Dice
Caracciolo que en su rol de ministro y parlamentario, Viera Gallo
siempre defendió “a rajatabla” los intereses de la industria pesquera y
salmonera”.
Al cierre de esta edición, se supo que el Tribunal Constitucional no dio
lugar a la solicitud de rectificación sancionando la oscura ley que
privatiza el mar. De esta manera Chile se constituye en el primer país
del mundo en aplicar tan absurda “política”.
Especulación financiera
En entrevista con Diario Uno, el experto en salmonicultura y asesor de
la Asociación de Pescadores Artesanales de Aysén (AGO), Héctor Kol, dio
su versión de cuáles son los verdaderos objetivos de las modificaciones
a la Ley de Pesca y Acuicultura. Asegura que lo que buscan las
salmoneras y los bancos es quedarse con importantes porciones de mar con
afanes especulativos. Kol estima que en el presente son alrededor de dos
mil quinientos las concesiones de salmonicultura autorizadas por la
Autoridad Ambiental en el Mar Austral de Chile.
Según él, no hay claridad de las cifras exactas puesto que la Subpesca,
en periodo de Bachelet, se negó a entregarlas como ocurrió cuando Oceana
le preguntó -en enero pasado- cuantas y a quienes pertenecían las
concesiones autorizadas en la Región de Magallanes. Subpesca respondió
que esta era información privilegiada de las empresas. Dentro de las
reformas establecidas por la nueva normativa, se acortó la distancia
mínima que tiene que haber entre dos centros salmoneros de 1,8
kilómetros (milla náutica) a un kilómetro. Si las concesiones pertenecen
a una misma empresa, desaparece la obligación de mantener esta distancia
entre un centro y otro, constituyéndose en barrio salmonero. Si la
empresa se declara en quiebra, las concesiones pasaran a formar parte de
los activos del banco acreedor. De esta manera será privatizado el mar.
Los “barrios salmoneros” o agrupación de concesiones consisten en áreas
de manejo sanitario, donde las empresas tienen que hacer todo
simultáneamente: desde la siembra hasta la cosecha pasando por todos los
tratamientos terapéuticos y sanitarios. De acuerdo a Kol, esto es
imposible que se consiga hacer entre distintas empresas, por lo que
estos barrios van a tender hacia la concentración de la propiedad del
mar en una sola empresa por barrio. Sernapesca ha declarado infectados o
en vigilancia por virus ISA, todas las subzonas o barrios salmoneros sin
hacer ninguna investigación. De acuerdo a Kol, el objetivo de hacer
estas clasificaciones es muy claro: “prohibir el paso de la pesca
artesanal con la excusa que son vectores de enfermedades cuando han sido
los salmoneros los que han contaminado e infectado los canales
australes”.
En la subzona salmonera 12C ubicada al sur de la Isla Grande de Chiloé,
en las riberas del Parque Natural Tantauco, propiedad de Sebastián
Piñera, está declarado infectado de ISA siendo que nunca han operado
salmoneras ahí ni ha habido peces enfermos. De acuerdo a los reglamentos
que trabajó la Mesa del Salmón, en la nueva legalidad se va a exigir que
para entrar a estos barrios será necesario que las embarcaciones se
fumiguen al entrar y al salir de ellos, lo que es impracticable para la
pesca artesanal, puesto que además de oneroso, implicaría la
contaminación de sus capturas de peces.
Los barrios salmoneros ocuparán la mayor parte del mar austral chileno.
Por ejemplo, el barrio salmonero del Seno de Reloncaví abarca 140 mil
hectáreas. Las cuatro subzonas o barrios salmoneros ubicadas en torno a
Isla Magdalena (31a, 31b, 32 y 33) copan una superficie de 514.892
hectáreas. Es tan amplia la zona que aquí ocuparan estas empresas, que
la pesca artesanal y otras actividades marítimas se quedaran sin donde
poder transitar dado que fueron cerrados completamente los canales Jacaf
y Puyuhuapi.
Kol sostiene que si comenzaran sus faenas, los más de dos mil 500
centros salmoneros autorizados, y su producción fuera en promedio de dos
mil toneladas cada uno, se producirían cinco millones de toneladas de
salmones. “Para alimentar toda esa cantidad de salmones se necesitan
entre 25 y 50 millones de toneladas de pesca silvestre. Ni en todos los
mares del mundo hay esa pesca disponible”, asegura Kol. Y agrega: “con
esa sola cifra se demuestra que estamos ante un negocio de especulación
financiera. Lo que están intentando los salmoneros no es criar salmones
sino que están tratando de aumentar la superficie del fundo que luego
van a hipotecar. De eso se trata la ley de privatización del mar”.
Kol cuenta que, entre noviembre y diciembre de 2009, la Corema de Aysén
estuvo aprobando, cada vez que se reunía, entre 100 y 120 concesiones
nuevas, o modificaciones a las concesiones ya otorgadas. En estos
últimos casos se trataba, casi en exclusiva, de aumento de la producción
autorizada. De acuerdo a información proporcionada por el Programa
Marino de la Fundación Pumalín (publicada en exclusiva por Diario Uno),
en la Isla Cuptana, los 6 centros que allí habían a noviembre de 2009,
tenían autorizada una producción de 16.330 toneladas de salmónidos.
A enero de 2010, los centros
autorizados a funcionar habían aumentado a 15, y la producción permitida
había pasado a las 37.207,6 toneladas. El material orgánico que
produciría esta producción equivaldría, de acuerdo a la misma fuente, al
arrojado por 1 millón 75 mil personas. Esta situación se repite en todas
las zonas declaradas ahora como salmoneras. Estos aumentos de producción
autorizados se hacen sin que haya ningún estudio de impacto ambiental ni
de capacidad de carga que garantice que no se va a continuar el desastre
salmonero.
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