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En la etapa de final de la
presentación de pruebas testimoniales y documentales, por parte de la
fiscalía se encuentra el juicio contra la cineasta, Elena Varela. El
juicio largamente esperado por la opinión pública, había sido cancelado
anteriormente en cinco ocasiones, iniciándose por fin el martes 13 abril
recién pasado.
Un punto importante del proceso judicial contra Elena Varela y el resto
de los imputados, dice relación con la poca solidez de las pruebas
presentadas por el Ministerio Público, debido a que testigos claves para
sostener la acusación se han marginado al momento de prestar
declaraciones.
Es el caso de Andrea Muñoz Gaete, quien no compareció al tribunal de
Villarrica donde debía prestar declaración. Al percatarse de esta
situación, “el fiscal Servando Pérez (quien acusa a Elena Varela, Sergio
Reyes Matus y Keny Sánchez) hizo desesperados esfuerzos para que los
jueces obligaran a la testigo a concurrir al tribunal bajo una orden de
aprehensión, petición que fue rechazada”, informó el diario Austral el
pasado 14 de abril.
Por lo que una vez iniciada las
audiencias “la Unidad de Víctimas y Testigos se comunicó con Muñoz,
quien sostuvo que no iba a declarar. Personal de Carabineros concurrió
al trabajo de la testigo para establecer cuál era su condición y allí le
manifestaron a la policía que se había tomado vacaciones”, señala el
Austral.
A esto se agregan, informes de
registros telefónicos, utilizados como medio de prueba para demostrar la
“relación ilícita” entre los imputados, quienes el día que ocurrieron
los asaltos en Loncoche y Machalí, habrían realizado llamados vía
celular para “coordinarse” antes y después de realizado los asaltos.
A juicio del Ministerio Público, las antenas que registran el trafico de
llamados establece con precisión la relación evidente entre los
imputados, este peritaje fue presentado por la Brigada de Inteligencia
Policial Metropolitana, en base a los informes proporcionados por
proporcionados por compañías telefónicas, sin embargo, no establecen con
claridad que persona estaba haciendo uso de los teléfonos, y en
consecuencia vinculación entre Elena Varela, Keny Sánchez y Sergio Reyes
Matus en la realización de los ilícitos.
En relación a este punto, Nelson Miranda Urrutia, abogado defensor de
Sergio Reyes Matus indicó que “la cantidad de imprecisiones y
contradicciones presentados por parte de la fiscalía es insostenible,
esperamos confiados el veredicto final de absolución contra nuestro
defendido, pues ha quedado claro en las pruebas presentadas por la
fiscalía que Sergio Reyes Matus, el es un trabajador de la empresa
Mininco, al cual lo trataron de vincular por medio de un chip en que no
se establece con claridad la propiedad ni en que momento fue utilizado”,
señaló.
Reacciones
Según los abogados defensores, toda la acusación contra los imputados se
sostenía en la declaración de un testigo, que no ha podido ser
corroborada con las pruebas presentadas por la fiscalía. En cuanto a lo
señalado anteriormente, Nelson Miranda Urrutia, defensor de Sergio Reyes
Matus, manifestó que “no existen ilícitos en los que se pueda involucrar
a Sergio Reyes Matus con los delitos investigados” indicó
Fuera del debate judicial, el abogado defensor también expresó que
existe una criminalización abierta por parte de la prensa, al igual que
todos los juicios que se desarrollan en el sur de Chile, en el marco del
mal llamado “conflicto mapuche”; refiriéndose a este punto, el abogado
sostiene que “este juicio como todo lo que ocurre en el sur de Chile
parte por una criminalización abierta a nivel mediatico contra los
acusados, con esa criminalización se pretende presionar al tribunal para
que dicte una sentencia acorde a sus fines logrados” manifestó Nelson
Miranda Urrutia.
Añadiendo que resulta evidente que “en toda esta campaña que se ha
iniciado entregando información relativa a vinculación con guerrillas y
movimiento mapuche. Aquí no se ha podido demostrar eso, en ese sentido
hay una irresponsabilidad de parte de la prensa en cuanto a dar ese tipo
de antecedentes dejando de lado la presunción de inocencia, a la cual
tienen derecho todos los habitantes” afirmó.
Dando su opinión sobre el mismo tema, Jaime Madariaga, abogado defensor
de Elena Varela recuerda que en el periodo de la detención de Elena
Varela “el Ministerio Público tomó todas las pistolas de juguete que
requisaron los peritos de la fiscalía, las presentaron a la prensa, las
fotografiaron y luego fueron puestas en paginas del mercurio como
ametralladoras de verdad. Efectivamente ha quedado claro que todo eso es
falso, eso lo han dicho los propios peritos” explicó Madariaga.
En ese sentido, según Madariaga “hubo un intento de politización en este
juicio por parte del Ministerio Público, al introducir banderas del MIR
que formaban parte del documental Newen Mapuche” agregó.
“Mostrar eso frente a la opinión pública como armamento de verdad,
cuando los propios peritos sabían que eran armas de juguete, está fuera
del debate judicial y mostró una mala fe y una manera de mostrar a una
persona destacada como documentalista, como una persona vinculada a
grupos que no tenia ninguna vinculación” finalizó.
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