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EXTRAÑA SITUACIÓN EN
TRIBUNAL |
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Postergan nuevamente juicio contra
Roberto Painemil y Héctor Llaitul |
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Los querellantes son la
representante de la Presidenta Bachelet, la Intendenta Nora
Barrientos, y Forestal Mininco. La fiscal Vania Arancibia ha
solicitado nueve años de prisión para ambos formalizados,
acusándolos de los supuestos delitos de incendio y porte de armas. |
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Por
Lucía SEPÚLVEDA
I
Viernes 18 de Abril de 2008 |
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Frontis de Cárcel de N.
Imperial. |
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Foto de Pablo Díaz. |
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Párrafos |
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En
Nueva Imperial (Región de la Araucanía) fue postergada para el
2 de mayo próximo la audiencia en que debía fijarse la fecha y
composición del tribunal que llevará a juicio oral al
dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor LLaitul, y
al comunero Roberto Painemil. |
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La
misión de derechos humanos, encabezada por la abogada Graciela
Alvarez, Presidenta de la filial chilena de la entidad, emitió
un duro informe esta semana en Santiago de Chile, con un
recuento de las violaciones a los derechos humanos y al debido
proceso. |
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NUEVA IMPERIAL
/ En Nueva Imperial
(Región de la Araucanía) fue postergada para el 2 de mayo próximo la
audiencia en que debía fijarse la fecha y composición del tribunal que
llevará a juicio oral al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco,
Héctor LLaitul, y al comunero Roberto Painemil. La razón de la nueva
dilación del proceso es técnica, según el tribunal: el daño que se
produjo en la cinta que contenía la declaración grabada de Roberto
Painemil denunciando haber inculpado a Llaitul bajo los efectos de la
tortura, afirmando no conocerlo y negándose a ratificar la declaración
inicial.
Se trata de una pieza
clave para la jueza Claudia Sánchez puesto que Llaitul había sido
inicialmente inculpado por Roberto Painemil, y en esa primera
declaración hoy refutada, reside todo el “peso” de la causa de la
fiscalía contra el dirigente de la CAM y del propio Painemil. Ambos
luchadores mapuche llevan más de un año y tres meses en “prisión
preventiva”, encarcelados sin juicio. Sólo se les notificó de acusación
formal en marzo de este año aunque de hecho están purgando una condena
anticipada por el atentado incendiario contra maquinaria de Forestal
Mininco, ocurrido en el fundo Las Praderas el 25 de Diciembre de 2006.
Refuerzos para defensoría
Los querellantes son
la representante de la Presidenta Bachelet, la Intendenta Nora
Barrientos, y Forestal Mininco. La fiscal Vania Arancibia ha solicitado
nueve años de prisión para ambos formalizados, acusándolos de los
supuestos delitos de incendio y porte de armas. En la práctica, ellos
tenían una nula defensa legal pues a lo largo de todo el año 2007, los
abogados de la Defensoría Pública Mapuche (Ricardo Cáceres y Jaime
Löpez) nunca solicitaron su libertad bajo fianza, ni impugnaron la
declaración por la cual Painemil inculpó a Llaitul en el hecho
investigado.
Ahora la situación es
diferente, ya que el abogado de Derechos Humanos Juan Enrique Prieto (de
la Fundación Laura Rodríguez, vinculada al Partido Humanista) y el ex
Juez Juan Guzmán (Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central)
están apoyando a los defensores públicos en el tema. A pedido de la
organización de Familiares de Presos Políticos de la Coordinadora, que
teme la orquestación de un montaje en contra de los inculpados, se harán
presente en el juicio asimismo observadores de organizaciones de
derechos humanos de Chile y el extranjero.
Duro informe
Las irregularidades
de este y otros procesos fueron denunciadas por los presos políticos
mapuche de la región a una delegación internacional de la Asociación
Americana de Juristas, que realizó en enero de este año una visita in
situ a la Novena Región, visitando comunidades y cárceles en que están
recluidos hombres y mujeres mapuche. La misión, encabezada por la
abogada Graciela Alvarez, Presidenta de la filial chilena de la entidad,
emitió un duro informe esta semana en Santiago de Chile, con un recuento
de las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
El informe se hace
eco de las denuncias de militarización del territorio de todas las
comunidades que defienden sus tierras ancestrales y hace presente, entre
otras consideraciones, la indefensión en materia legal que afecta a los
presos políticos y a las comunidades, sus familias y en especial sus
niños frente a la violencia desplegada en su contra por agentes del
Estado en los constantes allanamientos de que son objeto /
AZ
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