Pocos en Chile saben de la existencia de una caleta llamada Mississipi en la nueva Región de los Ríos. Menos aún saben de la dramática situación que hoy viven las familias de pescadores, muchas de ellas mapuche lafkenche, que allí habitan. Esto como consecuencia de los planes de Celulosa Arauco de construir un ducto desde su planta en las cercanías de San José de la Mariquina hasta la bahía de Mehuín para botar sus desechos contaminantes al mar. Esto también, por el silencio cómplice de las autoridades.

La que en el pasado fuera una apacible comunidad de pescadores unidos por vínculos familiares, laborales y culturales, es hoy una comunidad fragmentada que muestra evidentes señales de degradación social y moral. Ello se manifiesta en las constantes agresiones y amenazas de que son objeto muchos de sus habitantes - con riesgo para su integridad física y su vida - que siguen rechazando el proyecto de Celulosa Arauco. Tales agresiones provienen de los pescadores de la vecina caleta de Mehuín, los que han comprometido, previo pago de dinero por parte de la empresa, su respaldo a la construcción del ducto al mar.

Dichas agresiones han ido en ascenso de manera alarmante en los últimos días, sin que las autoridades hasta ahora hayan intervenido de manera enérgica para ponerles freno. Así por ejemplo, el dos de abril un grupo de aproximadamente cien personas de Mehuín que se movilizaron en embarcaciones, atacaron con piedras y elementos contundentes la sede de los pescadores de Mississipi oponentes al ducto. Producto del ataque, algunas mujeres resultaron con serias lesiones por golpes de manos y piedras debiendo acudir al servicio de urgencia. El mismo día fueron retenidas a la fuerza un grupo de mujeres de la cocinería de la agrupación agro turística Lafkenche en la caleta de Mehuín, quienes permanecieron por más de cinco horas encerradas a la fuerza, tiempo durante el cual recibieron amenazas de muerte contra ellas y sus grupos familiares.

El cinco de abril, Eliab Viguera, principal vocero del Comité de Defensa del Mar, junto a cuatro personas, fue abordado por un grupo de alrededor de 70 personas de Mehuín en el balseo que une la primera localidad con Mississipi, con la clara intención de atentar en contra de su integridad física. La presencia de dos carabineros que estaban allí, evitó que estos hechos terminaran con víctimas fatales. No obstante aquello, las amenazas de muerte siguieron, junto con el lanzamiento de elementos contundentes (piedras) en contra de Viguera y sus acompañantes.

Las agresiones antes señaladas tienen un antecedente clave; el convenio que en el mes de octubre pasado suscribieron Celulosa Arauco y el Sindicato de Trabajadores Independientes del Mar de Mehuín, al que adhirieron más tarde otros sindicatos, sumando un total cercano a las 250 personas, a objeto de hacer posible la construcción del ducto al mar requerido por la empresa. En efecto, en dicho convenio de fecha 9 de octubre la empresa reconoce que en virtud de resolución de la COREMA de 2005 está obligada a proponer y poner en operación una alternativa a la descarga de riles de dicha planta en un lugar distinto del Rio Cruces (Santuario de la naturalaza), identificando la bahía de Mehuín para tales efectos, para lo cual debe realizar un estudio de impacto ambiental.

En el mismo convenio los pescadores acuerdan colaborar con los estudios y mediciones requeridos por la empresa, así como con todas las gestiones que sean necesarias para que le sean otorgadas las autorizaciones para la instalación del ducto. Para estos efectos la empresa ofrece pagar al Sindicato un total de $ 424.000.000 (un millón de dólares), de los cuales $159.000.000 les fueron cancelados al momento de su suscripción, y el resto les serían pagados en cuatro cuotas hasta la entrada en funcionamiento del ducto, garantizando estratégicamente con ello la colaboración de sus integrantes hasta la concreción de los planes de la empresa.

Cabe señalar que quienes suscriben este convenio son los mismos pescadores que desde mediados de los noventa conformaban una comunidad férreamente unida en la defensa del mar que por largo tiempo les ha proveído su sustento. Tal unidad, que fue determinante para que la empresa modificara entonces sus planes iniciales de botar en la bahía de Mehuín sus desechos contaminantes, se constituyó en un ejemplo para muchas otras comunidades a lo largo del país que han visto sus hábitat amenazados por proyectos de inversión, muchas veces inconsultos, propuestos para sus territorios desde escritorios ubicados en Santiago u otras capitales del mundo.

El convenio promovido por Celulosa Arauco es reprochable desde todo punto de vista. Desde el punto de vista ético, compra por un monto insignificante de dinero las voluntades y conciencias de personas de bajos ingresos. Cabe señalar que Celulosa Arauco obtuvo el 2007 utilidades por 346 millones de dólares, siendo el brazo forestal el que más aportó al 29% de utilidades en que aumentaron las ganancias del grupo Angelini. Este poder finalmente doblegó a un grupo de pescadores que por más de una década han defendido su hábitat con la convicción de que el ducto propuesto por ella dará muerte al mar y al desarrollo de la actividad que ha sustentado su economía y su cultura por generaciones. No solo ello, el convenio ha generado una división de tal magnitud al interior de la comunidad – y en ocasiones al interior de las familias que la componen- que transformó una comunidad pacífica en una comunidad dominada por la violencia, la agresión y el temor.

Por otro lado, desde el punto de vista jurídico, el convenio es de legalidad cuestionable, toda vez que implica la renuncia anticipada, mediante un acto entre privados, a un proceso de derecho público, cual es la participación ciudadana prevista en los estudios de impacto ambiental considerados en la ley de bases del medio ambiente.

Dado que la población involucrada es mayoritariamente mapuche, el acuerdo también resulta claramente contradictorio con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales recientemente aprobado por el Senado, el que establece que estos pueblos tienen el derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, así como a participar en la formulación y evaluación de todos los planes y programas susceptibles de afectarles (art.7.1). El mismo Convenio establece el deber del estado de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas y planes susceptibles de afectarles (art. 6).

Llama la atención frente a esta realidad la pasividad de las autoridades de gobierno, las que hasta hace poco se han limitado a observar este conflicto como uno entre privados, como si garantizar la convivencia entre los ciudadanos y el bien común no fuese su responsabilidad. En días pasados, producto de la denuncia de los dirigentes del Comité de Defensa del Mar, de comunidades mapuche, y de entidades de derechos humanos, las autoridades regionales han visitado el lugar comprometiéndose a adoptar acciones para garantizar la seguridad de las personas. Una de las medidas adoptadas por ellas fue el envío de un grupo de fuerzas especiales de carabineros a Mississipi para proteger a la comunidad frente a las agresiones de que han sido objeto sus integrantes. La falta de criterio de dichas autoridades resultó en su instalación al interior de la escuela del lugar, impidiendo con ello el desarrollo de las actividades escolares.

En días pasados la comunidad interpuso un recurso de amparo en la Corte de Valdivia recurriendo en contra de pescadores de Mehuín que han protagonizado los hechos de violencia y amenazas antes referidas, solicitando se garantice su derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad y a la libertad garantizadas constitucionalmente. La Corte acogió a tramitación el recurso y ordenó el resguardo policial de la comunidad y de sus integrantes, así como la protección de la gobernación marítima al desarrollo de las actividades productivas en las áreas de manejo de los pescadores mapuche lafkenche.

Aún se espera, sin embargo, la intervención de la autoridad para abordar el problema de fondo detrás de este conflicto, cual es el respeto al derecho de una comunidad, en este caso mayoritariamente indígena, a definir su propio desarrollo, frente a los planes de la empresa Celulosa Arauco de botar sus desechos al mar, destruyendo con ello su hábitat e impidiendo el desarrollo de su actividad tradicional.

Tal como vimos en el cine años atrás, Mississipi está en llamas. Solo que esta vez no en Norteamérica, sino en la región de los Ríos, aquí entre nosotros. ¿Intervendrán las autoridades para evitar la desintegración de esta comunidad y la destrucción de su hábitat y actividad tradicional o dejarán la resolución de este conflicto en las manos del mercado? Esperamos que hagan lo primero, antes que sea muy tarde / AZ

* Abogado, co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

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© Periódico Mapuche Azkintuwe