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FOTO DE
AGENCIAS. |
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La documentalista y directora de
orquestas infantiles Elena Varela fue declarada inocente por la
unanimidad del Tribunal Oral de Villarrica, al concluir ayer jueves el
juicio iniciado el pasado martes 13, presidido por el magistrado Oscar
Viñuelas junto a las juezas Claudia Sánchez, y Alejandra Rosas. Las
siete jornadas del juicio fueron filmadas por el equipo de producción de
la documentalista y ahora constituirán la parte final del documental
“Newen Mapu Che”, abortado con su detención.
El caso se había convertido en un
símbolo de la lucha por la libertad de expresión, ya que todos los
materiales fílmicos y archivos de Elena Varela –ganadora del FONDART
1997 para la citada obra- fueron secuestrados sin devolución al momento
de su detención, el 7 de mayo de 2008 en la localidad precordillerana de
Licanray. Parte del material audiovisual del juicio podrá verse en las
próximas horas en
www.libertadaelenavarela.blogspot.com
La sentencia es una gran victoria
para la libertad de expresión y una flagrante derrota para el Fiscal
Servando Pérez y su equipo ligado a la Agencia Nacional de Inteligencia
ANI que a lo largo del proceso cometieron enormes irregularidades no
corregidas hasta ahora por la justicia chilena. También fueron absueltos
de los cargos de asociación ilícita y robo con violencia los
co-imputados Kenny Sánchez, ex preso político mirista retornado de
Suecia, y Sergio Reyes, técnico forestal y ex empleado de forestal
Mininco.
Sánchez y Reyes pasaron dos años en
la cárcel de alta seguridad de Rancagua y luego en Santiago, en
durísimas condiciones de reclusión. Elena Varela estuvo tres meses
detenida y fue luego liberada con reclusión nocturna, gracias a una
intensa campaña de apoyo nacional e internacional desarrollada por
intelectuales y defensores de los derechos humanos. Un montaje mediático
y policial calificó de terroristas a los tres imputados, involucrándolos
en el asalto al BancoEstado de Loncoche el año 2004, y en el robo con
homicidio en una plaza de pagos del INP en Machalí ocurrido el año 2005.
Los magistrados consideraron que la
fiscalía no habían acreditado las pruebas y dejaron en libertad a los
tres acusados, para quienes se habían pedido penas de 15 y 20 años de
cárcel respectivamente. Según la Fiscalía, Varela había planificado el
delito, mientras que Kenny Sánchez y Sergio Reyes habrían facilitado los
medios de escape. Kenny Sánchez fue condenado lateralmente a medidas
cautelares (firma quincenal en su domicilio de la localidad de Ercilla)
por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Se trata de armas
antiguas, de colección, sin inscripción que se hallaban en su domicilio,
donde él fue detenido. El juicio tuvo lugar en Villarrica a unos 780 km
al sur de Santiago, aproximadamente a una hora de Temuco, capital del
País Mapuche, luego de haber sido aplazado en cinco oportunidades.
Al borde de las lágrimas
En el juicio, Elena Varela pudo
comprobar que en los últimos seis años, cada detalle de su vida
profesional y sentimental estuvo bajo la mira policial, ya que estuvo
sometida a vigilancia permanente. Sufrió robos de equipos en su
domicilio, que había atribuido a delincuencia pero tenían relación con
esa vigilancia que había comenzado antes de la fecha de los asaltos,
cuando ella ya se había trasladado a la zona sur del país, investigando
temas relacionados con las recuperaciones de tierras por líderes
sociales mapuche. El pasado miércoles, con la sala colmada de público
formado por emocionados familiares, cineastas, periodistas y cercanos a
los co-imputados, la documentalista ejerció su derecho a hacer una
última intervención en el juicio, expresando con la voz desgarrada:
“Tengo mucho dolor. Es terrible todo
lo escuchado en este juicio. Yo hago películas. Esto es horrible para mí
y para esta sociedad. Lo que se está exponiendo aquí no tiene nada que
ver con eso. Estos dos años de proceso judicial han destrozado una parte
muy importante de mí, de mi vida, de mi familia. No solamente eso. Esto
ha un impactado dentro de toda la comunidad que me rodea, artistas,
amigos de siempre. A tal grado ha llegado esto que en un momento
determinado cuando quedé libre (condicional), tuve que viajar a Naciones
Unidas, al Comité de Derechos Humanos, para exponer este atropello
grande que se hizo ante mí y por extensión a todos los documentalistas
chilenos. Como ser humano y como mujer siento que he sido violentada en
mis derechos. Se ha expuesto mi vida íntima como persona y sobre eso se
ha construido una historia, una ficción. Con todo el dolor que tengo
dentro lo único que espero es que se haga justicia como corresponde y se
imponga la verdad en todo lo que ha pasado aquí”.
Como el fiscal no pudo probar que el
documental “Newen Mapu” era parte de las tareas de esta supuesta
estructura guerrillera encabezada por Elena, debió apelar a la breve
vinculación sentimental de la realizadora con “Leonardo Civitarese” a
quien Servando Pérez identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del
autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR
formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido
por los hechos, Cristián San Martín, fugado de la cárcel de Temuco en
2006. Elena Varela tuvo que relatar en el juicio todas las
características de su relación con “Civitarese” que incluyó un doloroso
testimonio relativo a la atención médica que tuvo cuando sufrió una
pérdida. En esa circunstancia, “Civitarese” le presentó a Andrea Muñoz,
la testigo protegida de la fiscalía, que trabajaba en un laboratorio
médico.
Para la defensa es claro que el
tribunal se sorprendió por la escasa calidad de las pruebas aportadas
por la fiscalía representada por Servando Pérez, el perseguidor de Elena
Varela, luego de seis años de investigación contra la artista y los
otros dos coimputados. En contraparte, el documentalista Ignacio Agüero
(“El Diario de Agustín”) fue uno de los testigos más destacados de la
defensa de Elena Varela, así como un destacado músico de la Filarmónica
que había sido también involucrado inicialmente en la causa y otros
entrevistados por la documentalista, como Víctor Ancalaf y otras
personalidades.
La testigo protegida
En cambio no se presentó a declarar
ante el tribunal la testigo protegida Andrea Muñoz Gaete, viuda de uno
de los verdaderos integrantes del grupo armado que cometió los asaltos
imputados a estos tres acusados. El fiscal Servando Pérez le pidió al
tribunal que la obligaran a comparecer, pero la petición fue denegada.
Andrea Muñoz era pieza clave de la acusación pues fue ella quien
inicialmente acusó a Elena y el resto de integrar la organización junto
a su marido, que murió en el asalto. Su testimonio sólo consistía en
decir que había escuchado a su marido comentarios acerca de los tres
imputados pero ello constituyó la base del montaje y la justificación
del operativo simultáneo de detención por fuerzas conjuntas de los tres
acusados y otras personas dos años atrás, en mayo de 2008. La defensa
sostuvo que ese testimonio calificado por el inspector de
Investigaciones Juan Reyes como “de escuchas”, se hizo aun más indirecto
ahora cuando esos dichos de oídas fueron narrados al tribunal.
La otra pieza esencial de la fiscalía estaba constituida por los
peritajes hechos por las compañías a celulares de alguna manera ligados
a los tres imputados, con los que se quería mostrar que los tres
imputados se habían comunicado y apoyado los días en que había ocurrido
el asalto. Compareció como testigo un perito en telecomunicaciones, de
apellido Bustamante, que leyó una extensa acusación al respecto. Pero
ante el asombro del juez y de la sala, al ser contrainterrogado y no
poder responder sobre detalles técnicos, el testigo debió reconocer que
el informe que estaba leyendo había sido redactado por un equipo de
inteligencia y que él se limitaba a leerlo para el juicio.
El chantaje a Sergio Reyes
Uno de los momentos más intensos del
juicio fue la declaración del ex empleado de forestal Mininco Sergio
Reyes Matus, quien aseguró que en 2008 firmó bajo presión una confesión
luego de su detención, que desconoció totalmente en el juicio. La
policía y funcionarios de inteligencia lo amenazaron con detener a su
mujer- recién salida de un hospital por depresión endógena - al igual
como habían detenido a la esposa de Kenny Sánchez. Reyes Matus agregó
que no tiene cómo probar los apremios sufridos para su detención que lo
forzaron a firmar la confesión redactada por sus aprehensores, pero sí
puede probar, a través de Gendarmería de la Cárcel de Alta Seguridad,
que el fiscal Servando Pérez en dos oportunidades lo visitó el año 2009
junto a su propio defensor público Cristián Godoy, para ofrecerle que
inculpara a Elena Varela y a Kenny Sánchez a cambio de su propia
libertad.
En el libro de ingreso de Gendarmería
está registrada la visita de Servando Pérez, quien allí se presentó como
abogado y no como fiscal. La última oferta rechazada por el técnico
forestal y ex empleado de Mininco, consistía en quedar libre tan sólo
con firma semanal por cinco años a cambio de inculpar a Varela y
Sánchez. En ese momento Sergio Reyes desahució a su defensor público y
desde entonces su defensa la asumió el abogado de derechos humanos
Nelson Miranda.
Elena Varela fue interrogada por el
juez acerca de si las armas de juguete y las banderas del MIR con que la
policía la presentó en los medios después de la detención eran las
mismas que aparecen en su documental. La artista respondió
afirmativamente, y en el mismo juicio los magistrados pudieron ver los
trailers de los dos documentales en que trabajaba ella cuando fue
detenida: “Sueños del comandante” y Newen Mapu Che. El presidente del
tribunal también se interesó en indagar si los materiales fílmicos
habían sido devueltos, respondiendo la documentalista que sólo una
ínfima parte había sido restituida y que con ello había perdido cinco
valiosos años de investigación sobre temas vinculados a la historia de
la guerrilla de Neltume (1980), el paso de la Caravana de la Muerte por
el sur (1973) y el acoso policial a los mapuche que luchan por la
recuperación de tierras ancestrales (1990 en adelante).
Irregularidades de la policía
Uno de los testigos de la fiscalía
era el inspector Juan Reyes Gutiérrez, quien junto a su colega Luis
Albornoz Urrutia, (ambos de Rancagua) dirigió oficialmente la
investigación. Para sorpresa de los jueces, Reyes reconoció haber
interrogado a Elena Varela a las dos de la madrugada siguiente a su
detención sin la presencia del Fiscal Pérez, que se encontraba en el
recinto. Sostuvo que no consideraba trascendental llamar al fiscal para
que se hiciera presente en el interrogatorio, lo que llamó poderosamente
la atención de los presentes, dada la gravedad de los delitos de
terrorismo por los que se estaba imputando a la documentalista. La
policía de Investigaciones sostuvo siempre que estuvo a cargo de la
detención.
En cambio para los tres imputados y
su defensa, la detención se hizo por parte de personal no identificado
de inteligencia, al viejo estilo de la Central Nacional de Inteligencia
CNI de tiempos de dictadura. Esto quedó en evidencia cuando el abogado
Jaime Madariaga, defensor de Elena Varela contrainterrogó al inspector
Reyes solicitándole que dijera quién firmó el acta de materiales
requisados en el domicilio de Elena Varela, domicilio que era a la vez
la sede de su productora fílmica. Reyes sostuvo que lo hizo la hija de
Elena Varela, lo que era falso pues la niña estaba en clases cuando
ocurrieron los hechos y no estaba presente en el domicilio.
El abogado Jaime Madariaga, que
encabezó la defensa de la documentalista, sostuvo ante el tribunal: “No
cuestionamos que el Ministerio público haga la investigación penal. Lo
que cuestionamos es que la investigación se haga sin apego a la ley,
faltando a la verdad, ocultando la verdad, sabiendo que se está
persiguiendo a una persona inocente.” El tribunal tuvo en esta
oportunidad oído receptivo a esos argumentos.
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