El primero de abril se ha presentado a los pueblos indígenas y al país un Plan de Acción para llegar a un Pacto Social por la Multiculturalidad. En él el Ejecutivo parte reconociendo que, para la formulación del plan de acción, ha tenido en cuenta una circunstancia previa y fundamental: "…el proyecto indigenista de la Concertación iniciado en el año 1989 se encuentra agotado". El esfuerzo del Gobierno apuntará a generar una nueva institucionalidad, representada por la transformación de la CONADI, eliminado su Consejo como órgano superior y por la creación de una instancia burocrática de alto nivel llamada Subsecretaría de Asuntos Indígenas. La contraparte indígena institucional será un referente social llamado Consejo Indígena, con sustento legal y financiamiento público, cuya composición y funciones se desconocen.

Encargados de llevar adelante el plan de acción y de sentar las bases de una futura Subsecretaría estarán un Comité de Ministros (integrado por los Ministerios de Interior, Planificación, Secretaría General de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Agricultura, Vivienda, Cultura, y Medio Ambiente) y un Comisionado. Todos esperamos que la instancia ministerial de transición funcione y que no ocurra lo mismo que con la llamada Coordinación de Políticas indígenas, que se reunió sólo una vez y en la que participaron nada menos que nueve Subsecretarios (Mideplan, Justicia, Vivienda, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Educación, Salud, Trabajo y Agricultura) más el Director de Presupuestos.

Estos funcionarios encabezados por el Subsecretario de Mideplan tenían una larga lista de tareas que nunca realizaron, y que son las mismas que hoy vuelven a figurar en el Plan de Acción (véase Decreto Supremo Nº 132 MIDEPLAN del 11/10/2002.). En el mismo sentido y, por disposición de la Ley Indígena ( art.41 letra b), el Consejo Superior de la CONADI está integrado por cinco Subsecretarios (Mideplan, Segegob, Educación, Bienes Nacionales y Agricultura), lo que significa que nunca ha habido escasez de órganos de alto nivel para abordar el tema indígena.

Ahora bien, cabe preguntarse, porqué se ha tomado esta decisión y se ha llegado a considerar que modificando la CONADI se resuelven los problemas de fondo que afectan a los pueblos indígenas. Cabe preguntarse si la CONADI es un obstáculo real a las tareas de desarrollo del Estado y si es una institución que no tiene la confianza de la gente. Lo claro es que la CONADI a abril del año 2006, según estudios realizados por instancias independientes como el CEP, era una institución que contaba con la confianza de la gran mayoría de la gente mapuche.

Dentro de todo el universo de instancias indígenas la CONADI obtenía lejos más confianza, incluso que las instituciones tradicionales del pueblo mapuche. Esto significa que la gente se sentía muy identificada con esta institución. Dicha encuesta fue realizada en la VIII, IX, X Regiones y la Metropolitana en el año 2005 y 2006. (véase Encuesta Mapuches Rurales Y Urbanos Hoy” CEP 2006). La elección de Consejeros movilizó en las dos últimas elecciones a más de 30.000 personas en todo el país. Considerando que la elección es voluntaria, se realiza en día domingo y que los indígenas tienen niveles bajísimos de participación ciudadana, esta cifra muestra una votación significativa y claramente, que no es una institución alejada de la gente.

Ahora bien, la propuesta de reforma de la CONADI no purifica al Gobierno de todos los errores cometidos por otras instancias del Estado en materia indígena. Dentro de estos errores destacan las torpezas cometidas por el Ministerio que estuvo a cargo del tema indígena en los últimos dos años. De este modo, durante su breve gestión de 20 meses la Ministra de Mideplan cambió tres veces de Director de la CONADI y no sólo eso, sino que nombró, además, a toda la plana directiva del CONADI y Orígenes. Además, esta Ministra anunció planes de desarrollo de millones de dólares inexistentes como el “Plan Araucanía” que la misma Conadi se encargó de desmentir.

También se debe recordar que en pleno proceso de distensión para desjudicializar el tema indígena apareció la Ministra amenazando con cárcel a los pocos comuneros que arrendaban sus tierras. En fin, se generó un ambiente de desorden y de desconfianzas que abrió espacio para el crecimiento de los grupos radicalizados, situación que aún no se aprecia en su total magnitud y que seguramente lamentaremos por muchos años. Dado lo anterior cabe preguntarse ¿Quién es el responsable de toda esta situación? Sin embargo, hoy día la tarea es reformar CONADI y Orígenes y todo eso manteniendo a los mismos actores. La CONADI es una institución imperfecta y responde sólo a lo que es la realidad política y social actual de nuestro país, pero es un espacio de participación de la población indígena que no existe en ninguna otra parte. Esa participación es la más elevada que está dispuesta a dar hoy la sociedad chilena.

La representación política en los municipios y en el Parlamento, antes que se materialice la reforma, la van a tener que dar los partidos políticos que, como todos sabemos, operan en un sistema electoral que es imbatible por las minorías. Ahora bien, se ofrece en el Plan, a cambio de la eliminación de la participación en la CONADI, varias cosas que no parecen realizables en el mediano plazo. Sólo teniendo presente lo que se demoró el Convenio 169 OIT en ser ratificado (16 años), no obstante haberse enviado al Parlamento antes que el Proyecto de Ley Indígena y el proyecto de Reconocimiento Constitucional todavía pendiente, sólo queda esperar que el ambicioso plan de reformas estructurales propuesto se materialice en unos 20 años, esto, si es que todos los Gobiernos que sucedan al actual mantienen la misma idea.

Hay que considerar, además, que el Gobierno actual tiene minoría parlamentaria. A este respecto y así como van las cosas (derrota frente a la acusación de la Ministra Provoste), puede estar en riesgo incluso la aprobación de la Ley de Presupuesto para dar más recursos a los indígenas. La parte medular del plan de acción es materia de ley - y en algunos casos de Reforma Constitucional -, en especial cuestiones tales como la modificación de la CONADI, la creación de la Subsecretaría, la participación indígena en el Parlamento, en los Consejos Regionales, en los consejos comunales o el reconocimiento de las comunidades en la Ley de Municipalidades. Hoy día puede que se logren votos en el Parlamento para modificar la Ley Indígena, pero no para otros temas sustantivos como los anteriormente mencionados.

De este modo podría desaparecer el minúsculo espacio de participación imperfecta que existe en la CONADI y la “gran” participación puede quedar pendiente indefinidamente. Hablo de participación imperfecta porque los Consejeros no son propiamente electos por la gente sino que “propuestos” y porque en el Consejo de la CONADI de los nueve pueblos indígenas que hay en el país, más de la mitad no están representados. Así, en dicho Consejo, no están los Kollas, Quechuas, Yaganes, Kawashkar y Diaguitas. Esto se podría resolver por la vía del nombramiento de los tres representantes presidenciales (Art.41 letra c de la Ley Indígena), pero nunca ha existido la voluntad de hacerlo, a pesar de las muchas propuestas y requerimientos (esta la situación se la formulé a dos Coordinadores de Políticas indígenas, incluso envié ternas, sin resultado). Por lo tanto, si en la instancia indígena especializada, se excluye de la participación a ciertos pueblos originarios por ser minoría, no es mucho lo que se puede esperar a nivel nacional.

Dentro de las cosas destacables del plan, hay que valorar la prudencia observada por el Ejecutivo, en el sentido de cuidar que la actual institucionalidad advertida de cambio, no se debilite y que siga cumpliendo sus funciones con cierta fuerza. Haber procedido de otra forma hubiera sido un error muy grave. También, en materia de tierras, se aprecia el deseo de avanzar en la pronta superación de este problema, lo que es positivo para la paz en las zonas mapuches. El plan de acción, para quienes tienen alguna cercanía con el tema indígena, suena muy familiar a propuestas anteriores y por eso es dable suponer que en los próximos 23 meses de Gobierno no habrá grandes cambios. Muchos aspectos presentados como tareas del plan ya están operando hace bastante tiempo. Al menos, y a pesar de la retórica refundacional, se nos dice que hay voluntad de mejorar las cosas / AZ

* Abogado y ex Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI.

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© Periódico Mapuche Azkintuwe