TEMUKO / Reestructuración de equipos especiales para que apliquen algunas tácticas del tipo "antiguerrilla", reforzamiento del contingente con personal de regiones vecinas y fortalecimiento del trabajo de inteligencia contra los focos de movilizaciones son las medidas de contingencia que estudia Carabineros para Wallmapu, donde el incendio intencional de las dependencias del fundo de Eduardo Luchsinger, en Vilcún, agudizó la preocupación policial por la violencia en la zona mapuche.

Las mencionadas acciones fueron analizadas ayer durante las reuniones de contingencia encabezadas por el general director Eduardo Gordon, y en las que participaron los generales inspectores de la policía uniformada. Según fuentes de la institución, la citada estrategia implica usar algunas tácticas "antiguerrilla", tales como el copamiento de zonas críticas, que irá ligado a misiones de acoso (en este caso policial) a los grupos más radicales, de manera de limitar al máximo sus movimientos hacia sus probables futuros objetivos.

Además, se buscarán nuevos canales de recolección de información de inteligencia para anticipar posibles atentados. En esta línea, se dijo, también se intentará sorprender a los autores de ataques en flagrancia, y para ello se acentuarán, incluso, las vigilancias nocturnas. Las citadas acciones, dijeron las fuentes, están a la espera de coordinaciones con el Ministerio Público, encargado de decretar diligencias tras las últimas acciones de fuerza.

Durante la jornada de ayer, el jefe de la IX Zona, general Mario Boqui, salió a terreno a fiscalizar los servicios actuales para luego informar sobre la situación real, y de esa forma afinar algunos detalles de la estrategia antes citada que estudia el mando de la policía uniformada. En Carabineros no fue un dato menor, agregan las fuentes consultadas, que durante el ataque a un fundo en el sector de Pailahueque los autores se hayan identificado como "guerrilla mapuche". Este elemento llamó la atención a los policías de la zona, pues hablaría de una nueva etapa de preparación de grupos radicales.

Dieciocho causas

En Temuco, el fiscal Miguel Velásquez, designado para investigar los sucesivos atentados contra el agricultor René Urban y la quema de camiones en la Autopista de la Araucanía, se constituyó al mediodía de ayer en el fundo "Santa Rosa", donde tomó declaraciones al agricultor Eduardo Luchsinger, a su esposa y al cuidador del predio atacado. Velásquez dijo que hasta ahora reúne 18 causas por ambos hechos. De ese total, precisó, en cuatro relacionadas con amenazas, daños y robos de animales en el caso del agricultor René Urban ya había condenados o imputados.

Y de la investigación por las quemas de seis camiones, registradas entre diciembre y marzo, especificó que en el caso del ataque incendiario a un camión forestal en el sector de Pidima (Ercilla) hay cinco imputados en prisión preventiva, todos mapuches, y que en los próximos días acusará a otras tres personas no mapuches pero integrantes de su red de apoyo, por su presunta responsabilidad en el ataque incendiario contra dos camiones en el sector de Chamichaco (Ercilla), registrado en la madrugada del 5 de enero último.

Velásquez anticipó que en los próximos días ordenará el ingreso y registro de viviendas, posiblemente en comunidades mapuches, en busca de autores de otros atentados similares. El fiscal especial para la violencia en la zona agregó que dentro de su análisis investigativo se evalúa un eventual resurgimiento o rearticulación de la Coordinadora Arauco Malleco. "La fiscalía a lo largo de Chile no tolera la impunidad, y en este caso, se habían adoptado medidas".

CAM reivindica ataque

La comunidad mapuche de Yeupeco, vecina al fundo "Santa Rosa" e integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se atribuyó el ataque a través del siguiente correo electrónico enviado a Radio Biobío:

"Los órganos de resistencia de nuestra Nación Mapuche han realizado una acción de justicia frente al despojo histórico de nuestra nación en contra de latifundistas que mantienen ocupado nuestro Wallmapu, territorio mapuche. A más de 7 meses del asesinato por la espalda del Weichafe Matías Catrileo, no existe la más mínima señal de justicia de parte del Estado de Chile, y no creemos que ésta venga de quien nos golpea cotidianamente y que continúa actuando contra nuestras comunidades. Frente a acciones de este tipo, y en vista de que la justicia no se vislumbra por ninguna parte para nuestra Nación, nos reservamos el derecho a responder a las agresiones de parte de agentes del Estado".

En la investigación global de las bandas armadas que atacan propiedades agrícolas en Arauco y Malleco -escenario del conflicto mapuche- el fiscal de la Araucanía Francisco Ljubetic admitió que han detectado la intervención de ultraizquierdistas, anarquistas, agitadores extranjeros y ONGs. Citó el caso del grupo de militantes del MIR integrado por la documentalista Elena Varela, investigado en Rancagua por dos robos con violencia destinado a reunir dinero para financiar el movimiento indigenista.

Ljubetic recordó que la participación de los anarquistas en la causa mapuche ha sido reivindicada en los panfletos hallados en la mayoría de los 70 atentados explosivos perpetrados en la Región Metropolitana. Y en la destrucción del campamento forestal Mininco de Lumaco -dijo- los testigos coincidieron en que el sujeto que dirigió el ataque incendiario hablaba con acento peruano o boliviano. Ljubetic explicó que la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que reivindica la propiedad de la tierra y el gobierno autónomo, es una organización de hecho y por tanto quienes aparecen como sus dirigentes no pueden ser perseguidos legalmente sólo porque ejercen tales cargos.

En su análisis, el fiscal de la Araucanía reconoció que la CAM tiene voceros públicos y cabecillas clandestinos para reemplazar a aquellos que son imputados de delitos y llevados a juicio. Esta organización mapuche tiene redes nacionales y extranjeras de apoyo, y ayuda económica de ONGs. Mencionó al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual le proporciona abogados defensores. Ljubetic hizo ver que los tribunales han elevado los estándares de calidad a las pruebas presentadas por su fiscalía en los juicios vinculados a la violencia mapuche, respecto de otros delitos comunes.

Seguridad Interior

El Gobierno, a través de la intendenta de la IX Región, Nora Barrientos (PS), invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado en la querella que interpuso contra quienes resulten responsables en su calidad de autores, cómplices o encubridores del atentado armado e incendiario al predio del agricultor Eduardo Luchsinger.

"Se hizo porque hubo una grave alteración al orden público... No tenemos antecedentes para invocar la ley antiterrorista", agregó Barrientos respecto de la calificación jurídica de los hechos. Insistió que tampoco tenía antecedentes para relacionar a grupos mapuches con el ataque. "No podemos decir a priori que aquí hay personas de la etnia mapuche o no. La investigación arrojará ese resultado, y, como siempre, esperamos que sea acuciosa, rápida y con resultados a la brevedad", dijo / AZ
 

* Gentileza www.emol.com

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