SANTIAGO / Brutalidad policial para enfrentar las movilizaciones sociales, torturas en las cárceles y discriminación que impide, por razones económicas, que todas las mujeres tengan derecho a un parto sin dolor. Estos son sólo algunos de los aspectos que marcan la realidad del país de cara al Bicentenario, según el poco alentador documento elaborado por la casa de estudios superiores.

La llegada del relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Menéndez el próximo jueves, no será precisamente favorable a la hora de evaluar y realizar observaciones sobre la situación de los derechos humanos de los reos en los distintos centros de detención del país.

Así lo anticipan los autores del Sexto Informe Anual sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), que determinaron que las condiciones carcelarias no han variado a pesar de las nuevas edificaciones que han empezado a operar y que se anticipaban como un respiro para las serias condiciones de hacinamiento que viven los reos.

Las 14 mil plazas de déficit que existen actualmente no discriminan entre los centros antiguos y nuevos. Y tampoco los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Un paquete que deja en claro que la respuesta del Estado frente a la crisis se ha centrado en construir más cárceles y no a una reforma estructural de Gendarmería. Al menos así lo evalúan los autores del estudio. Pero este no es el único ámbito que sacó promedio “rojo” en el respeto a los derechos humanos a nivel nacional poniendo en tela de juicio los resultados de una serie de iniciativas impulsadas en los últimos años en materias de salud, laborales, judiciales e indígenas, entre otras.

Según el editor general y director de investigación del texto, de casi 600 páginas, Nicolás Espejo, han sobrado las buenas intenciones, pero a la hora de implementar las iniciativas, como el plan Reconocer o la reforma procesal penal, los resultados han sido derechamente insuficientes. Y la triste realidad es que “no todos pagamos los mismos costos por el desarrollo”, sino que en la práctica son los grupos minoritarios o de más discriminados quienes lo hacen, como las mujeres, los pobres o los indígenas.

El AUGE a la palestra

A diferencia de su propio nombre, el Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE), no es de acceso universal según el estudio. El documento sostiene que el derecho a la salud ni siquiera está garantizado en el plan, donde queda al descubierto que la promesa de cobertura anunciada se supedita– en la práctica- a criterios económicos y no sanitarios.

Al respecto la académica Alejandra Zúñiga devela que prácticamente todas las Guías Clínicas AUGE – verdaderas “letras chicas” del Plan que son las que especifican las condiciones y requisitos para ser beneficiario del sistema-, establecen criterios de exclusión, tales como: la edad o lugar de residencia del paciente, haciendo imposible el cumplimiento de la promesa de cobertura que la propia ley Nº 19.966 estableció para que ‘toda persona residente en el territorio nacional, independiente de su edad, sexo, educación, etnia, preferencias sexuales o ingreso, pueda contar con un mecanismo de protección social que le dé acceso universal a una atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar las situaciones de enfermedad”.

En tanto, tomando fuentes oficiales y diversos estudios, el capítulo sobre el tema realiza un exhaustivo análisis de incumplimientos y discriminación, siendo particularmente graves aquellos que ocurren en atenciones garantizadas a la mujer, como el derecho al parto sin dolor, incorporado al AUGE a partir de julio del 2007. “Lo que parecía ser una gran noticia resulta en una garantía sin contenido, una GES para unas pocas mujeres que, por distintas circunstancias, pueden hacer uso de este ‘derecho’”, plantea Zúñiga.

Sin derecho a huelga

Ilícita: así se percibe en Chile el derecho a huelga, lo que a ojos de Espejo es una clara contradicción con el nivel de desarrollo y expectativas del país. “Una república que se apresta a celebrar 200 años de existencia y una economía que busca incansablemente su asociación con la elite mundial, no parece condecirse con las prácticas de represión y hostigamiento a las movilizaciones sociales y la brutalidad policial como las que se registran en este informe”, expresó.

Por ello, el abogado destacó que este año el informe haya abarcado el tema de la protesta social y derecho a huelga. Y criticó que mientras el Estado impulsa sendas reformas a la forma de enfrentar las demandas de los pueblos originarios (particularmente el mapuche) al sistema educacional, al sistema electoral y a la justicia y condiciones laborales, al mismo tiempo mantiene, justifica y defiende altos e intensos niveles de represión policial y hostigamiento, salvo cuando se trata de casos en que la protesta social fortalece la posición oficial, como el de la píldora del día después.

Paralelamente, el estudio detectó una excesiva procedimentalización y regulación de las condiciones en que se puede ejercer el derecho a huelga. Y también el detenimiento por parte del Gobierno de la reducción de las empresas donde no se puede ejercer este derecho ligadas a los servicios esenciales, como las eléctricas. También destacó el llamado “mito de la conflictividad laboral”, que se traduce en que los índices de movilizaciones son similares a años anteriores, pero la percepción es que es mayor y se debe principalmente a las declaraciones del propio Gobierno, unido al papel jugado por los medios de comunicación.

El capítulo dedicado al acceso a la Justicia revela “la preocupante situación de las corporaciones de asistencia judicial, -las que constituyen el principal soporte del sistema de asistencia jurídica gratuita del país- toda vez que cuentan con un presupuesto insuficiente y una estructura organizacional atomizada y asentada en la figura de los egresados de derecho, que realizan su práctica profesional”.

También se revisan las principales violaciones al derecho al debido proceso por parte de la legislación militar y su aplicación a civiles. En particular, presta atención a la forma en que el Estado de Chile, a pesar de haber sido condenado hace casi cuatros años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, continúa aplicando un sistema de justicia militar plenamente incompatible con las exigencias básicas de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Pueblos originarios

Otro punto que se evalúa es el modo en que las instituciones constitucionales, legales, judiciales y administrativas –incluyendo las policías- incurren en diversas violaciones a los derechos de estos pueblos. En particular, pone énfasis en el deficiente modelo de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, prácticas de violencia y hostigamiento en contra de comunidades indígenas y de quienes intentan defenderlas y el constante crecimiento de denuncias internacionales en contra de Chile en esta materia.

Y pone la lupa sobre la falta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, destacando que a pesar de que se ratificó el largamente dormido Convenio 169 de la OIT; este se hizo con interpretaciones y alcances que atentan directamente con su objetivo. Además, reconoce la violencia y hostigamiento policial en comunidades mapuches y plantea la necesidad de restringir el hostigamiento a comunicadores audiovisuales, recordando el emblemático caso de la documentalista Elena Varela que además de ser detenida sufrió la incautación de todo su material cinematográfico.

Otros temas tocados por el Informe son los derechos de niños, niñas y adolescentes, medio ambiente, de la mujer, violaciones a los DDHH en el pasado, minorías sexuales y condiciones carcelarias. Y además, realiza una profunda crítica a las instituciones nacionales relativas al tema, que en opinión de los expertos adolecen de falta de independencia, recursos y límites operativos.

E incluso, reprueban el proyecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que aunque “planea llevar el nombre de Juan Bustos Ramírez”, según Espejo está lejos de ser una realidad, ya que la discusión legislativa está estancada. Y sobre todo, no es un organismo autónomo, lo que queda absolutamente claro con el hecho de “que Viera Gallo tranquilice a la derecha asegurándoles que de ningún modo lo será”.

“El reconocimiento de los errores en estas materias es, sin lugar a dudas, excepcional. Por ello, un informe sobre violaciones a los derechos humanos es demasiado importante para la calidad de la democracia. Su objetivo no es agradar, sino incomodar. Su metodología no es la misma utilizada en informes de avance o implementación de políticas públicas o legislación. Su vocación no es el compromiso entre los intereses en juego, sino la férrea defensa de aquello que más valoramos cuando nos enfrentamos al poder o la ausencia del mismo", concluyó el master en Derecho Internacional de Derechos Humanos / AZ
 

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© Periódico Mapuche Azkintuwe