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FOTO DE PABLO DÍAZ |
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"No soy responsable de
la desaparición de Omar Venturelli: en aquel período no
desempeñaba el rol de juez militar". Esta fue la escueta
declaración del ex fiscal militar Alfonso Podlech
Michaud (73 años) durante su interrogatorio en el
Palacio de Justicia de Roma, el pasado 14 de agosto. Podlech había sido trasladado el día anterior desde
Madrid a Italia, luego de ser arrestado el pasado 26 de
julio en el aeropuerto de Madrid, por el que estaba
transitando para tomar un vuelo hacia Praga. Sobre él
pendía un mandato de captura europeo dictado por el
fiscal adjunto Giancarlo Capaldo, encargado de la
investigación sobre el Plan Cóndor que busca esclarecer
la desaparición de ciudadanos italianos en América
Latina en la época de las dictaduras militares de los
años '70 y '80.
Podlech se presentó en el aula de justicia escoltado por
cinco agentes de la policía penitenciaria. El
interrogatorio de garantía se celebró ante el juez de
investigaciones preliminares Sante Spinaci y el propio
fiscal adjunto Capaldo, quien desestimó su alegato de
inocencia. Tras el interrogatorio, Podlech fue llevado
de vuelta a la cárcel romana de Rebibbia. Allí
permanecerá recluido mientras el proceso judicial siga
su curso. Por las cámaras de televisión que registraron
su ingreso al penal se lo veía demacrado. Razones tiene
de sobra.
Tras gozar por más de 30 años de absoluta impunidad en
Chile, Podlech arriesga pasar el resto de su vida en una
cárcel romana. Es lo que espera el fiscal Cataldo, quien
tras el interrogatorio señaló no creer en absoluto la
declaración de inocencia del ex fiscal militar del
régimen. “El señor Podlech se a declarado inocente
aduciendo que no era fiscal militar en el momento del
arresto, de la tortura y de la muerte de Omar Venturelli.
Como fiscalía tenemos pruebas que demuestran lo
contrario”, subrayó el fiscal a la prensa. No es el
único que tiene esa certeza.
Manos con sangre
Durante la dictadura pinochetista, cuatro ciudadanos
ítalo-chilenos fueron víctimas del desaparecimiento
forzado. Ellos son Juan Bosco Maino Canales, Omar
Roberto Venturelli Leonelli, Juan Montiglio Murúa y
Jaime Patricio Donato Avendaño. Los dos últimos figuran
en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzados al
mar, frente a las costas de San Antonio. El proceso que
tiene tras las rejas al ex fiscal Podlech data de 1998,
año en que el senador del Partido Verde, Stefano Boco,
solicitó a la Fiscalía italiana abrir una investigación
para esclarecer la desaparición de sus conciudadanos en
Chile, ello en el marco de la Operación Condor.
Omar Venturelli Leonelli (31 años, padre de una hija),
era miembro del Movimiento Cristiano por el Socialismo y
hasta septiembre de 1973 trabajaba como profesor en la
Universidad Católica de Temuco, a 670 kilómetros al sur
de Santiago. Con fecha 25 de septiembre se presentó de
manera voluntaria ante las autoridades del Regimiento
Tucapel, tras enterarse que era buscado por los
militares. Al día siguiente fue trasladado a la cárcel
de la capital regional. El 4 de octubre de 1973, el
padre de Venturelli fue informado que su hijo había sido
puesto en libertad el día anterior. Igual información se
le dio en la Fiscalía Militar, donde incluso le
exhibieron una supuesta “orden” al respecto. Nunca más
se volvió a saber de su paradero.
En julio de 2006, Fresia Cea Villalobos, esposa de
Venturelli, presentó en Chile una querella contra el
fallecido dictador Pinochet y el ex fiscal militar
Alfonso Podlech, en ambos casos por su responsabilidad
criminal en la desaparición. Si bien el ex fiscal jamás
fue procesado por la justicia chilena, Cea no tiene
dudas de que sus manos están manchadas de sangre.
“Tenemos muchas pruebas que demuestran que efectivamente
el señor Podlech participó activamente, desde el mismo
11 de septiembre de 1973, en todas las acciones de
represión en Temuco. Nosotros tenemos documentos en que
el señor Podlech informa, en los primeros días tras el
golpe de Estado, en una reunión del Colegio de Abogados,
que él ha sido nombrado fiscal y eso está firmado por el
presidente del Colegio de Temuco”, señaló desde Italia
en declaraciones a Radio Cooperativa. Relató que se
enteró por un profesor que había sido liberado que su
marido “estaba muy mal, muy maltratado”. Cea aseguró que
el cáncer que le es tratado actualmente se ve en parte
mitigado tras la detención del ex fiscal. “Porque está
la esperanza de que Italia, que ha sido siempre mi
segunda patria, pueda darnos un poco de tranquilidad
haciendo justicia por el caso de Omar y los otros
desaparecidos italianos”, subrayó.
Su voz no es la única. En diversas declaraciones de
víctimas de torturas éstas mencionan a Podlech como el
encargado de dirigir los duros interrogatorios en el
Regimiento Tucapel y de someter a las víctimas a
fusilamientos simulados. Bien lo sabe Víctor Maturana,
ex preso político, por entonces militante del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y actual coordinador
del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos (CINPRODH) de la IX Región. Tras ser requerido
por los militares, Maturana se presentó el 13 de
septiembre de 1973 ante la Fiscalía ubicada al interior
del Regimiento Tucapel. Allí fue testigo directo del
actuar de Podlech.
“Yo me presenté ante el asesor jurídico de la Fiscalía,
el abogado Alfonso Podlech. En aquellos días, en
términos estrictos, no era el fiscal titular, pero
actuaba como tal, vestía uniforme militar, con pistola
al cinto, Podlech hacia y deshacía, dictaba órdenes de
detención, hacia procesamientos, nos enviaba a los
presos políticos al Servicio de Inteligencia Militar
para las torturas, era quien pedía las condenas, él era
quien gobernaba y hacia ostentación de ello, podría
decir que hasta la disfrutaba”, relata Maturana.
“Podlech tenía un poder ilimitado, con un accionar que
contravenía absolutamente las normas del debido proceso.
Él no puede alegar hoy desconocimiento de lo que
sucedía, porque la Fiscalía y el Servicio de
Inteligencia estaban absolutamente coordinados. Muchas
veces había personal de la Fiscalía tomando nota en las
sesiones de tortura, con ella redactaban declaraciones
que nos hacían firmar más tarde. Esto grafica el campo
de maniobra y el poder casi ilimitado que este señor
tenía en Temuco”, enfatiza.
Maturana, para quién Podlech pidió la pena de muerte por
supuesta “traición a la patria”, compartió encierro con
Omar Venturelli y fue una de las últimas personas que lo
vio con vida. “Recuerdo que la última semana de
septiembre del 73’ llegó Omar a la cárcel de Temuco. Yo
a él lo conocía de antes, por actividades políticas
conjuntas, incluso deportivas. Los presos políticos
teníamos un espacio aparte de la población penal.
Compartió unos días con nosotros, conversábamos de
muchas cosas, principalmente de lo que sucedía, eran
días muy difíciles. Un día, de comienzos de octubre, lo
llaman. Se asoma un gendarme al recinto donde estábamos
y dice ‘que Omar Venturelli salga porque una patrulla
militar lo tiene que llevar a la Fiscalía. Nos
despedimos, porque cuando nos sacaban teníamos la
tendencia a desearnos suerte, a darnos la mano, porque
uno no sabia muchas veces si volvía o no.
Lamentablemente Omar fue uno de aquellos que no volvió
nunca más. Salió rumbo a la Fiscalía Militar y no
regresó jamás con nosotros, es un detenido desaparecido
hasta hoy. En ese caso concreto, si Omar fue a la
Fiscalía, hay una responsabilidad directa de Adolfo
Podlech en su desaparición, pues Podlech decidía a quién
había que ir a buscar a la cárcel, cómo y cuándo”,
señala.
El testimonio de Maturana es clave en el proceso
judicial abierto por la justicia italiana contra Podlech.
Ya el año 2000 fue citado a declarar por el fiscal
adjunto Giancarlo Capaldo. “Entregue todos estos
antecedentes al fiscal en Buenos Aires, ciudad donde me
citó. Al parecer mi testimonio resultó bastante
esclarecedor del actuar de Podlech”, apunta Maturana,
quien no descarta viajar hasta Roma para declarar en el
juicio contra su antiguo carcelero.
Otra persona que conoció a Podlech fue Víctor Gavilán,
ex preso político, militante del Movimiento Campesino
Revolucionario (MCR), actualmente radicado en Calgary,
Canadá. “Fui condenado a 20 años de prisión en un
Consejo de Guerra en marzo de 1974 en la ciudad de
Temuco y cuyo fiscal era Alfonso Podlech, quien desde la
simple categoría de abogado local, de la noche a la
mañana, se trasformó en el fiscal militar más sangriento
y represor en la provincial de Cautín, de los partidos
de la izquierda chilena, del pueblo mapuche y de los
cristianos comprometidos con el proceso de cambios de
aquella época”, relata. Gavilán, a diferencia de
Maturana, logró conocer a Podlech incluso antes de que
este vistiera el uniforme militar. Y el cambio,
rememora, lo dejó estupefacto.
“Le conocí por el año 1969 en su oficina de asuntos
legales, no tenía más de 38 años de edad y yo 24 años.
Yo desarrollé mi práctica como asistente social en la
Penitenciaria de Temuco, y precisamente logré trabajar
por seis meses con Podlech, quien firmaba mis informes
sociales para obtener la libertad de muchos mapuches y
pueblo pobre detenidos por abigeato, robo de gallinas y
productos de hortaliza. Esta práctica no duró más de 6
meses y no volví a ver a Podlech hasta diciembre de
1973. Resulta que yo fui detenido en Arauco y desde allí
trasladado a Temuco, donde fui recibido por el jefe del
Servicio de Inteligencia Militar y para mi sorpresa
también por Adolfo Podlech, ahora fiscal. Recuerdo que
sorprendido con mi militancia política, me advirtió que
lo pasaría muy mal. Claramente ya no era el mismo que
había conocido años atrás; se había trasformado en un
chacal a tiempo completo”, subraya Gavilán.
Jurisdicción
universal
El 26 de julio, Alfonso Podlech abordó un avión en el
aeródromo Maquehue de Temuco que lo llevó hasta
Santiago, donde tras pasar el chequeo de Policía
Internacional de Investigaciones se embarcó rumbo a
Madrid, España. En el aeropuerto de Barajas, en compañía
de su cónyuge, Mónica Pinto Cáceres y dos nietas, esperó
el vuelo que lo llevaría a su destino: la ciudad de
Praga, en la República Checa, donde proyectaba pasar sus
vacaciones. Había logrado pasar los chequeos
correspondientes, pero ya en el avión dos agentes
españoles de INTERPOL lo arrestaron al pesar en su
contra una orden de captura europea. No es el único que
podría correr la misma suerte en Europa.
El fiscal Capaldo, al menos en el caso Venturelli, ha
determinado que estarían involucrados además de Podlech
el coronel (r) Marcelo Moren Brito y los civiles Máximo
Vivanco, Pablo Márquez, Pedro Calderón y Nelson Ubilla.
Sobre todos ellos pesan también órdenes de captura a
nivel europeo. Y la lista se extiende en otros casos.
“Son más de 30 los chilenos respecto de los que existe
orden internacional de captura por procesos abiertos en
su contra en países que ejercen “Jurisdicción
Universal”, la que pretenden materializar llevando a los
inculpados a responder ante sus propios tribunales por
delitos contra los derechos humanos”, señala Leonardo
Aravena, profesor de Derecho de la Universidad Central y
coordinador Justicia Internacional y CPI Amnistía
Internacional-Chile.
“Hoy se estima que los Estados tienen el deber de juzgar
o de extraditar a Estados dispuestos a hacerlo, a los
sospechosos de genocidio, crímenes de lesa humanidad
cometidos en conflictos de carácter no internacional,
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o
tortura. En el caso Podlech la justicia italiana actúa,
al solicitar orden de captura, basada en postulados de
la “Jurisdicción Universal”, entendida aquélla como
manifestación extraterritorial de la jurisdicción de los
Estados, no descrita ni establecida en forma expresa, no
obstante haber sido aplicada por diversos países, que
obliga a las jurisdicciones nacionales a actuar respecto
de hechos gravísimos cometidos por personas naturales,
contra los derechos fundamentales de los seres humanos,
considerados tanto individualmente como en forma
grupal”, explica.
“Las personas que aparecen como violadores de los
derechos humanos no pueden visitar países democráticos
porque se exponen a ser detenidos: son delitos de
persecución universal”, subraya el abogado Jaime
Madariaga, quien ha patrocinado a numerosas víctimas de
torturas en La Araucanía. Una de las particularidades
del sistema judicial italiano es que el juicio puede
realizarse además “por derecho de sangre”, lo que
implica el inicio de procesos en ausencia, por delitos
cometidos en cualquier parte del mundo contra ciudadanos
de la península. De hecho, el ex director de la DINA,
Manuel Contreras y el ex agente Raúl Iturriaga Neumann
fueron procesados y sentenciados a 20 y 18 años de
presidio, respectivamente, por el atentado contra
Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, perpetrado
en Roma en octubre de 1975.
Estos avances en la justicia internacional no son
aceptados por la familia del ex fiscal militar. Alfonso
Podlech hijo, quien se desempeña como juez de policía
local en Pucón, ha encabezado una verdadera campaña para
desacreditar el proceso judicial. Pone el acento en la
supuesta “ilegalidad” de su detención y, principalmente,
“en su avanzada edad y delicado estado de salud”,
estrategia que llevó años atrás al gobierno chileno a
solicitar, por razones humanitarias, el regreso de
Pinochet desde su reclusión en Londres. Podlech hijo no
oculta su deseo de que el gobierno intervenga. Luis
Valentín Ferrada, abogado de la familia, ya presentó un
recurso de amparo diplomático para solicitar que La
Moneda preste toda la ayuda necesaria al ex fiscal y
realice gestiones para regresarlo a Chile, recurso que
el propio Alejandro Foxley, ministro de Relaciones
Exteriores, aseguró que se estaba “estudiando”.
Ferrada, ex diputado de Renovación Nacional y defensor
de militares procesados por el Caso Riggs, señaló que
además del amparo diplomático ante Cancillería, sería
presentado otro ante el Colegio de Abogados. “Este
recurso opera cuando los ciudadanos se encuentran en un
conflicto ilegítimo o injusto fuera de su país,
concediendo la protección jurídica para garantizar, con
la actividad del Estado, el cumplimiento estricto del
derecho humano del debido proceso”, explicó a la prensa.
“En el caso anterior en que se ocupó esta obligación,
que fue el caso de la detención en Londres del general
Pinochet, el Estado chileno contrató los abogados y el
Estado de Chile se hizo parte del proceso. Yo quiero lo
mismo para todos los chilenos”, afirmó sin inmutarse.
La estrategia de la familia del ex fiscal y la posible
intervención del gobierno chileno preocupa a los
organismos de derechos humanos. Por ello marcharon en
Temuco el pasado 10 de agosto, para entregar en la
Intendencia Regional una carta dirigida a la Presidenta
Michelle Bachelet. Las organizaciones, entre las que
destacó el Comité de Ética Contra la Tortura, la
Agrupación de Ex Presos Políticos y el CINPRODH, entre
otros, exigió al gobierno no interceder en el proceso.
Sostuvieron que si Chile no fue capaz de juzgar a
Alfonso Podlech, permitan a los tribunales
internacionales hacer justicia. “La detención del ex
fiscal militar, que ejerció su función al margen de las
normas del debido proceso y guiado por el arbitrio más
increíble, no debiera ser sino que sólo el primer paso
para su posterior procesamiento y condena definitiva,
por su inocultable responsabilidad criminal en el caso
de Omar Venturelli y en muchos otros crímenes contra la
humanidad registrados en la Araucanía”, subrayó el
CINPRODH.
Pero las presiones al Ejecutivo son fuertes y directas.
Parlamentarios de la derecha pinochetista ya han
advertido que no se quedaran de brazos cruzados. “Es una
flagrante violación a la soberanía jurisdiccional de los
tribunales chilenos aceptar que don Alfonso Podlech sea
juzgado por tribunales extranjeros, específicamente de
Italia”, señalaron a través de un comunicado los
senadores Alberto Espina, José García Ruminot y el
diputado, René Manuel García, todos de Renovación
Nacional. A juicio de los congresistas, “el Gobierno
tiene la obligación de hacer todas las gestiones para
que don Alfonso Podlech regrese a nuestro país”. Los
congresista estiman que los tribunales chilenos han
demostrado “independencia”. Afirman que los mismos
hechos han sido investigados por tribunales de Santiago
y Temuco, “sin que ninguno de ellos, a pesar del tiempo
transcurrido, haya dictado resoluciones que imputen
delitos específicos a don Alfonso Podlech”.
Para el ex preso político Víctor Maturana, esta
solidaridad de la derecha con el ex fiscal militar no
sería casual ni gratuita. “Hay una actuación de Podlech
que es bastante desconocida. El mismo día del golpe de
estado, Podlech, vestido de militar y armado, se
presenta a primera hora en la cárcel de Temuco y le
ordena a un oficial de apellido García que deje de
inmediato en libertad a todos los integrantes de Patria
y Libertad que estaban presos, la mayoría por acciones
de sabotaje contra el gobierno de Allende. Patria y
Libertad, sabemos, era el grupo paramilitar de la
derecha chilena, de allí que no nos extrañe hoy la
solidaridad que manifiestan con este oscuro personaje”,
finaliza.
* Reportaje publicado originalmente en revista Punto
Final Nº 669.
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