El historiador José Bengoa comenzó a indagar y a escribir sobre la relación de los mapuches con el Estado chileno en la década de los ‘80. Hasta entonces, la historia oficial, redactada por Francisco Encina, le dedicaba apenas un cuarto de página al conflicto. Esto, a pesar de que la llamada “Pacificación de la Araucanía”, emprendida por el ejército chileno a mediados del siglo XIX, constituyó una verdadera y larga guerra civil: “La más importante que haya habido en el país. Por cierto, la más sangrienta”, dice Bengoa en su libro: Historia de un conflicto.

La actual explosión del conflicto en el sur de Chile, aunque parezca nuevo a los ojos del gobierno de Michelle Bachelet, no es otra cosa que el síntoma de la incapacidad que han tenido las autoridades políticas de ver y resolver el más viejo de nuestros problemas, explica Bengoa en entrevista con Surcos. “De modo incomprensible, el gobierno se demoró más de 90 días en dar respuesta a la huelga de hambre de Patricia Troncoso, que la prensa también acalló”, afirma Bengoa. “No fue porque exista una conspiración del silencio. Lo que hay es una autorrepresión psicológica en la sociedad chilena frente al conflicto con el pueblo mapuche. Creemos que si no lo vemos, desaparece”, sostiene.

Bengoa, profesor invitado en la Universidad de Indiana (Estados Unidos) y Cambridge (Inglaterra), y titular de la cátedra Pablo Neruda en la Universidad de París, en 2003, anota que el pecado de omisión afectó incluso al más insigne de los poetas e icono de las luchas socialesen Chile. “Neruda solía viajar desde Temuco a Puerto Saavedra, pues allí un colono de apellido Winter le prestaba libros. En ese tiempo, el poeta escribió sus primeras obras, los borradores de los Veinte Poemas de Amor. Pero en todos ellos no hay un solo indio. Neruda no los vio ¡Y eso que en Puerto Saavedra no hay más que arena, olas y mapuches!”.

En 2007 terminó en medio de una serie de conflictos políticos que motivaron el tercer cambio de gabinete de Bachelet, en apenas dos años de gobierno. Un estudiante había sido baleado por la policía cuando intentaba prender fuego a un predio forestal que los mapuches reclamaban como propio, y Patricia Troncoso, encarcelada y acusada de terrorismo por acciones similares desde 1998, llevaba más de tres meses sin probar alimentos, pero el problema mapuche no estaba entre los que motivaron ese cambio de gabinete. La Iglesia Católica, aún muy influyente en estas arenas, debió intervenir para que La Moneda se allanara a buscar una solución.

El nuevo ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, atisbó la posibilidad de una explosión social si Patricia Troncoso moría y, apenas asumió su cargo, cedió a algunas de las demandas por beneficios carcelarios de la huelguista. Cuando la oposición reclamó por la “debilidad” del gobierno, Pérez Yoma respondió: “Este no es el gobierno de Margaret Thatcher”. Bengoa escuchó con atención pues, para él, las palabras del nuevo ministro del Interior remitían al caso de Irlanda del Norte, donde se demostró que la inflexibilidad del gobierno no logróapaciguar la protesta de los jóvenes irlandeses frente a la asfixiante ocupación militar de sus territorios.

Y luego el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, opinó que había que aplicar en Chile el modelo neozelandés, el más avanzado del mundo en materia de reconocimiento de la autonomía de un pueblo indígena. El gesto suicida de Patricia Troncoso, interpretó Bengoa, logró algo que no se había visto en los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura de Augusto Pinochet: “Sacar el conflicto mapuche del ámbito policial y reconocerle su condición de problema político”.

El gobierno de Bachelet dio un paso más y nombró a un Comisionado Especial, Rodrigo Egaña, para que busque soluciones permanentes al conflicto. Sin embargo, Bengoa advierte que el meollo del asunto es determinar hasta dónde están dispuestos los chilenos a llegar en el reconocimiento de los derechos mapuches. “La clave del problema es que nos hemos negado a reconocerles su condición de pueblo. ¿Aceptaremos ahora que en el Estado de Chile puede coexistir más de un pueblo?” El riesgo de que el problema quede insoluto una vez más, es alto: “Esta es una vieja historia cargada de decepción y frustraciones”, dice Bengoa.

Conflicto histórico

El conflicto del estado chileno con el pueblo mapuche, afirma el historiador, está plagado de “mitos, fantasmas y estereotipos”. Detrás del escritorio del comandante en jefe del ejército chileno hay un enorme retrato del cacique Lautaro y el imaginario patriotero alude a la bravuray a la hidalguía de la sangre mapuche. “No hay museo más chic en Chile que el Museo de Arte Precolombino”, agrega Bengoa. Sin embargo, afirma, nadie ha sido más violento y avasallador con los derechos de los indígenas que los chilenos. El experto revela que los mapuches vivían en mucho mejores condiciones bajo la dominación española que bajo las sucesivas oleadas criollas destinadas a “civilizarlos”.

“Este es un fenómeno común a América latina”, acota Bengoa. “Nunca los ejércitos chileno y argentino han demostrado mayor grado de cooperación y fraternidad que durante la Pacificación de la Araucanía, que los argentinos conocen como “La campaña del desierto”. Según el historiador, la Campaña del Desierto llenó de gloria a los generales argentinos. En Chile, en cambio, se oculta con vergüenza. “Nosotros reconocemos en los mapuches a nuestros ancestros, pero andar pregonando que uno ha matado al padre, es feo.” La historia del conflicto con el pueblo mapuche ha pasado por sucesivas oleadas de usurpación de su territorio por parte de los chilenos, hasta llegar a la situación actual, en que el modelo de explotación forestal consume agua y tierras, y ha dejado a los indígenas fuera del mercado.

Bengoa -autor de los libros: Historia del Pueblo Mapuche y La emergencia indígena en América Latina, entre otros- revela que la recuperación de la democracia en 1990 ha traído pocos avances en las demandas mapuches, que siguen siendo las mismas de siempre: reconocimientoa su propia identidad y lengua, aceptación de la existencia de un territorio propio, y el derecho a gobernar sus propios asuntos. Bajo el gobierno de Patricio Aylwin -el primero que sucedió a Pinochet-, se creó una institucionalidad que, con imperfecciones, intentó abordar el asunto de las tierras y el del reconocimiento institucional, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y del Fondo de Tierras, que se creó para ir comprando terrenos que se entregaron a las comunidades indígenas. “Si ese fondo no hubiera existido -acota Bengoa- hoy el problema sería inmanejable.” No obstante, agrega, bajo ese mismo gobierno, el Congreso fue “impermeable” a la demanda de reconocimiento a sus derechos políticos.

Y lo poco que se avanzó con Aylwin, afirma Bengoa, se retrocedió bajo la administración del presidente-empresario Eduardo Frei Ruiz-Tagle. “El primer gran desafío que enfrentó la Conadi fue pronunciarse respecto del proyecto de construcción de la central hidroeléctrica Ralco, que requería aprobar la permuta de terrenos indígenas. Como los delegados del presidente en dicha organización votaron en contra, Frei los cambió. Así la Conadi perdió su legitimidad cuando se estrenaba en sociedad”, relata.

Bajo el siguiente gobierno, conducido por el socialista Ricardo Lagos, una de las figuras más representativas de la lucha contra la dictadura de Pinochet, se creó la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, presidida por el ex presidente Aylwin. Pero, según Bengoa, antes siquiera de que ésta entregara sus conclusiones,la prensa chilena las había ridiculizado al punto de quitarles todo valor. “El informe quedó archivado en algún escritorio en La Moneda, de donde no volvió a salir”, afirma. Simultáneamente, bajo la misma administración, se tomó una decisión cuyos efectos aún persisten: en 1997, el Ministerio del Interior determinó aplicar la Ley Antiterrorista a jóvenes mapuches insurgentes, en juicios que buscaban castigar los incendios provocados en predios forestales.

“Los primeros jueces que vieron el caso se opusieron”, recuerda Bengoa. “No les parecía que los delitos calificaran de terrorismo, pero el gobierno insistió ante la Corte Suprema, contratando los servicios de un prominente abogado, amigo y profesor de los jueces que debían resolver.” Era Juan Agustín Figueroa quien, curiosamente, es a la vez el presidente de la Fundación Neruda. La Suprema aceptó el predicamento del gobierno y nombró a nuevos jueces, que sí aceptaron juzgar a los mapuches como terroristas. De este modo se estrenaron, en democracia, juicios con testigos secretos y jueces de rostro encubierto. El conflicto salió de la esfera política. Se “judicializó”.

Intifada

Y entonces asumió Michelle Bachelet, quien puso a un destacado dirigente mapuche a cargo tanto de la Conadi como de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que entregó 120 millones de dólares para superar la pobreza indígena. No obstante, ese dirigente duró muy poco en su cargo. “Y el tema desapareció de la agenda de gobierno.Esta administración nunca tuvo, realmente, una política para enfrentar el conflicto mapuche”, dice Bengoa. Hasta ahora, lo que han hecho los gobiernos de la Concertación, afirma el experto, es aplicar “la política del garrote” contra el mapuche que plantea sus demandas desa fiando la legalidad; y la “política de la zanahoria” con el mapuche “bueno”, el que acepta integrarse.

“Estamos dispuestos a aceptar al mapuche folclórico, aquel que baila con sus trajes típicos y es amable, pero no al joven que se viste con chaqueta de cuero y que se nos para de igual a igual exigiendo respeto a sus derechos”, agrega Bengoa. Es cierto, dice, que los fondos del BID han permitido importantes avances, como alumbrar extensos territorios que antes eran “mundos oscuros”, construir viviendas en lugar de rucas, y darles a las nuevas generaciones acceso a educación, televisión satelital e Internet. Muchos jóvenes mapuches se han profesionalizado y se perfeccionan en el extranjero con dineros del Estado. “Pero se equivocaron quienes creyeron que este asistencialismo iba a desindigenizar a los jóvenes mapuches. Al contrario. El acceso al conocimiento y a los derechos que hoy se les reconocen internacionalmente a los pueblos indígenas han alentado sus demandas”, afirma Bengoa.

La huelga de Patricia Troncoso, sostiene el experto, generó una nueva “unidad medioambiental” en el movimiento mapuche, más allá de las discusiones internas sobre el “método de lucha”, y la emergencia de la cuestión indígena prende desde Angol a Chiloé y desde el Alto Bío Bío, al borde costero. “El gobierno se enfrenta hoy a una intifada mapuche y ya se dio cuenta de que el problema no se soluciona a palos, ni regalando vaquitas, pero es difícil saber hasta dónde se va a llegar. El problema de fondo sigue siendo el reconocimiento político: la existencia de un pueblo y el derecho a la tierra, porque, como ha demostrado el conflicto palestino-israelí, no hay cultura sin territorio”, concluye Bengoa / AZ

* Reportaje publicado originalmente en revista Surcos.

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