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Fernando Lira Haquin es presidente de
la Agrupación de Derechos Humanos, Liberar, organismo encargado de la
defensa jurídica de numerosos militantes mapuches encarcelados en el sur
de Chile. Ex vicepresidente del Partido Humanista, Lira es un destacado
promotor de la lucha del pueblo mapuche en Chile. No podría ser menos.
Sobreviviente de las torturas de la dictadura en el Campo de
Concentración de Pisagua, conoce como pocos los costos de luchar contra
la barbarie y la injusticia de quienes detentan el poder. A 23 días de
iniciada una huelga de hambre por parte de presos políticos mapuches,
Azkintuwe conversó con Lira Haquin.
- Fernando, ¿cuál es la situación de los presos mapuches a 23 días de
iniciada la huelga?
En la actualidad se encuentran en huelga de hambre 31 comuneros mapuche,
de los cuales 5 se encuentran en la cárcel de Concepción, 10 en la de
Angol, 2 en la de Lebu, 1 en la de Valdivia y 13 en la cárcel de Temuco.
Estos comuneros se han ido plegando a la huelga en distinto momento y se
espera que otros se sumen a futuro. Esta es una huelga líquida, lo que
significa que se suspende el alimento sólido solamente, y que en general
ha ido produciendo en los comuneros un decaimiento paulatino, con
mareos, en algunos casos nauseas y vómitos y dificultad de
concentración. A todo esto se va sumando un cuadro psicológico de
inestabilidad emocional y motricidad lenta, según el diagnóstico de la
doctora médico-psiquiatra Berna Castro quien los ha visitado
recientemente.
- Parte central de sus demandas es terminar con la aplicación de la Ley
Antiterrorista ¿Es a su juicio esta normativa una herramienta de
persecución a los mapuches en Chile?
En Chile la Ley Antiterrorista es una ley dictada en tiempos de
dictadura, que sirvió a los propósitos de validar todo tipo de
irregularidades a la hora de investigar y generar cargos en contra de
aquellos sindicados como enemigos del régimen, dando exceso de autoridad
y todo tipo de facilidades al Ministerio Público para acusar, utilizando
la figura del testigo protegido, del secreto de investigación, de penas
extremas y de prisiones preventivas abusivas. Actualmente se aplica esta
ley a los mapuches, porque es la única forma de condenarles con penas de
varios años, dentro de la política de contención de sus movilizaciones.
A la arbitraria aplicación de esta ley se suma que Chile es el único
país del mundo donde existe doble justicia. Esto es que bajo esta ley, a
un mapuche se le juzgará en tribunales civiles y militares
simultáneamente y las penas a que fueran condenados serán sumadas. Por
lo anterior, esta ley actúa definitivamente en contra del debido
proceso, donde la fiscalía se transforma en un ente persecutor más
interesado en criminalizar al imputado que buscar la justicia.
- ¿Qué opinión le merece que numerosas causas contra mapuches, tras años
de encarcelamiento "preventivo", finalicen en sentencias absolutorias?
¿Qué nos retrata esto?
Esto retrata los bajos estándares de pruebas presentados por el
Ministerio Público, que al ser expuestos ante un tribunal son
insuficientes para probar los delitos perseguidos. En este sentido,
debemos reconocer que muchas veces han sido los tribunales quienes han
desestimado acusaciones sin fundamento con sentencias absolutorias. Si
revisamos los resultados condenatorios que ha obtenido el Ministerio
Público en causas mapuche en los últimos años, nos llevaríamos la
sorpresa de que son más los casos en que los acusados han obtenido la
absolución de cargos. Es más, existen casos como los de algunos
comuneros de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, quienes han sido
procesados más de diez veces, cumpliendo años de prisión preventiva, y
nunca han sido condenados. Lo más notable de este ejemplo es que el
fiscal acusador siempre ha sido el mismo.
- Al respecto, ¿cómo calificaría los procedimientos y la rigurosidad
profesional de la fiscalía? ¿Se ajusta a estándares de sistemas
persecutorios de países democráticos?
En nuestra legislación no están claros los mecanismos de regulación y de
fiscalización del actuar del Ministerio Público. De alguna manera, se
podría decir que trabajan en la impunidad, debido a que se hace muy
difícil probar irregularidades, dado que sería la misma fiscalía quien
debería investigar sus propios actos. Sin embargo, quienes observamos de
cerca los procedimientos y la rigurosidad profesional de la fiscalía,
vemos con preocupación que los defensores a menudo se encuentran con
dificultades para acceder a los expedientes, a recibir peritajes
solicitados a los meses de ser solicitados, y nuestros defendidos alegan
amenazas y declaraciones obtenidas bajo presión y sin la presencia de un
abogado defensor.
- ¿Son a su juicio los tribunales los llamados a resolver la
conflictividad entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche?
De ninguna manera, dado que no es su labor. Es el estado el llamado,
primeramente, a reconocer que existe un conflicto y que no se trata
solamente de una veintena de comunidades revoltosas, así como generar
las instancias donde las partes busquen acuerdos. Pero ni en los
gobiernos anteriores ni en el actual, hemos podido encontramos la
voluntad política necesaria para recorrer el camino del diálogo y del
reconocimiento de un conflicto centenario y sangriento, de una deuda
histórica que ha heredado nuestra sociedad.
- ¿Qué opinión le merecen a usted las huelgas de hambre como medida de
presión?
La huelga de hambre es una medida extrema. Cuando alguien pierde las
esperanzas y se le cierran todas las puertas busca salidas desesperadas.
Particularmente, estoy a favor de la vida y en contra de la muerte, de
modo que no me gustan las huelgas de hambre. Sin embargo, respeto a
quien por ideales supremos, elige esta vía, sobre todo cuando su causa
trasciende lo personal. En el caso de los presos políticos en huelga de
hambre mapuche, es claro que sus peticiones no se refieren solo a la
situación personal de cada uno, sino que sus exigencias van en la
dirección de reivindicar las demandas de su pueblo, hoy sometido y
demandado por el estado chileno.
- Como institución han interpuesto recientemente un recurso de
protección contra Canal 13 por la emisión de su programa de reportajes
Contacto. ¿Cuál es vuestro fundamento para esta acción judicial?
Decimos que el reportaje del programa Contacto es parcial, sesgado y
deviene en un juicio público, porque ocupa más del 80% de su duración en
recoger opiniones de la parte acusadora, omitiendo entrevistar a su
contraparte, a saber, los protegidos, sus familias y sus defensores. Que
en todo momento deja claro que se trata de un reportaje concertado con
el ente acusador, dado que le acompaña en su gestión investigativa desde
hace más de un año, teniendo acceso a documentos y pruebas
confidenciales y a facilidades que ni siquiera la defensa ha tenido. Que
descontextualiza los hechos, motivo del reportaje, editándolos
parcialmente sin entregar al televidente los elementos suficientes para
que pueda informarse libremente, sino por el contrario el reportaje
claramente busca influir en su opinión final.
- ¿A su juicio el reportaje interfiere en la administración de justicia?
Lo decimos, interfiere en la administración de justicia al pronunciarse
sobre hechos que son motivo de trámites investigativos, de pruebas
testimoniales y de contexto, peritajes, entrevistas a testigos, etc
materias todas de procesos judiciales en pleno desarrollo, que sin la
menor duda, influirán a la hora de presentar pruebas en un juicio
preparatorio, a modificar estrategias de defensa, a solicitud de nuevas
pericias e incluso a modificar plazos de audiencias. Que este reportaje
no solo influye en la colectividad de manera subjetiva sino también lo
hace en el ámbito judicial, que deberá abstraerse de toda la información
que el reportaje le proporcionó, y que solo debe ser conocida por el
sentenciador durante un juicio, para garantizar a los imputados el
derecho al debido proceso así como la presunción de inocencia a la hora
de administrar justicia. Finalmente, se viola el derecho a la propiedad
de la imagen y el respeto y protección de la vida privada y pública así
como la honra de las personas y sus familias.
- ¿Considera que los grandes medios de comunicación actúan en el caso
mapuche más bien como herramientas propagandísticas?
Pienso que los medios de comunicación en manos de los intereses
económicos de este país, actúan concertadamente con el estado, y en este
caso, con el Ministerio Público. Han perdido absolutamente la
objetividad a la hora de informar y se hacen parte del esfuerzo del
estado por contener las movilizaciones mapuche. Los espacios concedidos
a la parte acusadora para criminalizar al mapuche frente a la opinión
pública catalogándolo de terrorista, nunca han sido compensados con
reportajes o entrevistas de la contraparte. De hecho se muestran
funcionales a los intereses de quienes detentan el poder.
- Siguiendo con los medios, ¿qué opinión le merece la vinculación que se
hace -sin mayor fundamento jurídico-
entre mapuches y grupos como las FARC o la ETA vasca?
En un reportaje aparecido en el diario La Segunda del día 30 de junio,
el Fiscal Jefe de la IX Región Francisco Ljubetic, asegura que comuneros
mapuche han ido a prepararse militarmente en las filas de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, y asegura además, que las
mencionadas FARC operan en Chile a través de ex subversivos, y otros
operadores relacionados directamente con partidos políticos. Ya en el
programa de Contacto titulado “Guerrilla en Arauco”, transmitido el
pasado 22 de junio y retransmitido al día siguiente por el canal 13 de
televisión por señal abierta, el Fiscal Regional, había anticipado
información al respecto, aunque no aportó una sola prueba, que vinculara
viajes de mapuche a ese país con el fin de volver con un post grado en
estrategias paramilitares. Lo que si ofreció fueron múltiples
presunciones, y amenazó con contar a futuro con testimonios y
reconocimientos que está recogiendo la policía y la Fiscalía colombiana,
de ex miembros desmovilizados de las FARC, que confirmarían sus dichos.
Estos ex miembros de las FARC, equivalen en nuestro país a los testigos
protegidos que utiliza la Fiscalía Regional para configurar cargos en
contra de mapuche. En caso de ser así, nos encontraríamos con que
testigos protegidos colombianos podrían inculpar a comuneros mapuche,
mediante el oportuno “acuerdo” entre las fiscalías de ambos países.
- ¿Vislumbra a futuro algún cambio en el actual escenario de persecución
que afecta a dirigentes y comuneros mapuches?
Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno actual van en la dirección
de reforzar el centralismo, concentrando el poder de decisión entre
cuatro paredes, para maniatar y contener el clima de rebeldía creciente
que desde años se respira en la Araucanía, ante el fracaso sistemático
de un diálogo que incluya a todas las partes involucradas. Denota el
continuismo de los gobiernos de la Concertación en esta materia y el
reconocimiento de la vigencia del conflicto mapuche, que destaca por su
convicción y tenacidad frente al resto de los actores sociales del país,
convirtiéndose en una fuerza movilizada desmarcada del actual sistema
“democrático”. Pero hay una noticia peor aún, porque entre las medidas
que el gobierno presentará a tramitación en el parlamento están las de
endurecer la Ley Antiterrorista, dotándola de penas aún más duras,
ampliando las facultades del Ministerio Público. No podemos olvidar que
el actual Presidente Piñera durante su campaña prometió una nueva
“Pacificación” para el pueblo mapuche.
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