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GENTILEZA MAPUEXPRESS. |
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Una delegación mapuche emprendió
viaje ayer lunes a Ginebra, Suiza, para dar cuenta ante la ONU de la
dificil situación por la que atraviesa el Pueblo Mapuche en Chile. Se
trata de los dirigentes Francisco Vera Millaquén, werken del Lof
Pepiukelen de Pargua y delegado de la Mesa de Trabajo sobre Derechos
Colectivos; y Manuel Curilen, miembro de la Comunidad Ancue y vocero de
la Coordinación de Comunidades en Conflictos Ambientales de la Novena
Región. Conforma además la delegación Mauricio Peñailillo, vocero de la
Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA).
El viaje de ambos dirigentes se
enmarca en el examen al cual será sometido el Estado chileno ante el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), ello
entre el 13 y 14 de agosto en la sede del organismo en Ginebra, durante
su 75ª sesión anual. El CERD es el órgano de expertos independientes que
supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por sus Estados
partes, que a la fecha suman 173 Estados en todo el mundo, incluido
Chile.
Entre otros puntos, el gobierno de
Michelle Bachelet deberá responder
en Ginebra por una denuncia de racismo ambiental que comunidades mapuches
interpusieron en su contra el año 2007 y relacionada con proyectos de
inversión privados y públicos que desembocaron en la construcción de
plantas de tratamiento de aguas servidas y basurales en tierras de
comunidades mapuches. Con un atraso de diez años, la delegación
gubernamental deberá presentar además ante el Comité un informe del
período 1999-2008, el que será monitoreado por organismos de derechos
humanos.
El organismo de la ONU evaluará a su
vez irregularidades denunciadas por organizaciones mapuches durante el
reciente proceso de consulta sobre una reforma constitucional para
reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución chilena. El Comité
analizará si dicha iniciativa está de acuerdo con las normas
internacionales previstas por el Convenio 169 de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) y por la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Junto a Chile, también los
Estados de Colombia y Perú serán examinados por el CEDR.
Racismo y discriminación
Un comunicado de prensa emitido por
Mapuexpress
precisa que el Estado chileno deberá responder a una serie de preguntas
que el CEDR le viene realizando en el marco del cumplimiento del la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, que es vinculante Chile. “El Estado, representado por el Gobierno de Bachelet,
aparece en un pésimo momento debido a que presenta años de
incumplimientos de sus informes y además estará vigilado por las
organizaciones mapuches y organismos de derechos humanos, quienes
proporcionarán nuevos antecedentes a los expertos de dicho Comité con
la finalidad de obtener recomendaciones que apunten a terminar
con estas prácticas racistas y discriminadoras”, precisaron.
En este punto, parte de la misión del werken Francisco Vera será
transparentar el comportamiento que ha tenido el Estado chileno respecto
al cumplimiento de los artículos de dicha Convención. Es así como el
werken de Pargua dará cuenta de situaciones relacionadas con negación de
derechos y ejecución de iniciativas políticas, legislativas y
administrativas que atentan contra del estándar Internacional de
derechos humanos consagrado en dicho instrumento internacional que
regula al CEDR. También se referirá el dirigente a “las políticas de
inversión privada en territorio ancestral mapuche, políticas públicas,
la criminalización y judicialización de la protesta social y la libertad
de expresión en Chile”, se señaló.
Por su parte, los delegados de la
Coordinación de Comunidades en Conflictos Ambientales y la Red de
Acción por los Derechos Ambientales, viajarían “con la expectativa de
presenciar propuestas concretas del Estado chileno para revertir las
actuales condiciones que enfrentan comunidades en la Araucanía que son
víctimas en su salud, economías, sociedad, cultura y medioambiente a
causa del funcionamiento de recintos comunales de basura y plantas de
tratamiento de aguas servidas y que han generado graves perjuicios”,
indicó Mapuexpress. En este punto, las denuncias y entrega de informes
serán encabezadas por el dirigente Manuel Curilen, de la Comunidad
Mapuche de Ancue, junto a Mauricio Peñailillo de RADA.
Querella por paramilitares
El viaje de los dirigentes no será ajeno a la coyuntura de
movilizaciones que se vive en el País Mapuche en las últimas semanas y
que incluyen el surgimiento de grupos paramilitares. En este marco, la
reciente amenaza proferida por el
“Comando Hernán Trizano”, de hacer volar por los aires con sus
explosivos a líderes y comuneros mapuches, llevó ayer lunes a los
candidatos presidenciales Alejandro Navarro y Pamela Jiles junto a
lonkos, werkenes y miembros de la Comunidad Autónoma de Temucuicui,
afectados por la situación, a presentar una querella penal por los
delitos de “asociación ilícita terrorista”, “amenaza terrorista” y
“discurso odioso” en el Juzgado de Garantía de Temuko.
Navarro señaló que “esto será todo un desafío para el Ministerio Público
y la PDI. Y esperemos que las técnicas aprendidas por los fiscales y las
policías en los cursos que les dictó el FBI en marzo pasado, se apliquen
por igual a este Comando, y no sólo a activistas mapuches, pescadores
artesanales contrarios a la ley de barrios salmoneros, cineastas y
miembros de ONG extranjeras que apoyan causas sociales”. Respecto a la
“denuncia de amenaza simple” presentada por la Intendenta Regional en
forma paralela, el candidato del MAS calificó esta acción como “una
reacción lenta, basada en un argumento tibio y liviano con baja pena, al
eludir decir las cosas por su nombre, obviando en este caso la calidad
terrorista del delito”.
Quienes también criticaron el accionar de la Intendenta Nora Barrientos
fueron los miembros de la Alianza Territorial Mapuche, encabezados por
el Ñizol Lonko, Juan Catrillanca de Temucuicui. Reunidos en un Trawun en
la capital regional, lonkos y werkenes de diversos territorios, tras
acordar nuevas movilizaciones y avanzar en instancias de unidad, acudieron
en horas de la tarde hasta el frontis del edificio de calle Bulnes a
solitar la renuncia de la máxima autoridad regional. En declaración a la
prensa, los dirigentes repudiaron la “acción represiva del gobierno de
la presidenta Bachelet, que se ha ensañado con el lof de Temucuicui y
que en el día de hoy realiza un violento allanamiento a nuestra gente”.
Los líderes territoriales
responsabilizaron directamente a la Intendenta del
escenario represivo existente en
diferentes zonas de conflicto, denunciando que “junto con no querer
conversar con los mapuches (la Intendenta) recomendó al Ministerio del
Interior que ninguna autoridad importante del Gobierno nos recibiera en
Santiago”. De la misma forma, la responsabilizan del reciente desalojo
policial de los estudiantes del Liceo de Ercilla, que se habian
movilizado para repudiar la represión que sufren sus comunidades. Cabe
destacar que entre los menores afectados se encontraba una nieta del
propio Ñizol Lonko Juan Catrillanca.
“Nuestros menores sufrieron todo tipo
de vejaciones aberrantes por parte de la policía y responsabilizamos
directamente a la Intendenta regional, que nos imaginamos tendrá hija,
pero que no conoce este tipo de humillaciones que violan derechos
humanos y de la infancia consagrados en diversos instrumentos
internacionales y promovidos por la UNICEF”, señalaron. Ante ello, los
lonkos exigieron “la renuncia inmediata de la Intendenta Nora
Barrientos, dado que no está en condiciones de enfrentar los problemas
de la región y particularmente porque ignora, desconoce y desprecia a
todo mapuche que exige el ejercicio de sus derechos”.
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