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FOTO DE AGENCIAS |
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El nuevo enemigo
interno. Las reivindicaciones del pueblo mapuche, que
busca la restitución de territorios ancestrales, han sido
modeladas por la prensa para convertir sus demandas en las
acciones de un nuevo enemigo político. En un enemigo del
estado, de la institucionalidad, de la sociedad chilena.
Un conflicto que merece enfrentarse con las más duras
herramientas policiales, aquellas propias de la guerra
preventiva acotadas en la Ley Antiterrorista.
La cobertura informativa de las acciones políticas de los
dirigentes del pueblo mapuche es muy elaborada, precisa,
acotada a un diseño que enfatiza el discurso económico por
décadas repetido: protección a la inversión, nacional o
extranjera, no discriminación al tipo de inversión,
desregulación, amén de la siempre presente libertad de
mercado. Ante esta serie discursiva, levantada cual piedra
basal de toda la actual institucionalidad chilena, como
eje de un consenso nacional, el pueblo mapuche debe
integrarse.
La información sobre la causa mapuche, sobre sus demandas
y acciones, sobre, acaso, su discurso político, siempre
entrecomillado, está levantada sobre este diseño: una
institucionalidad cuyos más inmediatos orígenes, bien
sabemos, está enraizada en la dictadura y en la génesis de
lo que hoy es reconocido como el modelo económico de
mercado o neoliberal. Todo lo demás queda fuera. O está
excluido, silenciado, o es una anomalía que ha de
corregirse.
Es El Mercurio el gran artífice y vocero de esta
construcción lingüística, que se extiende como estruendosa
y obsesiva campaña. Durante la última semana de julio
tituló cuatro días con informaciones que aludían a la
violencia mapuche, acciones en las que las armas no eran
más que unos palos y piedras pero cuya amplificación nos
recuerda a la prensa española al informar sobre la ETA.
Una causa invisible
En esta campaña mediática, la causa mapuche no existe, es
invisible, no es objeto de debate ni reflexión, mirada
expresada con claridad de detalle en las editoriales,
cartas y blogs de este medio: el conflicto mapuche tiene
más ingredientes políticos y socioeconómicos que
auténticas raíces étnico-culturales. El problema, en suma,
es pobreza e ideología política (de izquierda). Y su
solución no es otra que la aplicada a otros sectores de
pocos recursos económicos. El resto de este análisis lo
hemos venido oyendo desde hace muchos años. Y es
neoliberalismo puro: sólo con más mercado se consigue más
crecimiento económico. Y de allí, más empleos y más
recursos fiscales para ayudar a los pobres.
El Mercurio no sólo ignora la causa y las reivindicaciones
del pueblo mapuche, sino que de cierta manera lo desconoce
también como pueblo, como sociedad y cultura. Con la tesis
del país homogéneo, de la nación sin fractura ni
discontinuidad, El Mercurio instala, reproduce y amplifica
este discurso para silenciar los otros. Las informaciones
sobre el denominado conflicto mapuche parten de la base de
esta construcción histórica y discursiva, la idea de un
país homogéneo expresado en su actual institucionalidad,
en tanto deja fuera, o los incorpora como fenómenos
disfuncionales, todos los otros discursos, considerados
como ilegítimos o fuera de la ley. Sobre ello ha de caer
aquella misma institucionalidad, repetida como el
necesario “respeto al estado de derecho” y expresada en la
coerción policial. Este es el discurso que surge desde El
Mercurio y los intereses empresariales (en este caso
forestales, hídricos, energéticos, agrícolas y pesqueros)
hacia el corazón del Estado. Los gobiernos de la
Concertación han seguido estas sugerencias al pie de la
letra.
Las reivindicaciones territoriales, las protestas, así
como toda la narración política que apunta a la nación
mapuche, quedan en aquel territorio disfuncional e
ilegítimo. Se trata de un relato básico y antagónico,
similar al que opera con la delincuencia urbana y la
seguridad ciudadana: la amplificación de los hechos
conduce a la creación de un clima de inseguridad, de
presión política por más control.
El problema, sin embargo, trasciende a aquel empleado en
el tratamiento de la seguridad ciudadana, que sólo mira
efectos. Aun cuando en la mirada reduccionista de la
prensa raramente aparece, hay sin duda un reconocimiento
implícito no sólo al pueblo mapuche como cultura y
organización social, sino también a su causa política, la
que es observada con inquietud por la prensa, los grupos
económicos con intereses en el País Mapuche y el mismo
estado. Es por ello el permanente estímulo y apoyo a la
aplicación de la Ley Antiterrorista, a su dureza y a su
extensión, herramienta legal que no se aplica ni con la
misma fuerza ni frecuencia a otros grupos ni acciones. Es
por ello también la proliferación de informaciones desde
El Mercurio, las que posteriormente circulan como coro o
eco por el resto de los medios, que hilvanan delirantes
teorías de la conspiración mapuche.
La amplificación de las acciones de los comuneros mapuche
tiene una serie de efectos elaborados por la prensa. Están
sus víctimas, que son los empresarios de la región, la ley
Indígena, la opinión pública nacional y los mismos
mapuches. El primer efecto es desarrollado frecuentemente
y se apoya en la esencia del libre mercado. Las acciones
de los activistas mapuches (que, recordemos, son con
palos, piedras y quema de algunos vehículos) son
interpretadas como atentados a la propiedad privada y
medidas en pérdidas económicas. Por extensión, se
argumenta el descenso de la inversión extranjera en la
zona durante los gobiernos de la Concertación, tesis sin
duda falaz: la inversión extranjera ha disminuido en el
país a un grado casi cero desde los años previos a la
crisis. Pero estas afirmaciones apuntan a otra zona, al
temor y la sospecha.
Lo que el diario bosqueja es que las reivindicaciones
mapuches conducen a una pérdida económica para toda la
nación, lo que estimula el rechazo y la discriminación en
la opinión pública, medida ésta a través de encuestas
elaboradas por los propios medios.
Hacia el Estado pinochetista
El Estado ideal para El Mercurio y los poderes
empresariales de la región es el pinochetista: represivo y
neoliberal. Porque hasta la Ley Indígena –y por cierto la
ratificación del Convenio de la OIT y últimamente el
Código de Conducta Empresarial Responsable- es
abiertamente criticada. Una investigación publicada el año
pasado del think tank neoconservador Libertad y Desarrollo
(ligado a la UDI) afirma que la Ley Indígena “lejos de
enmendar el rumbo seguido hasta hoy, profundiza las
falencias de una política pública errada. Por una parte se
castiga a las familias mapuches por hacer lo que cualquier
otro chileno puede hacer: arrendar sus tierras. Y por
otra, se siguen destinando recursos a programas, que de no
reestructurarse, estarán condenados al fracaso”.
Aquel texto ofrece sus soluciones, las que empatan con las
tesis más caras del mercado y de aquella prensa afín: “Es
tiempo de plantearse una desregulación del tratamiento de
las tierras indígenas, ya sea permitiendo prácticas que
hoy son consideradas ilegales como el arriendo o entrega
en mediería, o bien a través de la entrega de títulos de
propiedad individual, para permitirles acceder a créditos
como cualquier ciudadano normal, vía hipoteca de su
propiedad. La compra de tierras debe dejar de ser el eje
central de la ley indígena, y los recursos deben enfocarse
en programas integrales de infraestructura en salud,
educación, servicios básicos, comunicación, etc., que
contemplen al 100% de los indígenas”. Lo que se propone es
un estado neoliberal extenso, profundo y homogéneo. En
Chile no hay cabida para otras culturas ni formas de vida.
Estas propuestas las reafirmó El Mercurio el primer
domingo de agosto. En otro titular, citó una vez más una
de sus fuentes consentidas: Una investigación de Libertad
y Desarrollo relaciona la “escalada de violencia” con la
política indígena del gobierno de Michelle Bachelet, "que
promete más entrega de tierras mediante el mecanismo de
compra directa, el cual en gran medida favorece a las
comunidades violentistas".Y recuerda al comisionado
presidencial para el problema mapuche, Rodrigo Egaña, que
"justifica la compra de tierras para comunidades que han
utilizado la violencia, después de haber cumplido las
penas por sus delitos".
En la Araucanía, dice Libertad y Desarrollo y El Mercurio,
hay un “deterioro del Estado de Derecho", del que
responsabiliza al gobierno por no haber aplicado con
energía la ley antiterrorista. Pero halla cambios
positivos, porque “se reconoce que desde que asume
Patricio Rosende como subsecretario del Interior se han
producido cambios de política, como asumir que se debe
utilizar para estos delitos la Ley de Seguridad del
Estado. Éste es un hecho al que el Gobierno se negó desde
que asumió". Como conclusión, el estudio señala que para
mejorar la situación en la zona hay que tomar medidas que
permitan que los autores de estos hechos sean condenados y
que cumplan con esa pena.
Ante este compacto y reduccionista discurso neoliberal y
represivo, se oscurece la historia. Se le silencia. Así
como no hay una referencia alguna a la legitimidad de las
demandas del pueblo mapuche, tampoco la hay a la historia
más reciente. La mayor represión hacia el pueblo mapuche
no data de la conquista o colonización española, sino a la
efectuada por el Estado chileno a finales del siglo XIX.
Lo que se llamó la “Pacificación de la Araucanía” fue una
ocupación militar por parte del Estado chileno del
territorio mapuche, la radicación de sus habitantes a
cotos cerrados y la expropiación de gran parte de sus
tierras, las que posteriormente entregaría a chilenos e
inmigrantes europeos.
El historiador Gabriel Salazar destaca el interés
económico como impulsor de este proceso. En una entrevista
otorgada el año pasado a este cronista, afirmó: “Hay una
etapa de la ocupación de la Araucanía que duró casi cien
años, y que fue una ocupación esencialmente económica. Se
construyeron ferrocarriles, se organizó el territorio en
fundos, que desde el principio tuvieron un carácter
capitalista, los que fueron manejados como sociedades
anónimas desde Santiago, incluso con incorporación de
compañías extranjeras. Una ocupación capitalista del
territorio de la Araucanía acompañada por una muy fuerte
presencia militar, con construcción de escuelas, con la
instalación de la base del Estado. Fue una ocupación muy
sistemática y muy necesitada por el hecho que Chile
necesitaba expandir su frontera agrícola porque estaba
perdiendo el control de sus exportaciones agrícolas. La
ocupación era muy importante para ensanchar el territorio
cerealero, que determinó que la ocupación fuera muy larga
y sistemática”.
Militarización para la apropiación de los recursos
naturales. Entonces, y hoy. Si antes fue evidente la
oligarquía terrateniente, hoy, bajo el sistema capitalista
globalizado, la esencia de esta estructura no ha variado.
En la zona, junto a grandes terratenientes, operan los
grupos nacionales de mayor peso económico y político.
Prácticamente toda las explotaciones forestales y
madereras están en manos de los grupos Matte y Angelini,
ambos íntimamente ligados a El Mercurio, generadores de
ideología neoliberal –el grupo Matte a través del CEP- y
fuertes lobbistas en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
De los terratenientes a los grupos económicos
Hablamos de grandes capitales y poderes. El grupo Angelini
-Copec, Abastible, Eperva, Forestal Arauco, Celulosa
Celco, Antar Chile, entre otras- y el grupo Matte -CMPC,
Forestal Mininco, Colbún- no sólo controlan en Chile el
negocio forestal y de la pulpa de celulosa, sino que
operan como poderes en la sombra. Eliodoro Matte, a la
cabeza de su grupo, es el presidente del neoliberal Centro
de Estudios Públicos (CEP) y uno de sus principales
consejeros es Roberto Angelini, el heredero del grupo tras
la muerte del patriarca Anacleto Angelini. La influencia
de este think tank conformado por conspicuos ex
funcionarios de la dictadura de Pinochet en las políticas
públicas y en el Estado chileno es enorme. Influencia que
también se extiende al ultraconservador Instituto Libertad
y Desarrollo. Tras la presidencia de Carlos Cáceres, uno
de los ministros de Hacienda de Pinochet que forman parte
de esta cofradía, está también Patricia Matte, también ex
funcionaria de la dictadura y miembro del clan Matte.
Los estudios y propuestas políticas de ambos centros
tienen portada asegurada en El Mercurio. Como también las
que provienen de la Fundación Paz Ciudadana, presidida,
bien sabemos, por el mismísimo Agustín Edwards y por
Bernardo Matte. En el resto del directorio están
prácticamente todos los representantes de los poderes
económicos con todo su abanico de negocios junto a
políticos de la Concertación. Recordemos que en el
directorio de esta fundación conviven con Edwards y Matte
la ex ministra Soledad Alvear, Sergio Bitar, René
Cortázar, Mónica Jiménez de la Jara, Eugenio Tironi,
Enrique Correa y el actual ministro del Interior Edmundo
Pérez Yoma. Las políticas públicas de seguridad ciudadana
que se plantean en Paz Ciudadana tienen conexión directa
con la misma Moneda.
El gobierno es Paz Ciudadana
Desde el despacho de Pérez Yoma, ligado íntimamente a Paz
Ciudadana, a El Mercurio y la panoplia de poderes fácticos
–recordemos que el ministro del Interior es un reconocido
empresario- se dirigen las operaciones policiales contra
los activistas mapuches. Rasgos que se replican en la
subsecretaría, tan elogiada por El Mercurio y el Instituto
Libertad y Desarrollo. Y no podría ser de otro modo:
Patricio Rosende –a favor de aplicar la Ley de Seguridad
Interior del Estado contra los activistas mapuche- es un
hombre que viene desde las filas de la derecha. En 1983,
en el marco del proceso de recuperación de la democracia,
fundó el Partido Derecha Republicana y desde 1989 a 2001
formó parte del Partido Alianza de Centro (PAC), Los
Liberales. En 2002, tras la disolución del PAC ingresó al
Partido por la Democracia (PPD).
El gobierno reprime, tiene una cercanía ideológica y
económica con la derecha, pero ciertamente es necesario
observar sus matices. Una ley indígena como la instalada
durante el gobierno de Patricio Aylwin es impensable en un
gobierno de la derecha chilena, así como la más reciente
ratificación del Convenio 169 de la OIT, norma que sin
embargo podría resultar estéril sin una legislación
interior que reconozca los derechos del pueblo mapuche.
Con un gobierno de derecha no sería difícil pensar en
hechos de sangre con características de genocidio
similares a los de Bagua, en el Amazonas peruano,
cometidos por el hoy derechista Alan García.
Para la derecha y el empresariado, y es hasta sorprendente
leerlo, el gobierno se ha puesto del lado de las
comunidades mapuches y contra los empresarios. Una
declaración emitida la última semana de julio por la
Cámara Nacional de Comercio marca esos reclamos:
“Estimamos indispensable que la solución para este
conflicto provenga de un acuerdo donde no sólo estén
presentes el gobierno y las comunidades que reclaman
derechos ancestrales, sino que también se deben considerar
y proteger los derechos, el patrimonio y la vida de
quienes son hoy los dueños legales de esas tierras”.
Lo mismo desde políticos de Renovación Nacional. El
senador por la zona Alberto Espina arremete contra el
Código de Conducta Responsable que conduce el comisionado
Rodrigo Egaña: "Hay normas que son inconstitucionales,
inapropiadas y que dicen relación con la intervención del
Estado respecto de las zonas y lugares donde debe
invertirse, lo que me parece que es contrario a la
Constitución". Espina dice que ese documento "contiene
otro conjunto de disposiciones que son inhibidoras
respecto de la posibilidad de que se desarrolle la región.
Creo que es un borrador del gobierno que no colabora a que
exista una complementación de la multiculturalidad, sino
que más bien tiende a ser un freno a las inversiones. Este
Código tiene un sesgo negativo en contra de la inversión".
Pero esta sociedad es variada. Hay voces y culturas
diferentes. Hace poco más de un mes una delegación de
dirigentes mapuches que intentó llegar a La Moneda fue
violentamente reprimida. Pero sus demandas circularon. El
lonko de Temucuicui, Juan Catrillanca, dirigió una carta
al Estado chileno en la que expone las demandas de su
pueblo: “Hoy junto con seguir luchando, vemos cómo el
Estado Chileno impone a nuestro Pueblo y a su propia
sociedad, un sistema de vida que desde su formación solo
ha provocado miseria, dolor destrucción. Un sistema en
donde todos los valores de solidaridad, respeto y armonía
son aniquilados, sembrando el odio y la destrucción”. La
respuesta ha sido neoliberalismo y represión. La
intolerancia del Estado chileno por otras formas de vida y
pensamiento.
* Publicado
originalmente en Revista Punto Final /
www.puntofinal.cl
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