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Finalmente las
comunidades mapuches dijeron basta. Semanas atrás, más de
cien delegados, entre lonkos y comuneros, habían viajado
hasta la capital del país para plantear sus demandas a la
Presidenta Bachelet. Encabezados por el lonko de
Temucuicui, Juan Catrillanca, demandaban la restitución de
tierras usurpadas y el fin de la militarización de sus
territorios. Nadie los atendió en La Moneda y regresaron
al sur anunciando movilizaciones. La promesa se hizo
efectiva y el pasado 23 de julio, en una acción
coordinada, bajo el alero de la Alianza Territorial
Wenteche-Pewenche, las comunidades emprendieron la
ocupación de numerosos predios agrícolas y forestales de
La Araucanía.
Pero tal como en años
anteriores, la respuesta gubernamental a la movilización
fue violentos desalojos, allanamientos a viviendas y
arrestos extrajudiciales. Al cierre de esta edición de PF,
ya existen cinco mapuches heridos a bala, uno de ellos
herido con balas de plomo en uno de sus ojos al interior
de la comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla. Otros dos
heridos por balas policiales eran miembros de la comunidad
Coñomil Epuleo, “y ya no se trata de balines de goma,
ahora son balas de plomo las que está usando la policía en
los operativos”, denunció la Alianza Territorial. Las
comunidades han anunciado que no pararán las
movilizaciones y las acciones de autodefensa mientras no
exista una señal clara de diálogo del gobierno. Demandan
una “mesa de trabajo” que aborde de manera integral la
demanda territorial y política mapuche. Hasta el momento
lo único que ha imperado, por parte del Ejecutivo, ha sido
la lógica de los apaleos y los calabozos.
Los últimos acontecimientos en Territorio Mapuche dan
cuenta de un historial de atropellos impunes. De allí que
cause indignación el cinismo de las autoridades de
gobierno, las mismas que el pasado 26 de junio decretaron
con bombos y platillos el “Día Nacional Contra la
Tortura”. “El propósito es generar una oportunidad para
que los chilenos aúnen voluntades y expresen año a año su
condena contra esta práctica inaceptable”, explicó la
vocera de gobierno Carolina Tohá, aparentemente no
informada de los recurrentes abusos policiales cometidos
contra comuneros y sus familias en las regiones del sur,
documentados hasta el hartazgo por organismos
internacionales.
Junto a la asignación
del Día contra la Tortura en el calendario nacional, el
gobierno anunció además el envío al Parlamento de un
proyecto de ley que modificará la tipificación del delito
de tortura. A juicio de Tohá, dichas modificaciones
buscarán “dar un paso más en que Chile se incorpore a los
estándares internacionales en un tema (derechos humanos)
que es tan sentido para nuestro país”, lo que se sumaría a
otras acciones anunciadas por La Moneda, como la actual
construcción del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos y la reciente rectificación del Congreso al
Estatuto de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional
(TPI). “Un paso concreto hacia mayores estándares
democráticos”, resumió Tohá.
Pero no son gestos de buena voluntad, aclara Paulina
Acevedo, periodista del Observatorio Ciudadano y quien ha
documentado diversos casos de torturas en contra de
miembros del Pueblo Mapuche en los últimos años. “Esta
iniciativa obedece a las recomendaciones que en mayo
pasado hizo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas
a Chile, tras examinar el quinto informe periódico del
gobierno”, señala a Punto Final. En dicha evaluación,
especial atención habría otorgado el Comité a la poco
seria tipificación del delito de tortura en la legislación
nacional, muy lejos de los estándares internacionales.
“Por eso, más allá del
gesto simbólico de decretar un día nacional, lo importante
es conocer los contenidos específicos del proyecto que
presentará el gobierno y evaluar si éstos cumplen con lo
exigido por el Comité. Hoy en Chile el delito de tortura
limita como potenciales víctimas solo a aquellas personas
privadas de libertad, distinción que no existe en la
Convención. La legislación nacional tampoco prevé la
sanción a las tentativas de torturas. Y si el responsable
del acto es un policía uniformado, el caso no es juzgado
como tortura bajo el Código Penal, sino como “violencia
innecesaria” bajo el artículo 330 del Código de Justicia
militar, por lo cual la legislación sobre tortura sigue
sin aplicación en la práctica”, indica Acevedo, dejando al
descubierto un escenario de desprotección que tiene a los
mapuches como víctimas predilectas.
Esto adquiere ribetes de espanto cuando sendos informes de
organismos de derechos humanos sitúan a Chile como uno de
los países donde la tortura, los apremios ilegítimos y el
abuso policial campean con total impunidad. Es el caso de
Amnistia Internacional, que en su Informe Anual 2009,
publicado el pasado 28 de mayo, constató como casos de
tortura durante el año 2008 y los primeros meses de 2009
se siguieron produciendo en el país. Más aun, el organismo
no dudó en señalar a Chile como uno de los 100 países, de
los 157 que analiza la organización, donde se han
practicado tortura y malos tratos a manos de las fuerzas
de seguridad y la policía. Bien lo saben los hijos del
matrimonio Parra-Carilao, Paola, Daniel y sus hermanitos
Fernanda y Norberto, todos ellos miembros de la “comunidad
Esteban Yebilao” en la comuna de Tirúa, Octava Región.
Acusados de simpatizar con la Coordinadora Arauco-Malleco,
todos ellos relataron la crudeza de los allanamientos
policiales que los afectaron en Octubre de 2008, donde no
solo los amenazaron verbalmente, sino también con armas de
grueso calibre.
Según consiga un
informe del Observatorio Ciudadano, el 17 de octubre de
2008, la vivienda de una humilde familia mapuche con cinco
niños del sector Choque, cerca del lago LLeulleu, fue
allanada por un gran contingente de Carabineros y de la
Policía de Investigaciones (PDI). Ello, con posperioridad
a una emboscada que afectó al fiscal de Cañete que
investigaba hechos en el marco de la movilización de
comunidades por la recuperación de tierras. Paola tiene 13
años y junto a sus hermanos Daniel de 10, Fernanda de 7 y
Nolberto de 4, quedaron impactados y choqueados por la
violencia y gran aparataje militar con que los agentes del
Estado irrumpieron en su domicilio. “Me bajé del furgón
del colegio, donde mi tía y de repente cuando aparecen
carabineros, revisándome, quitándome el celular, y
diciéndome quién me lo había regalado y por qué si era muy
chica, me dijeron que no tenía que tener celulares a esta
edad”, relata con voz entrecortada.
El día del allanamiento Daniel cuenta que “me apuntaron en
la cabeza, de cerca, estaban adentro de la casa, me
amenazaron, me decían que si no entregaba las armas se
iban a llevar presa a mi mamá (Jessica), y yo me puse a
llorar. A mi tía (Verónica) le decían que entregara las
armas sino le iban a llevar a todos sus hijos… Después se
fueron a la casa de mi mami (abuela María Liencura de 73
años), y le empezaron a desparramar toda la harina...
después le llevaron todos los huevos a mi mami, eran los
últimos que tenía y se los llevaron, y parece que se los
comieron. Ahí donde estaban sembrando desparramaron las
papas y el abono también. Desparramaron todo. Los
carabineros, pararon a un caballero que andaba vendiendo
frutas, le apuntaron, él traía una guagüita también, lo
apuntaban, le decían insolencia y le decían que se fuera,
él se fue con miedo,” culmina entre sollozos el menor su
testimonio. Jéssica Carilao (27) madre de los niños antes
mencionados y esposa de Norberto Parra, actualmente
detenido en Concepción, ratifica que ese día llegaron
carabineros, “apuntando con las armas a los niños,
llegaron diciendo entreguen las armas, dónde tienen las
armas, cooperen. Nosotros le decíamos si no tenemos armas,
de dónde vamos a sacar armas. Ellos decían, es que digan,
tienen que decir dónde tienen las armas. Pero hicieron el
allanamiento y no encontraron nada”.
Pero Daniel relata otro hecho acaecido en la zona meses
antes, cuando mientras estaba en su escuela sintió
disparos. Al acudir al lugar observó a su padre
ensangrentado tras un ataque de carabineros que le disparó
en la espalda, mientras él buscaba leña con una motosierra
en terreno de su hermano. “Él arrancó porque le dio
miedo”, relata el menor. En aquella ocasión los
carabineros lo maltrataron duramente, señala. “Le dejaron
moretones en los hombros, en la espalda, también le
sacaron un diente, le dejaron los ojos negros. Mi papa
quedo jodido de la mano, tenía una mansa herida, por eso
le habían agarrado susto a los carabineros y de ahí mi
papa se saco fotos donde aparecía sangrando”, comenta con
pena.
Posteriormente,
denuncia el Observatorio Ciudadano, esas fotos fueron
requisadas por carabineros el día del allanamiento. La
versión del menor es ratificada por Verónica Mariñán,
cuñada de Nolberto Parra. Explica que ese 12 de junio su
cuñado se encontraba trabajando junto a su esposo, Cesar
Parra, cuando fue atacado por carabineros. “Después decían
entre ellos (los carabineros) ‘la cagamos con dispararle’,
ya que estaban en un recinto privado y ellos le pusieron
que estaban en tierras de la (forestal) Mininco, que
habían disparado allá y que andaban robando madera, puras
mentiras eso”, subraya Verónica. “Los niños están
traumatizados, no pueden ver a carabineros, mi hijo ve un
carabinero y arranca y se aferra a mí, en las noches
tienen pesadillas”, concluye.
Un Informe silenciado
Lo relatado por los niños de Choque no son cuentos. La
propia jefatura de Carabineros en la zona sur ha dado
cuenta de esta realidad en informes confidenciales
enviados a sus cuarteles y a los cuales tuvo acceso Punto
Final. “Se puede apreciar con absoluta claridad que el
personal de Carabineros llega al lugar de los hechos con
un ánimo confrontacional predispuesto e incluso, en más de
algún procedimiento, ha sido la actuación policial
desmedida y prepotente la que ha provocado la reacción de
los comuneros mapuche”, advertía en junio de 1999 el
entonces Jefe de la Novena Zona de Carabineros, General
Mauricio Catalán, a sus subalternos de la Prefectura de
Cautín, al parecer sin resultado disuasivo alguno.
Organismos del propio
Estado, como el Ministerio de Salud, han documentado en
los últimos años los graves daños psicológicos que sufren
los niños mapuche tras ser víctimas o presenciar torturas
y apremios en contra de sus familiares por parte de
Carabineros y efectivos de la policía civil. Fue lo que
comprobó con estupor el Servicio de Salud Araucanía Norte
en septiembre del año 2004, tras conocer el resultado
final de un Informe de Diagnóstico e Intervención
encargado a dos profesionales del área y que jamás fue
dado a conocer públicamente por las autoridades.
Centrado en los menores de edad de la comunidad Cacique
José Guiñón de la comuna de Ercilla, Novena Región, en sus
conclusiones el Informe era lapidario. “Queremos enfatizar
la existencia en general de una vulneración o alteración
de la mayoría de los derechos de los niños y niñas de la
Comunidad Cacique José Guiñón, a pesar de que en el año
1998 Chile manifiestó su acuerdo como país comprometido
con la Defensa de los Derechos Humanos adoptada por la
Asamblea General de la ONU”, consignó. El revelador
estudio, elaborado por los profesionales Rosa Sepúlveda,
psicóloga del Servicio de Psiquiatría del Hospital de
Angol, y Adelmo Millaqueo Millapán, facilitador
intercultural del Consultorio de Ercilla, dió cuenta de la
situación de vulneración en sus derechos de 11 niños de la
comunidad, producto de los constantes allanamientos
policiales y otras acciones de amedrentamiento llevadas a
cabo en dicha zona por efectivos de Fuerzas Especiales y
agentes de la PDI, quienes actuaban al amparo de la Ley
Antiterrorista aplicada por el entonces presidente Ricardo
Lagos.
Según señalan los autores del Informe, el grupo específico
de niños con los que se llevó a cabo el diagnóstico
correspondió a integrantes de cinco familias afectados por
la represión policial en dicha zona de conflicto
territorial. A través de los testimonios de los propios
menores afectados, obtenidos a través de sesiones de
entrevistas y trabajos de grupo, los especialistas fueron
armando las piezas de un verdadero puzzle de terror, dando
cuenta de una historia de atropellos que hasta la fecha se
ha mantenido inalterable para muchas familias.
Allanamientos nocturnos, golpizas, amenazas y arrestos
extrajudiciales; menores apuntados por el frio metal de
una subametralladora; niños observando aterrados, a altas
horas de la noche, el violento ingreso de hombres
uniformados en sus casas. La cara oculta de un conflicto
que lleva a los profesionales del Servicio de Salud
encargados del Informe a un diagnostico inequívoco.
“Es por lo anterior,
por las situaciones a las cuales han sido expuestos y la
sintomatología mostrada, que puede decirse que la
violencia sufrida tanto por los niños/as como los otros
integrantes de la Comunidad José Guiñon, emerge entonces
como una seria violación de los derechos humanos que
revoca la dignidad, la igualdad, la autonomía y el
bienestar tanto físico como emocional de quienes la
viven”. “A los niños les han amenazado, golpeado contra el
suelo y la pared, dado culatazos con armas de fuego y les
han hecho presenciar fuertes escenas en que sus padres,
cuidadores o familiares son agredidos física y
psicológicamente por efectivos policiales”, señala el
Informe, dando cuenta de diversos testimonios entregados
por los propios menores víctimas del accionar policial y
que grafican un escenario de terror que - concluyen los
profesionales - “los marcará por el resto de sus vidas”.
Tortura en cárceles
En el caso del Pueblo Mapuche, otro sector que es víctima
recurrente de tortura lo constituyen los presos políticos.
El 26 de junio pasado, día en que la Presidenta Bachelet
decretaba el Día Nacional Contra la Tortura,
representantes de la Comisión Ética contra la Tortura
(CECT) entregaban en La Moneda los resultados de su
Segundo Informe de Derechos Humanos. El Informe no solo
contenía las deudas pendientes del Estado Chileno sobre la
tortura ejercida en tiempos de dictadura, sino también un
capítulo completo centrado en la situación mapuche. “En
los últimos años, excepto el asesinato del trabajador
forestal, Rodrigo Cisternas de 26 años, todas las demás
personas afectadas gravemente en sus derechos humanos son
mapuches”, señala el Informe.
“Matías Catrileo, asesinado por la espalda por Carabineros
de Chile. Johny Cariqueo, muerto luego que Carabineros de
Pudahuel lo torturara. José Huenante, de 16 años, detenido
por Carabineros de Chile en el 2005, desaparecido desde
entonces. Miguel Tapia Huenulef, detenido por Carabineros
del GOPE, que en un número superior a 30 efectivos,
allanaron violentamente su domicilio en Santiago,
reduciendo mediante golpes a todos sus moradores. En la
zona de la Araucanía, los niños en las escuelas son
interrogados por efectivos policiales para ubicar a sus
padres que tienen órdenes de arresto. El secuestro, en el
2003, de Daniela Ñancupil de sólo 12 años, hija del lonko
de Nalcahue, por parte de civiles quienes portando armas y
equipos de comunicación la retuvieron amenazándola de
muerte, golpeándola e interrogándola sobre su familia y
dirigentes mapuches; Patricio Queipul Millanao, de 13
años, en diciembre 2008 secuestrado por la PDI en la
comunidad autónoma de Temucuicui”... Y la lista continñua.
“El volumen de la información recabada nos hace consagrar
un espacio especial a la represión que aqueja a nuestros
hermanos del Pueblo Mapuche, los montajes judiciales y
actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes que aún practica la policía chilena en
contra de ellos, dejan traslucir la existencia de un
sistema de justicia arbitrario y altamente discriminatorio
hacia esta etnia y por la que claman diversas instancias
internacionales, incluido el Comité Contra la Tortura de
la ONU”, señaló la entidad, prestando luego especial
atención a la situación que atraviesan los presos
políticos. A juicio de la entidad, todos ellos serían
víctimas de la lógica de la “guerra preventiva, que divide
al mundo en enemigos y amigos”. “En las filas de los
'enemigos', para el Estado chileno parecen estar los
jóvenes que expresan su descontento por la ausencia de
perspectivas de futuro; los estudiantes que denuncian la
mercantilización de la educación; los trabajadores que
luchan por salario digno y sobre todo, los mapuches que
exigen recuperar sus tierras ancestrales”, sentencia el
Informe.
* Publicado
originalmente en Revista Punto Final /
www.puntofinal.cl
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