CRONICA

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Transversales muestras de repudio ha generado en el País Mapuche el asesinato a manos de un funcionario policial del comunero Jaime Mendoza Collio, baleado por el cabo de Carabineros y dotación del GOPE, Patricio Jara Muñoz, ello tras el desalojo de un predio agrícola reivindicado por familias campesinas de la Comunidad Requem Pillan en la comuna de Angol. En Temuko, el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, condenó la acción policial calificándola como una verdadera “ejecución extrajudicial”, en momentos en que el joven comunero “se encontraba bajo custodia policial”, denunció Huilcamán.

El crimen de Mendoza Collio, de 24 años de edad y padre de un niño de 4 años, ocurrió la tarde de ayer miércoles, luego de que el tribunal de Angol autorizara el desalojo del fundo San Sebastián perteneciente al particular Sergio González Jarpa. El predio había sido ocupado a tempranas horas por numerosas familias que reivindican derechos ancestrales de propiedad. La violencia del operativo dejó además un saldo de ocho comuneros heridos y detenidos, escenario de violencia que en opinión de Huilcamán, no se condice con la actitud pacífica de la comunidad.

“No se puede acusar a la comunidad Requem Pillan que hayan actuado con violencia, porque desde el año 2001 en adelante han buscado todas las formas de diálogo con las autoridades competentes de la región y nunca fueron escuchados. Desde el punto de vista de los procedimientos institucionales, esta comunidad agotó todo las instancias de diálogo”, señaló el werken. Agregó Huilcamán que la comunidad presentó aquel año toda la documentación que avala su demanda territorial ante el gobierno, MIDEPLAN, CONADI y en la propia Intendencia de la IX región, ello sin recibir respuesta.

Por su parte, la Identidad Territorial Lafkenche declaró que lo sucedido en Angol “solo viene a confirmar la incapacidad del Gobierno por dar una verdadera y justa salida a la demanda histórica del Pueblo Mapuche”. La entidad, además de expresar su solidaridad, apoyo y condolencias con los familiares del comunero asesinado, declaró que “la opinión pública de Chile sabrá castigar estos actos que vienen a evidenciar los verdaderos principios del Gobierno de la Concertación y su inconsecuente discurso a la hora de referirse a nuestra problemática social ancestral. Esto no es más que una muestra del retroceso de las políticas indígenas en este país”, subrayó.

Exigen renuncia de Ministro

Y precisamente hacia el gobierno puntó el emplazamiento que realizó el Partido Mapuche Wallmapuwen en Temuko. La colectividad política responsabilizó directamente a la presidenta Michelle Bachelet por un crimen “que tiñe nuevamente de sangre los campos del País Mapuche”. A juicio de Wallmapuwen, el crimen del comunero no constituye “un hecho aislado”, como señaló ante los medios el Subsecretario del Interior, Patricio Rosende. “Se enmarca dentro de una política de criminalización de las demandas históricas del Pueblo Mapuche, implementada por la Concertación de gobierno y que busca desvirtuar el trasfondo político de nuestra lucha”, denunció la colectividad.

Ante ello, Wallmapuwen exigió a la primer mandataria la renuncia del Ministro del Interior, Edmundo Perez Yoma, y del propio Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, “responsables directos del escenario de represión y criminalización que afecta a comunidades movilizadas por sus tierras. Demandamos se haga efectiva la responsabilidad política que compete a ambas autoridades por su negligencia criminal a la hora de abordar el actual escenario de conflicto”, declaró la colectividad en Temuko, a su vez que demandó que los hechos fueran investigados por la justicia civil y monitoreados por organismos de derechos humanos.

Wallmapuwen finalmente llamó a las “diferentes expresiones del Pueblo Mapuche”, a manifestarse públicamente y aunar criterios para respaldar con movilizaciones a la Alianza Territorial Mapuche, referente que ha liderado las recuperaciones de tierras en la zona sur. “Este nuevo crimen de Estado nos demanda responder como un solo Pueblo, como una sola Nación”, subrayó la colectividad.

Mapuches en Santiago

No solo en Temuko hubo pronunciamientos. En Santiago, la organización Meli Witran Mapu solidarizó con la Comunidad Requem Pillan y amplió la responsabilidad por el crimen de Mendoza Collio a sectores políticos de derecha del país, “porque son ellos los que sustentan la política de militarización constante del territorio mapuche, son ellos los que han hecho de las comunidades y ciudades del sur un verdadero estado de sitio, donde se vulneran constantemente los derechos de nuestro pueblo”. Para la entidad urbana, “el accionar represivo de la Concertación y la Derecha obedece claramente a la negación de nuestros derechos políticos y territoriales, a la negación de la autonomía y la autodeterminación”.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano, organización no gubernamental dirigida por los abogados Nancy Yañez y José Aylwin, tras solidarizar con la familia del joven comunero fallecido, condenó energicamente “el uso de la violencia como mecanismo para abordar los conflictos interétnicos de larga data que existen en esta parte de Chile, en particular aquellos vinculados a la propiedad de la tierra”. “Como lo hemos señalado reiteradamente, agregó la entidad, tenemos la convicción que la represión no es conducente para dar una solución a este conflicto, sino que generalmente revierte en un aumento de la violencia generando mayor tensión social”.

Apunto la institución de derechos humanos que la muerte del comunero “ocurre en el marco de los anuncios realizados por el Ministro del Interior de reforzar la dotación policial en la zona, en particular de fuerzas especiales, asumiendo públicamente la fuerza y la represión como estrategia para contrarrestar las acciones de movilización mapuche en el sur del país y para garantizar la gobernabilidad”. Ante esta situación, el Observatorio instó a las autoridades a “desarrollar acciones urgentes para establecer un diálogo efectivo con las comunidades actualmente involucradas en los conflictos por tierras”, diálogo que -precisó la entidad- debiera ajustarse a los estandares internacionales de derechos de los pueblos indígenas.
 

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