CRONICA

FOTO DE AZKINTUWE.

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La Corte Marcial resolvió esta tarde confirmar el procesamiento y negar la libertad provisional al cabo de Carabineros, Miguel Jara Muñoz, autor del disparo que terminó con la vida del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, tras el violento desalojo de un predio en la comuna de Angol, País Mapuche. El funcionario del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) deberá permanecer bajo custodia al interior de la Primera Comisaría de Angol.

El procesamiento se confirmó por 4 votos a uno, con el voto en contra del ministro Manuel Arancibia, que representa a la policía uniformada en la Corte Marcial. En tanto, la denegación de libertad fue ratificada por 3 votos a 2, luego que el mismo magistrado y el presidente del tribunal, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Muñoz, fueron de la opinión de dejar libre al efectivo policial.

A los alegatos sólo se presentó el abogado defensor del cabo, Jorge Parra, quien aseguró que es "absolutamente falso" que existan pruebas que demuestren que el fallecido Jaime Mendoza Collío no manipuló un arma de fuego durante los incidentes que terminaron con su vida. Asimismo, el abogado cuestionó que no se haya considerado hasta ahora en los peritajes que Mendoza Collío atravesó un estero durante el supuesto enfrentamiento con Carabineros, por lo que "la influencia del agua se debiera tener en consideración".

La versión de la defensa del policía contrasta con los Informes del Servicio Médico Legal y el Laboratorio de Criminalística de la Polícia de Investigaciones (PDI), que desmienten lo aseverado por Parra ante la Corte Marcial. Según se desprende de los Informes, Mendoza Collío recibió el disparo por la espalda y pertitajes posteriores revelaron que no tenía restos de pólvora ni en su cuerpo ni en su ropa, lo que indica que el joven no disparó ningún arma contra el funcionario policial, cuya defensa alega "defensa propia".

Testigo clave

La decisión de la Corte Marcial coincidió con las declaraciones a radios Bio Bio y ADN de un testigo que estaba con Mendoza el día de la movilización y que pudo huir tras lanzarse a un canal cercano y permanecer escondido bajo una zarza durante más de una hora. Según este testigo, miembro de la Comunidad Requem Pillan y que es buscado por Carabineros, los efectivos del GOPE mantuvieron al joven tirado boca abajo en el suelo y esposado después de haberle disparado.

"Detrás de nosotros Carabineros venía disparando, siguiéndonos, no sé si perdigones y nos quedamos quietos en un canal. Cuando Carabineros estaba a 10 ó 15 metros , no hallé que hacer y me tiré a un canal", señaló el testigo. Indicó que tras ello, Mendoza intentó correr por la orilla de ese canal, pero en ese momento se sintió un disparo. "Después nadé 30 metros y cuando intenté salir del canal por debajo por una zarza, unos cinco minutos después, me di cuenta que Carabineros lo tenía al otro lado del canal. Lo tenían boca abajo y esposado, durante una hora y media que yo estuve escondido en el agua. Carabineros lo dejó ahí, dejando que se muriera. Se quedaron tres uniformados con él y el resto siguieron corriendo al bosque a la siga de los otros comuneros", afirmó.

El testigo clave aseguró que Carabineros mantuvo a Mendoza en ese lugar sin prestarle ningún tipo de ayuda. "Yo no sabía si tenía algún impacto de bala o algún perdigón. Llegó otro peñi, que no sé donde lo agarraron, y que fue torturado. A él lo vendaron y dejaron hincado en una laguna con agua, como a cincuenta metros de donde estaba nuestro hermano", afirmó. "Yo salí del canal y de nuevo lo vi esposado. Llegué hasta una casa que estaba sola y después llegaron los dueños y ahí supe que estaba muerto", añadió. Adelantó que solo declarará ante la Justicia cuando disponga de un abogado que garantice sus derechos.

Respaldo a Llévenes

Cabe destacar que el jefe de la Zona de Carabineros de la Araucanía, Cristián Llévenes, ha insistido en que el incidente fue una "legítima defensa" y reiteró el apoyo institucional al cabo, quien se encuentra detenido en la Primera Comisaría de Angol. Cuestionado por organizaciones mapuches y sectores políticos de la propia Concertación gobernante, el gobierno descartó reemplazar al jefe policial. "No vamos a transformar ese tema en un debate comunicacional", dijo la ministra vocera del gobierno, Carolina Tohá, refiriéndose al relevo de Llévenes por el asesinato de Mendoza Collío.

"Lo que sí queremos decir es que nos parece que las autoridades públicas de todo tipo, políticas, policiales, tenemos que evitar hacer declaraciones respecto de temas que estén en investigación", comentó este martes a la prensa la funcionaria. Cabe recordar que a causa del referido crimen, el senador oficialista Guido Girardi, en nombre del socialdemócrata Partido Por la Democracia (PPD), solicitó públicamente la remoción del jefe policial de la zona.

"Que se justifique la legítima defensa de Carabineros respecto a una persona que recibió un disparo por la espalda, que estaba desarmada; a nosotros nos parece que eso constituye una situación grave", dijo Girardi. "Nosotros hemos pedido la remoción de Cristian Llévenes porque creemos que no da garantías de seguridad", añadió el legislador. Desde las organizaciones mapuches también se ha exigido al gobierno la destitución de Llévenes. Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, sentenció a comienzos de semana que "Carabineros le miente al país".

"La postura de Carabineros, de legítima defensa, ha quedado desmentida de forma absoluta y, además, se ratifica que tanto el general Cristián Yévenes como los miembros de la institución mienten al país y han generado un montaje para los ojos de la opinión pública", sentenció Huilcamán. Además, agregó que "la muerte de Mendoza es un acto de ejecución extrajudicial, es una violación al Derecho a la Vida y en la que el Estado chileno queda como un Estado que viola los derechos humanos". "Carabineros los persiguió cientos de metros, en ese momento hirieron de muerte a Jaime y más tarde perdió la vida en uno de los predios de la comunidad", agregó.

Responsabilidades políticas

En Santiago, en tanto, Franciso Vera Millaquen, delegado mapuche ante las Naciones Unidas en Ginebra, exigió la renuncia del Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y del Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, por sus eventuales responsabilidades en el conflicto que se agudiza cada día en el País Mapuche. Junto con repudiar el asesinato de Mendoza, enfatizó Vera que la responsabilidad de este hecho "recae tanto en el funcionario de Carabineros que percutó el arma, como la plana mayor de grado superior de la referida institución. Aún más, esta responsabilidad se extiende al ministro del Interior".

El werkén de la Comunidad Pepiukelen de Pargua afirmó que "el señor Egaña no es una persona que esté a la altura para conducir los conflictos indígenas ni menos para darle solución. Él cuando llegó lo único que ha creado son conflictos y el estado de tensión en La Araucanía se ha ido agudizando precisamente por las políticas que él está implantando". Por tal motivo "exigimos la renuncia inmediata de los actores responsables de generar este conflicto, especialmente del ministro del Interior y el comisionado Rodrigo Egaña", afirmó por su parte el Consejero Mapuche Urbano, José Llancapán.

Según Llancapan, para lograr soluciones de fondo que terminen con los actos de violencia y alcancen acuerdos entre las comunidades indígenas y el Gobierno, se necesita crear una mesa de trabajo, en la que haya representante de la Iglesia y delegados internacionales. "Lo primero que tiene que hacer el gobierno es desmilitarizar la región, luego instalar una negociación con gente responsable que dé garantías a nuestro pueblo, un representante internacional y alguien de la Iglesia", agregó el Consejero Indígena, representante ante la CONADI de los mapuches que habitan en la Región Metropolitana.

"Debiera armarse una mesa de alto nivel con veedores internacionales, con dirigentes calificados a nivel país y la Presidenta debería estar presente en las reuniones y no poner intermediarios, para que esto tenga resultados", aseveró Llancapán en conferencia de prensa. Las organizaciones mapuches pidieron además al Gobierno la desmilitarización de la zona y revisar la política penal con la que se está abordando el, a su juicio, "mal llamado conflicto mapuche", en particular la aplicación de la Ley Antiterrorista, sumándose a los planteamientos de diversas organizaciones mapuches en la zona de conflicto.

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