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FOTO DE ANDRÉS CARVAJAL. |
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La
muerte del joven mapuche Jaime Facundo Mendoza Collio, de la comunidad
Requem Pillan de Ercilla en la Araucanía, el 12 de agosto como
consecuencia de un disparo efectuado por carabineros que impactó su
espalda en el marco del desalojo de un predio en conflicto, ha provocado
indignación en la región y el país. Recordemos que no se trata de la
primera víctima fatal de los conflictos por tierras en la Araucanía.
Otras tres personas mapuche han muerto en los últimos años (Alex Lemun
el 2002, Juan Collihuin el 2006 y Matías Catrileo el 2008) como
consecuencia del uso abusivo de la fuerza por carabineros.
La presidenta Bachelet lamentó su muerte señalando que “nada justifica
la violencia en la Araucanía”. Instó, además, al diálogo como el único
camino para “la solución de las legítimas demandas históricas del pueblo
mapuche”. La Ministra Toha, por su parte, anunció la conformación de una
delegación especial, compuesta por el Comisionado Presidencial para
Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, y la Ministra de Planificación, Paula
Quintana, entre otros, que viajaría próximamente a la Araucanía para
impulsar este diálogo.
El llamado al diálogo frente a situaciones de conflicto como la que
involucra al estado chileno y al pueblo mapuche, siempre es positivo. No
puede dejar de señalarse, sin embargo, que resulta lamentable que éste
sea efectuado luego de cobrar otra víctima fatal. Hace solo un mes
atrás, un centenar de representantes de comunidades mapuche, incluyendo
los de Requem Pillan, viajaron a Santiago para entrevistarse con la
Presidenta para solicitar su intercesión frente a la demora de las
instancias estatales encargadas de los asuntos indígenas en dar
respuesta a sus reclamos de tierras. En la ocasión no solo no fueron
recibidos por Bachelet o por sus asesores, sino que fueron tratados
discriminatoriamente por los guardias de palacio, manteniéndolos a
distancia de la Moneda.
Cansados de esperar la contestación de la autoridad a sus peticiones, de
regreso en el sur ocuparon las tierras que reclamaban. La respuesta del
gobierno fue el envío a la Araucanía del Subsecretario del Interior,
Patricio Rosende, quien sin conversar con las comunidades mapuche,
sobrevoló la zona de conflicto y reforzó la estrategia policial. Su
visita dio carta blanca a carabineros para actuar represivamente en
contra de los mapuche, y relegó la solución política del conflicto a un
segundo plano.
La disposición del pueblo mapuche al diálogo, aunque algunos sectores de
la sociedad chilena hoy se obstinen en negar, ha sido constante en el
tiempo. La historia de Chile sería otra sin los parlamentos que sus
representantes sostuvieron por largo tiempo con las autoridades
coloniales primero y con el estado republicano después, dialogando con
ellas sobre las relaciones fronterizas, el comercio y la paz. La
historia nos demuestra que ha sido el estado chileno el que en forma
reiterada ha quebrantado el diálogo con los mapuche. Así lo hizo el
siglo XIX cuando ocupó por la fuerza la Araucanía y redujo a los mapuche
al 5 % de su territorio ancestral. Lo volvió a hacer más tarde durante
el régimen militar, al privar a los mapuche de las tierras que les
fueron restituidas durante la reforma agraria y, posteriormente, al
dividir forzosamente sus comunidades. Así lo sigue haciendo cuando
impone proyectos de inversión privados –como las plantaciones forestales
que afectan a las comunidades de Malleco- en sus tierras y territorios,
sin procesos de consulta adecuados, sin compensación por daños, y menos
con la participación de las comunidades en los beneficios que éstos
generan como lo establece el derecho internacional sobre la materia,
incluyendo el Convenio 169 de la OIT ahora ratificado por Chile.
Serán las partes de este conflicto histórico y actual las que tendrán
que determinar si el diálogo al que convoca Bachelet es viable o no.
Desde la perspectiva de los derechos humanos y de la interculturalidad,
sin embargo, pueden identificarse algunos requisitos mínimos sin los
cuales resulta evidente que dicho diálogo no tiene muchas posibilidades
de prosperar. El primero de ellos es la decisión del gobierno de poner
término al actuar impune de los agentes policiales en contra de los
mapuche. Sabemos que los delitos que cometen los agentes policiales del
estado en contra de civiles, en este caso de los mapuche, son de
competencia de la justicia militar, la que carece de la imparcialidad e
independencia necesaria para el análisis de casos que involucran a
miembros de las fuerzas armadas. La impunidad en que dicha justicia ha
dejado a los crímenes hasta ahora cometidos por carabineros en contra de
personas mapuche, es prueba suficiente de ello.
El gobierno dispone, sin embargo, de facultades constitucionales y
legales que le permiten la fiscalización y sanción administrativa de
este tipo de conductas. Una señal mínima en este sentido sería ordenar
la salida de la institución del carabinero involucrado en estos hechos,
así como la de sus superiores directos que lo han respaldado a sabiendas
de que éste cometió un grave delito. Otra señal sería la de hacerse
parte en los procesos que se sigan en contra del autor de este delito
para hacer efectiva su responsabilidad penal. Ello además de solicitar
extrema urgencia al proyecto de ley que reforma la justicia militar para
poner término a su competencia para conocer este tipo de hechos
delictivos, hoy en discusión en el congreso, asegurando que sus
contenidos se adecuen a las recomendaciones de diversas instancias de
derechos humanos, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Palamara v. Chile (2005). A ello debería agregarse el
término inmediato de la militarización en que hoy se encuentran las
comunidades en conflicto, la que constituye una provocación inaceptable
para la convivencia interétnica.
Otro gesto indispensable de parte del gobierno sería el acelerar la
respuesta del estado a lo que la propia Presidenta califica de legítimas
demandas de tierras mapuche basadas en títulos legales y/o ancestrales.
Muchos de los predios que han sido ocupados en las últimas semanas por
los mapuche llevan años en procesos de negociación para su adquisición a
través del Fondo de Tierras y Aguas de CONADI. La capacidad que dicho
Fondo tiene de dar solución a tales demandas, como sabemos, es precaria.
Ello en razón de su escaso presupuesto (poco más de US $150 millones de
dólares en quince años), en contraste con el presupuesto asignado por el
gobierno a otras políticas públicas, como por ejemplo, la compra de
armamentos (solo este año el gobierno de Chile adquirirá armamentos en
EEUU por US $275 millones). Esto, además, en razón de los precios
especulativos que el estado termina pagando a sus propietarios legales
para su adquisición, los que según reconoce la propia CONADI, se han
incrementado exponencialmente en los últimos años.
Así lo demuestra el hecho de que de las 115 comunidades priorizadas por
el gobierno el 2008 para la aplicación del Art. 20 de la Ley 19.326 y
comprometidas en el Plan Reconocer, a la fecha solo 36 han recibido
solución a través de dicho Fondo. Esta situación obliga al gobierno a
revisar urgentemente su política en la materia, haciendo utilización de
un mecanismo que fuera propuesto por la Comisión de Verdad Histórica y
Nuevo Trato, y que está contemplado en la Constitución Política, sin ser
utilizado hasta ahora, como lo es el de la expropiación por causa de
utilidad pública de los predios necesarios para solucionar los
conflictos por tierras mapuche basados en títulos legales y/o
ancestrales de sus comunidades. Se trata no solo de un mecanismo cuya
validez jurídica es inobjetable, sino además, de uno que se utiliza
frecuentemente por el estado en territorios indígenas para materializar
proyectos de inversión carreteros o hidroeléctricos. Su utilización en
favor de los mapuche daría cuenta de una nueva actitud del estado para
responder a las legítimas demandas de sus comunidades.
Un diálogo como el propuesto por Bachelet en un contexto como el actual,
en que por razones obvias las confianzas están resquebrajadas, requiere
además de garantes. Sin ellos será difícil que éste prospere. Ya el 2004
el Relator Especial de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo
Stavenhagen, en su informe de misión a Chile proponía el involucramiento
del Sistema de la ONU en el país para el desarrollo de un diálogo entre
el estado y los pueblos indígenas a objeto de analizar las formas de
implementación de las recomendaciones que el mismo hizo para abordar las
situaciones de conflicto interétnico más graves. La proposición del
entonces Relator Especial Stavenhagen adquiere hoy mayor relevancia,
dado el incremento del nivel de conflictividad entre los mapuche y el
estado. El involucramiento como garante del Sistema de la ONU en Chile
en un diálogo de esta naturaleza, además sería consistente con la
preocupación reciente expresada por distintos órganos de tratado de esta
entidad, incluyendo entre ellos el Comité de Derechos Humanos, el Comité
Contra la Tortura y la semana pasada, el Comité Contra la Discriminación
Racial, por la precaria situación legal y fáctica de los derechos de
pueblos indígenas en Chile.
Un espacio de esta naturaleza requiere, como es obvio, de la disposición
de todas las partes involucradas en este conflicto de participar en él.
Sería por tanto indispensable que las organizaciones representativas del
pueblo mapuche y las comunidades en conflicto manifestaran también su
clara disposición a avanzar en la solución de sus legitimas demandas a
través de este diálogo, dejando de lado durante su desarrollo,
cualquiera acción que pueda amenazarlo. Si se dieran estas condiciones,
sería posible abrir espacios para un diálogo fructífero entre el estado
chileno y el pueblo mapuche, como el que por largo tiempo se desarrolló
en estos territorios hasta antes que el estado chileno hiciera su
irrupción violenta en ellos. Esperemos ello sea posible.
* Abogado, Co Director del Observatorio Ciudadano
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