| |
 |
|
FOTO DE LUCIA SEPÚLVEDA. |
| |
|
|
Jaime Marileo tiene 33 años, y cayó
preso en agosto del 2003, cuando el gobierno del ex Presidente Ricardo
Lagos, a través de la gobernación provincial de Malleco-Angol, se
querelló contra los comuneros utilizando la legislación antiterrorista
heredada de Augusto Pinochet. La otra parte querellante fue la poderosa
Forestal Mininco.
Es el noveno de los hijos de Lorenza Saravia Tripaillan. Trabaja como
campesino en su comunidad de origen, Cacique José Guiñon (ubicada en el
sector Pidima, comuna de Ercilla, Región de la Araucanía) y usa la
lombricultura para mejorar el suelo agotado y escaso. Artesano en
madera, entre los instrumentos mapuche su preferido es el kullkul, cuya
sonoridad arranca de un cacho de buey. Este instrumento de viento se usa
para llamar y reunir a los mapuche. Desde agosto de 2008, está con
salida de fin de semana y seis meses –como resultado de una prolongada
huelga de hambre junto a Patricia Troncoso - había accedido a reclusión
nocturna.
Poco después, el gobierno obtuvo el
ADN de Marileo incorporando sus datos genéticos al registro nacional,
inaugurado precisamente con las muestras de los condenados por la
tierra, los mapuche. En marzo de 2009, la Corte de Apelaciones de Temuco
negó por segunda vez la libertad condicional solicitada por él, su
hermano Juan Marileo y Patricia Troncoso. Con estudios de educación
básica, Marileo es parte de la nueva generación de jóvenes que utilizan
las nuevas tecnologías de información.Esta conversación la desarrollé
por internet, por etapas, desde marzo de este año, pues su acceso a las
cabinas que hay en el pueblo más cercano, no es frecuente.
- ¿Qué le diría a quienes lo califican de “terrorista” y niegan su
condición de preso político?
Al Estado, a las empresas forestales, los latifundistas, los políticos
de derecha y concertacionistas, y también a las personas desinformadas,
le respondo que no soy terrorista, porque no he torturado ni asesinado a
nadie para imponer un orden social. Como luchador social, sólo ejerzo el
legítimo derecho a defenderme, a reclamar y a protestar por la falta de
agua en las comunidades, por la desaparición de los árboles nativos y de
hierbas medicinales como el canelo – sin los cuales las machis no pueden
seguir existiendo - y por la recuperación de tierras para que el pueblo
mapuche se siga reconstruyendo. Me considero preso político porque
mediante la llamada “Operación Paciencia”, el gobierno de Ricardo Lagos
Escobar persiguió y reprimió a las comunidades mapuche que estaban
recuperando tierras ancestrales doblemente usurpadas, una vez por la
llamada “Pacificación de la Araucanía” y después de nuevo, por la
dictadura de Pinochet. *. Según la política estatal neoliberal se estaba
atentando en contra de la inversión forestal, pero esa inversión
realizada en territorio mapuche atenta en contra de todas nuestras
manifestaciones culturales y nuestra permanencia como pueblo ancestral.
- ¿Cómo ve la situación actual en territorio mapuche y cuáles son las
perspectivas?
En el presente hay un profundo dolor
porque siguen matando a nuestros hermanos. Nos duele la mala política
del gobierno y la poca preocupación para resolver los temas de fondo.Eso
lleva cada cierto tiempo a situaciones como la que se ha vivido en estos
días. Pasó lo mismo cuando mataron a Alex Lemun y Matías Catrileo. Esta
nula voluntad política no resuelve los problemas con la aplicación de
leyes represivas (ley antiterrorista), encarcelamiento o asesinatos, ya
que la rabia se acumula y dan más ganas de seguir reivindicando
territorios.
- ¿Y cómo evalúa los ofrecimientos de diálogo desde el gobierno?
Bachelet dice que debe existir
diálogo, pero ella solo dialoga con los inversionistas y latifundistas
que están en el territorio mapuche para proteger sus intereses
económicos, ejerciendo represión de diferentes formas... ¿Acaso somos
nosotros los que ejercimos primero la violencia? Tenemos derecho a la
legítima defensa. Pienso que seguirá pasando lo mismo, porque el modelo
económico que existe y se aplica en territorio mapuche no respeta a nada
y a nadie, lo único que se respeta es el dinero. Cada comunidad lucha
como estima conveniente. Se han buscado las instancias de diálogo y se
han dado plazos al gobierno, pero este ha cerrado sus puertas y tampoco
ha cumplido sus compromisos.
La reforma constitucional
- ¿Cuál es su opinión respecto de la Reforma Constitucional que analiza
el Parlamento respecto de los pueblos indígenas? ¿Participó en la
consulta su comunidad Cacique José Guiñon?
La reforma constitucional es una herramienta más de dominación y va a
pasar lo mismo que con la ley indígena, es decir, no habrá ningún
respeto a los pueblos originarios cuando se quiere implementar un
megaproyecto económico, por ejemplo, Ralco; Pascua Lama; Geiser del
Tatio; Mehuin; las nuevas represas, etc. No hemos participado en ninguna
consulta y tampoco nos han informado de qué se trata.
- ¿Puede enumerar las principales irregularidades que marcaron el
proceso en el cual usted fue condenado a diez años y un día?
Las pruebas que el Ministerio Público
presentó en el juicio fueron diferentes a las presentadas cuando nos
investigaron y sin embargo nos condenaron por las pruebas testimoniales
presentadas en la investigación y no por las del juicio. Para obtener
declaraciones en contra nuestra usaron testigos pagados y protegidos.
Nuestros descargos no fueron tomados en cuenta, como si jamás hubiéramos
presentado algo a favor nuestro al tribunal. Y la sentencia dictada era
la copia exacta del fallo por el cual el mismo tribunal había condenado
previamente a los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin. Se vulneraron
totalmente derechos humanos básicos como la presunción de inocencia y el
derecho a revisión de la sentencia por un tribunal superior. La Corte de
Apelaciones de Temuco no revisó el fallo condenatorio como debiera
haberlo hecho.
- ¿Por qué para el tribunal de Angol que lo juzgó a usted, el incendio
en Poluco Pidenco fue un hecho terrorista y no lo fue para otro tribunal
de la misma ciudad que juzgó a otros comuneros por el mismo hecho?
Pienso que eso fue porque cuando nos
juzgaron, Ricardo Lagos Escobar (Capitán Planeta) dio una señal política
a la inversión forestal en territorio mapuche, para aplacar las
movilizaciones relacionadas a la recuperación de tierras.
- ¿Cómo evalúa la decisión de los comuneros que el año 2004, cuando se
hizo el juicio no se presentaron a tribunales? ¿Cree que sus razones
justifican el costo represivo que debieron enfrentar sus respectivas
comunidades desde entonces, con permanentes allanamientos?
El juicio del caso Poluco Pidenco fue político, por lo tanto, la
decisión de no presentarse a tribunales fue buena porque nunca se
comprobó nuestra participación en los hechos y al no presentarse ellos
denunciaban la falta de garantías para un debido proceso. Pienso que el
costo represivo de las comunidades no fue porque lamieng y pu peñi (las
hermanas y hermanos) se clandestinizaron, sino más bien se debió a que
el Estado protegió los intereses de la forestal Mininco cuando esas
comunidades tomaron la decisión de recuperar sus tierras.
- Usted es sindicados públicamente como miembro de la Coordinadora
Arauco Malleco. ¿Cuál es el planteamiento de la CAM?
Mi posición de preso político Mapuche no obedece a ningún tipo de
militancia, sino más bien solamente, a mi condición de Mapuche de la
comunidad José Guiñón, del sector San Ramón, comuna de Ercilla, que
siempre ha intentado luchar por la autonomía de nuestro pueblo. Descarto
de plano militancia mía en la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pese a
mantener respeto hacia su orgánica, por ser parte también de la lucha
del Pueblo Mapuche.
- ¿Qué ha ocurrido con la demanda que ustedes interpusieron ante la
Comisión Interamericana de DDHH contra el Estado de Chile?
Se buscó inicialmente una solución amistosa, pero el gobierno de
Michelle Bachelet Jeria no mostró voluntad para ello, por lo tanto, y el
caso ingresó a la Corte Interamericana de DDHH. Se demanda del Estado
que reconozca su responsabilidad internacional por esta violación de
derechos humanos; el cese inmediato y definitivo de la privación de
libertad que afecta a Patricia Troncoso, Juan y Jaime Marileo, José
Huenchunao. Asimismo el cese de la orden de detención que pesa sobre
Juan Millacheo Lican y la garantía de no repetición, es decir, que no se
repita la misma situación en otros casos. Se le pide al Estado la
modificación de la ley 18.314 sobre conductas terroristas, de modo que
se ajuste a los derechos humanos. También el cese de las inhabilidades
generales y especiales contenidas en la sentencia y la eliminación de
las anotaciones penales y policiales, así como la eliminación de las
huellas genéticas del Sistema Nacional de Registro de ADN.
- ¿Cómo fue la toma de muestras de su ADN?
Fue un procedimiento arbitrario. No se me informó de que se trataba. Me
llevaron engañado a la cárcel de Angol, alrededor de las 24:30 horas del
25 de noviembre del 2008. Me tuvieron en el gimnasio hasta las tres de
la madrugada para sacarme recién las muestras biológicas. Sólo me
dijeron las personas a cargo: “…cumplimos órdenes del gobierno…”. Me di
cuenta de la gravedad de la situación luego de investigar sobre el tema
y leer un artículo de un diario donde se anunciaba la aprobación del
reglamento de la ley que permite el banco de ADN. Me volvieron a
atropellar, me encarcelan injustamente, me dieron beneficios sólo
después de las huelgas de hambre ¡y a cambio roban mi ADN! Este
procedimiento es un instrumento de control social y de incriminación
criminal para el Estado chileno que se colude con EEUU para violar una
vez más los derechos de las personas. Buscan lograr que los montajes que
acostumbran a levantar en contra de quienes se rebelan en contra de lo
establecido sean más objetivos. En particular me pone en situación
especial de vulnerabilidad ya que por un período de 30 años bastará con
determinar la equivalencia, por ejemplo, del registro genético de un
cabello mío encontrado en una comunidad mapuche; en alguna vestimenta o
gorro, para incriminarme en hechos ocurridos en la zona o sector aledaño
aunque yo no haya participado en ellos.
- ¿Cuál es su evaluación de la reforma procesal penal y su aplicación en
la zona mapuche?
La reforma procesal penal permitió la militarización de las comunidades,
autorizando a carabineros a allanar casas y hacer operativos como aquel
en que asesinaron a Alex Lemun. Se permitió la aplicación de leyes como
la Antiterrorista y Seguridad Interior del Estado. En resumen fue un
instrumento de control social en contra del pueblo mapuche.
* Nota: En 1977 los comuneros mapuche de Tricauco, que formaban parte de
un asentamiento de la Reforma Agararia desde los años del gobierno del
Presidente Salvador Allende fueron desalojados del fundo Pidenco, siendo
quemadas sus casas por carabineros y efectivos del regimiento Húsares de
Angol. En una parte del fundo Pidenco (380 hás) fueron parcelados los ex
trabajadores del fundo, pero en cambio los comuneros mapuche debieron
regresar a la reducción. Entre 1982 y 1986, esas tierras fueron vendidas
por el Estado a Forestal Mininco y forman parte de las tierras
ancestrales que reivindica la comunidad, Antes del proceso de
reducción.el cacique José Guiñon y Antiqueo poseían una superficie total
de 12.550 hectáreas. .Hoy los títulos de dominio de esas tierras
pertenecen a las forestales Mininco, Arauco, Millalemu, y Cautín, y
también a algunos particulares.
< VOLVER
|
