ANGOL / Cinco comuneros mapuches realizan un ayuno de más dos meses en la cárcel de la sureña ciudad de Angol de los Confines. Cumplen condenas de 10 años por el delito de “incendio terrorista”, por quemar –en diciembre de 2001- plantaciones forestales de las haciendas Poluco y Podenco, que pertenecen a la empresa Forestal Mininco, propiedad de la poderosa familia Matte, cuyo proceder económico y productivo choca con los intereses esenciales del pueblo mapuche.

Los huelguistas, Jaime Marileo, Patricia Troncoso, Juan Millalén, Héctor Llaitul y José Huenchunao piden ser liberados mediante la anulación de su juicio. El fundamento de esta solicitud radica en que se les culpó de delitos terroristas, desconociendo la que sería la verdadera razón de su lucha: recuperación de tierras ancestrales. Además, el hecho que sus eventuales actos solo tuvieron como efectos daños materiales. También solicitan la libertad de todos los presos políticos mapuche y la desmilitarización de las zonas en conflictos en la Araucanía.

De acuerdo con el informe médico fechado el 6 de diciembre, que fue suscrito por los galenos, German Bass y Tania Muñoz, los ayunantes –que comenzaron su huelga el pasado 10 de octubre, habían perdido hasta ahora de 13 a 22 kilos y padecen múltiples afecciones, como “mareos, mialgias generalizadas, lumbalgia, alteración del sueño, parestesias e inquietud psicomotora”, entre otras, según ese parte médico.

En entrevista con Apro, Daniel Lincopi, vocero de los huelguistas, afirmó hoy que la salud de los ayunantes “se ha agravado notoriamente en los últimos días”. Agregó: “A pesar de esto, ellos siguen fuertes”. Añadió que van a continuar con su ayuno, debido a que el gobierno no les ha ofrecido hasta ahora nada concreto. Lincopi calificó de “indolente” a la presidenta Michelle Bachelet por no buscar una solución para los condenados en el caso Poluco Pidenco. Para la mandataria, los ayunantes son presos ordinarios y no políticos, como ellos se definen.

Lincopi dijo que, de no encontrarse una solución rápida a las demandas de los huelguistas, éstos podrían comenzar “una huelga seca”, con lo que aumentarían las posibilidades de un desenlace fatal. Cabe mencionar que Patricia Troncoso y Jaime Marileo realizaron un ayuno de 72 días –63 de ellos continuos-- durante el primer semestre del año pasado. En esa ocasión, terminaron su huelga ante la promesa de parlamentarios de la oficialista Concertación por la Democracia, en el sentido que en el Congreso sería aprobada una ley que les permitiría salir en libertad condicional a los condenados por delitos terroristas. En la actualidad, éstos no pueden gozar de ese beneficio. El ofrecimiento no se concretó, ya que el Senado rechazó, con votos de la derecha y algunos de la Concertación, esa modificación legal.

Represión contra mapuches

La ley 18.134 “antiterrorista”, creada por Augusto Pinochet, ha sido utilizada en las dos últimas décadas casi exclusivamente contra los mapuches. Ha permitido el uso de “testigos sin rostro” (anónimos), intervenciones de teléfonos, allanamientos y realización de juicios simultáneos contra una misma persona. Numerosos organismos internacionales le han hecho ver al gobierno de Chile lo irregular del uso de esta legislación contra los mapuches, cuyas luchas no serían con el fin de causar miedo en la población, originándose en atendibles demandas territoriales. Entre las instancias que han impulsado a Chile a rectificar su accionar en la materia, destaca el Relator Especial sobre derechos de los indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen; Amnistía Internacional; la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El 2 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el estudio de las demandas contra el Estado de Chile, presentadas por los condenados en el caso Poluco Pidenco. Los demandantes afirmaron en su presentación ante la CIDH que fueron condenados “exclusivamente sobre la base de la prueba testimonial de ‘testigos sin rostro’”, cuyas declaraciones finales sólo pudieron ser conocidas el día del juicio. Esto, de acuerdo con el reclamo acogido por la CIDH, les habría imposibilitado poder preparar su defensa.

Con el caso Poluco Podenco, son cuatro los procesos abiertos en la CIDH en los que se investiga eventuales violaciones a los derechos contra el pueblo mapuche, resguardados por la Convención Americana de Derechos Humanos. A partir de diciembre de 2001, cuando comenzó a operar el actual sistema procesal vigente en Chile, 210 mapuches han sido acusados, procesados o condenados por delitos terroristas. Los "testigos sin rostro" o encapuchados son reclutados por el Ministerio Público entre mapuches pobres, a los que se les paga cuatro mil dólares por concepto de protección, para que hagan sus declaraciones. En la acusación contra los acusados durante el juicio Poluco Pidenco, el Ministerio Público sostuvo, entre otras cosas, que el incendio obedeció “a un plan predeterminado de atentar contra una categoría de personas o grupo determinado de ellas (...) conformado por todos los propietarios, sean empresas forestales, agricultores y parceleros”.

En su fallo de 22 de agosto de 2004, el tribunal penal de Angol sostuvo que el incendio es una conducta terrorista, “toda vez que las acciones desplegadas en aquella ocasión evidencian que la forma, métodos y estrategias empleadas, tenían una finalidad dolosa de causar un estado de temor generalizado en la zona, situación que es pública y notoria (...) Se trata de un grave conflicto entre parte de la etnia mapuche y el resto de la población, hecho que no fue discutido ni desconocido por los intervinientes”.

La expansión forestal

Poluco y Pidenco son “antiguas tierras” de la comunidad mapuche de Tricauco. En 1901 fueron enajenadas por el Estado de Chile a esa comunidad y luego rematada a privados. Después de sucesivas ventas, en 1971, durante el gobierno de la Unidad Popular, volvieron a ser ocupadas por sus antiguos dueños mapuches. Pero en 1976, en el contexto de la denominada “contrarreforma agraria”, el gobierno de Pinochet las entregó a un precio muy bajo a la familia Matte. La comunidad de Tricauco, sin embargo, no ha dejado de reclamarlas aduciendo derechos ancestrales y acuerdos firmados con España durante La Colonia.

La dictadura de Augusto Pinochet dio vida a otro mecanismo que, en la práctica, se tradujo en un fuerte incentivo a la concentración de tierras básicamente en dos familias. En octubre de 1974, Pinochet dictó el decreto 701 de promoción forestal --aún vigente--, mediante el cual el Estado se comprometió a subsidiar hasta un 90% del costo de realizar plantaciones de monocultivo de pino y eucaliptos. Las plantaciones de monocultivos existentes en Chile han pasado de representar 450 mil hectáreas en 1974 (estatales), a 2.400.000 en la actualidad. Las dos grandes forestales chilenas, Mininco y Arauco, poseen el 60% del total de la superficie plantada.

Mientras los propietarios de estas empresas (Grupos Matte y Angelini) figuran entre los más ricos del mundo, según el ranking de Forbes, las comunidades mapuches han visto reducidas sus propiedades de tierras de las nueve hectáreas promedio por familia que tenían en 1973, a tres hectáreas en la actualidad. Además, se han reducido considerablemente los cursos de aguas, además de la fauna y vegetación silvestre, debido al monocultivo, que lleva aparejado un gran consumo de agua y su consiguiente erosión. Las exportaciones de productos forestales, entre los que destaca la producción de pasta de celulosa, rondan hoy los 4 mil millones de dólares.

El despojo de sus tierras ha derivado en que numerosas comunidades mapuches realicen, desde hace 15 años, una gran agitación y lucha por la conservación y recuperación de territorio. En la actualidad hay casi un centenar de comunidades (clanes) que están en conflicto con empresas forestales, mineras o energéticas. Estas comunidades son frecuentemente hostigadas por fuerzas policiales que realizan en ellas continuos allanamientos con las más diversas excusas. Por ejemplo, en los últimos meses la comunidad de Temucuicui ha sido allanada una docena de veces por la policía. La última de ellas, el pasado 5 de diciembre, con el aparente fin de encontrar a Carlos Gutierrez, exguerrillero del grupo Lautaro, buscado por asesinar a un policia durante un asalto a un banco.

Este tipo de vinculaciones entre “grupos subversivos” que lucharon contra el régimen militar, y que supuestamente se estarían reagrupando, y el accionar reivindicativo mapuche, se ha vuelto algo cotidiano en el discurso de las autoridades de gobierno, policiales y la prensa. En entrevista con Apro, el dirigente universitario (Universidad de Valparaíso) y líder mapuche, Sergio Millamán, aseguró que “la aplicación de la legislación antiterrorista en contra de los mapuches, tiene como único fin reprimir nuestro levantamiento en contra de la expansión forestal sobre nuestros territorios”. Millamán dijo que los huelguistas y todos los mapuches presos bajo acusación de terrorismo son presos políticos, “porque ellos luchan contra el actual sistema económico y social que impera en Chile”, el que se ha impuesto, señaló en un territorio, “que hace poco más de un siglo era autónomo del pueblo mapuche”.

Cabe señalar que los mapuches fueron uno de los pocos pueblos que durante La Colonia nunca pudo ser vencido por los españoles, quienes respetaron la frontera marcada por el gran río Bío Bío, ubicado 600 kilómetros al sur de Santiago. Esa independencia de todo poder se mantuvo hasta 1880, cuando el Estado de Chile avanzó con su ejército al sur del Bío Bío, en un proceso que la historiografía chilena denominó “Pacificación de la Araucanía”. Desde entonces, este pueblo originario que habita el sur de Argentina y Chile, ha visto reducido su territorio, que hoy se reduce a 500 mil hectáreas, 20 veces menos de lo que era hasta hace más de un siglo / Azkintuwe

* Gentileza de www.proceso.com.mx

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