BUENOS AIRES / “En un escenario donde la comunidad internacional ha aprobado la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en nuestro país, algunas comunidades viven situaciones acuciantes, como es el caso de las muertes por desnutrición y falta de atención sanitaria de miembros del Pueblo Qom y de niños del Pueblo Mbyá Guaraní”, comenzaba la convocatoria a la jornada de debate “Estado de situación de los pueblos indígenas en la Argentina” organizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales y realizada recientemente en el auditorio del CELS, en Buenos Aires.

“Muchas comunidades exigen justicia por violaciones a sus derechos humanos, cometidas por fuerzas de seguridad y una inmensa mayoría espera que se hagan efectivos sus derechos territoriales”, continuaba el texto de la gacetilla. “Entre esas posibles miradas, y para orientar el debate nos preguntamos: ¿Cómo explicar algunas de estas situaciones? ¿Es un problema de deficiencia/carencia de políticas públicas? ¿Es una cuestión de exclusión social? ¿Es una cuestión de incomprensión de la relación de interculturalidad entre pueblos indígenas y estado? ¿Es un problema de (in) competencias estatales? ¿Es una cuestión de barreras comunicativas? ¿Es un tema de incompatibilidad normativa?”, indagaba. Cerca de las 10.30 comenzó la actividad, que se extendió hasta las 19, y contó con la participación de referentes indígenas, funcionarios públicos, abogados y antropólogos.

Gastón Chellier, director ejecutivo del CELS, fue el encargado de realizar la apertura de la jornada junto al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. En su intervención señaló que dentro de las múltiples acciones en defensa de los derechos humanos el organismo acompaña demandas de pueblos originarios y recordó que el primer reclamo que tomó fue el de la Asociación Lhaka Honat de Salta, cuya demanda territorial en 1998 presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También mencionó el trabajo junto al barrio toba Nam Qom de Formosa, que sufrió una brutal represión policial en 2002 y fue denunciada ante la misma instancia.

Chellier destacó que, a pesar del camino por recorrer, fruto de la movilización de los pueblos originarios se han producido avances en la legislación como el reconocimiento de su preexistencia - incluido en la reforma constitucional de 1994 -, la ratificación del Convenio 169 de OIT en 2000, la sanción de la Ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena en 2006 y la reciente aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas de la ONU. También subrayó como positivo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) “está prestando atención” a las demandas indígenas, sin obviar que la intervención de los magistrados no ha podido cambiar la situación de emergencia sanitaria y alimentaria en el Chaco.

Más allá del ámbito del derecho puntualizó que se están ejecutando proyectos productivos (extractivos) que impactan negativamente en las comunidades, como es el caso de la minería y los desmontes, para extender la frontera agropecuaria. También hizo hincapié en la falta de políticas públicas, que en situaciones extremas se traduce en muertes, y nuevamente Chaco fue ejemplo.

El Defensor del Pueblo también puso el acento en la importancia de la aprobación de la Declaración de la ONU y de los avances en el plano normativo, pero inmediatamente se refirió al contexto de extrema vulneración que viven los pueblos originarios y afirmó que cuando no se garantizan los derechos y se reprime a quienes los reclaman, el Estado de Derecho se vuelve endeble. Mondino coincidió en la importancia de que la CSJN> haya tomado la denuncia por las muertes en Chaco y explicó que en la misma se puso énfasis en la violación de los derechos humanos más que en el cuestionamiento a la mala aplicación de políticas indigenistas. Y a pesar de las críticas recibidas por las autoridades de la provincia ratificó que el término para definir la situación que viven las comunidades tobas de El Impenetrable es ‘exterminio’.

El funcionario contó que sintió la ‘obligación moral’ de denunciar la emergencia sanitaria y alimentaria en esa provincia y afirmó que el compromiso no es coyuntural. Sostuvo que no duda de la preocupación que el tema genera en el gobierno nacional ni de su intención por revertir la situación y del compromiso asumido por el gobernador electo Jorge Capitanich, pero aseguró que desde la dependencia que encabeza van a seguir accionando judicial y políticamente hasta que se garantice el acceso a una vida digna a las comunidades afectadas. También subrayó que los poderes públicos y la sociedad en general deben cambiar su visión de los pueblos originarios como un problema y abordar la diversidad desde otro lugar.

La antropóloga Mariela Rodríguez (Grupo de Estudios en Aboriginalidad, Provincias y Nación - Geaprona), coordinadora de esa presentación, concluyó que se produce una ‘inflación legislativa’, ya que el aumento de normas no garantiza el acceso a los derechos debido a la no aplicación de esas leyes o a su falta de reglamentación.

El fruto prohibido

Luego fue el turno del panel Deudas y conflictos acuciantes. El primero en intervenir fue Chacho Liempe, del Consejo Asesor Indígena de Río Negro, quien afirmó: “Se habló de los avances legales, derechos que se escriben en los papeles transformándose en leyes. Mucha gente nuestra le pone expectativas y a muchos de nosotros le dan dudas porque desde que tenemos relación con los otros tuvimos grandes expectativas [que se vieron frustradas]”. Enumeró legislaciones provinciales, nacionales e internacionales a las que han recurrido y señaló que a pesar haber salido bien de las diferentes demandas judiciales que afrontaron están ‘paralizados’ por la falta de decisión política de la provincia en reconocer como territorio mapuche las tierras recuperadas y las que preservan desde siempre. Subrayó el descreimiento en los gobiernos y aseguró que todavía falta mucho para que se entienda qué significa el territorio para su pueblo mapuche. “Nos toca estar, tratar de seguir viviendo, que el Estado afloje sus leyes para poder seguir viviendo.”

Se refirió también al avance de las transnacionales sobre el territorio, hecho que enmarcó como una continuidad de la Campaña del Desierto, “porque la idea de desierto sigue presente”. “La política de esa campaña no fue patrimonio de [Julio Argentino]Roca sino una política de Estado”, explicó. “En el siglo pasado [XIX] la sociedad estaba contenta con nuestro exterminio porque se hacía en nombre del progreso, hoy tenemos que impedir que hagan lo mismo en nombre del desarrollo sustentable. Tenemos que conseguir que la sociedad entienda nuestro reclamo para seguir existiendo como pueblo con acceso al territorio, no al espacio de las comunidades. Somos un pueblo y queremos ser libres, tenemos que ver cómo convenimos la convivencia en ese territorio.”

Luego fue el turno de la periodista Mónica Charole, quien informó el fallecimiento del anciano Fernándo López en el hospital Perrando de Resistencia, pesaba 23 kilos y es el deceso número 22 por desnutrición registrado desde mediados de julio. La joven toba enfatizó que a pesar de la denuncia de la Defensoría y del fallo de la Corte las muertes siguen e indicó que se han relevado 88 casos de desnutrición grave en El Impenetrable. También señaló que el año pasado se realizaron muchas denuncias por la venta ilegal de tierras fiscales pero que esto no se tradujo en acciones de los organismos. “¿Qué podemos esperar de este sistema? Esto, más muertes, más indigencia. Hay derechos que nos respaldan, pactos internacionales pero son letra muerta, no se cumplen, no hay acciones. Tenemos que andar peticionando, haciendo marchas, cuando tenemos derechos…”

Charole afirmó que los informes de Nación y provincia presentados durante la audiencia en la CSJN son “pobres, no son reales” y remarcó que la emergencia también afecta a los pueblos wichí y mocoví. “Queremos ser libres, ¿es tanto pedir? ¡Basta con este exterminio! La masacre de Napalpí aún continúa, en 1924 era sangre y muerte, en 2007 es hambre y muerte”, se quejó. También remarcó que a pesar de las protestas realizadas y la información circulante la lucha indígena es apoyada por pocas organizaciones sociales en la provincia.

Catri Duarte, de la comunidad mbyá guaraní Katu Pyry – cercana la San Ignacio, Misiones – se presentó en su idioma y luego emocionado explicó: “Me conmueve mucho cuando hablan de problemáticas indígenas de otros puntos del país. En Misiones cuando se habla de salud, de educación, se habla de tierra. Cuando nosotros tenemos espacio insuficiente hablamos de salud”. Aseguró que muy pocas de las 84 comunidades de su pueblo en la provincia tienen título comunitario y que en su caso tienen sólo 350 has. que se encuentran rodeadas de plantaciones de pino.

“Por esta razón es la muerte de niños, hay muy pocos recursos naturales, es muy chica la tierra. Hay muchos recursos del Estado pero no sabemos por qué hay tanta desnutrición en Fortín Mbororé [aldea donde se han registrado numerosas muertes por desnutrición]”, deslizó Duarte. “Si nosotros no profundizamos [nuestras demandas] ellos siempre van a hacer así”, afirmó el representante mbya guaraní. “[La Dirección de] Asuntos Guaraníes podría resolver si hace bien las cosas, pero lo que hacen es más división, violan nuestros derechos y de ahí nuestra debilidad. Cuando hay campañas muchas promesas y por la necesidad mis colegas dirigentes van por ese camino”, lamentó.

“Se siguen quitando las tierras”, afirmó Israel Alegre, dirigente toba de la comunidad Nam Qom, de la ciudad de Formosa, quien dio un panorama de la provincia. “La ley [provincial] 1439 declara de dominio público el bañado La Estrella. [La comunidad] La Primavera tenía 10 mil has., ahora tiene 5 mil, la mitad la tiene el Parque Nacional [Río Pilcomayo]. Se ratificó el Convenio 169 pero no pasa nada”, amplió. “Se siguen sacando leyes, cuando las existentes no se aplican por falta de voluntad política. Todavía no pudimos disfrutar los frutos del artículo 75 inciso 17 [de la Constitución Nacional] a 13 años de su sanción”, remató.

“Hay tuberculosis, cáncer, en mi comunidad, y los médicos en terreno no hacen relevamientos y nos falta acceso a un espacio territorial para obtener la medicina tradicional”, apuntó. Luego comentó que en 1999 personal de la Dirección de Fauna y Parques de Formosa le requisó un arma e intentó cobrarle una multa de $7500. Recientemente – según relató – lo citaron de la Fiscalía de Estado para pedirle que regularice su situación porque de lo contrario iría a juicio, ante ese planteo respondió que estaba dispuesto a ir a juicio porque él sólo estaba reproduciendo su cultura. Tras las intervenciones una mujer kolla, originaria de Abra Pampa, pidió la palabra y sintetizó: “Estamos enterrados en leyes”.

El árbol, el bosque y el leñador

Limitaciones, predisposiciones y cegueras estatales fue el título del segundo panel, integrado Jorge Nahuel, titular de la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, y Jorge Ñancucheo, vicepresidente de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA), y coordinado por la antropóloga Diana Lenton (Geaprona). Justamente Lenton abrió la mesa marcando las diferencias respecto a los avances en materia de legislación indígena en las miradas de quienes intervinieron en la presentación y quienes lo hicieron en el primer panel.

Nahuel marcó que cumple funciones dentro del Estado porque la organización a la que pertenece, la Confederación Mapuche Neuquina, se lo demandó. Según expuso el Estado ha asumido muchos compromisos en el marco normativo y eso podría quedar en declaraciones si los pueblos indígenas no trabajan en transformarlo en políticas públicas. En ese sentido se declaró optimista en que cuanto a las posibilidades de alcanzar ese objetivo. “La política pública se transforma desde su aplicación, en los hechos, ocupando espacios”, afirmó.

Explicó que su cargo responde a construcciones políticas de su organización con sectores ambientalistas y que el espacio abierto por ahora es coyuntural. También consideró importantes los aportes que se realizan desde la Administración de Parques Nacionales, el INAI, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el desarrollo de políticas indígenas; apuntó contra los gobiernos provinciales que limitan los avances logrados en Nación e individualizó al gobierno de Salta como el más representativo de los atropellos a los conquistas de los pueblos indígenas.

Reconoció que los modelos de desarrollo minero, petrolero y sojero responden a políticas de Estado - y por ende involucran a Nación – y subrayó que la única forma de avanzar ante eso es desde las organizaciones y con el fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios. Respecto a las críticas y costos pagados por ocupar un cargo directivo en un organismo público, aseguró que es consciente de las confusiones que genera entrar al Estado pero también aclaró que dentro de las estrategias que pueden darse los pueblos en sus luchas está confrontar con el Estado, negociar algunas cosas u ocupar espacios de responsabilidad dentro. “La dinámica de los pueblos van cambiando según los escenarios”, concluyó Nahuel.

Ñancucheo, por su parte, disparó la crítica al interior del mundo indígena responsabilizando no sólo a Nación y los gobiernos provinciales de la coyuntura actual sino también a la incapacidad propia de armar estrategias de lucha común, de encontrar puntos comunes para la acción. Sostuvo que las diferencias por la formación política dentro de partidos tradicionales o ámbitos confesionales en muchos casos cobran tal relevancia que pierden la capacidad de ver el bosque. A pesar de estas limitantes confirmó el desafío de construir “desde abajo” y planteó la necesidad de encuentro con otros sectores sociales, como los campesinos.

Respecto a la caracterización de la gestión del presidente Néstor Kirchner, destacó que el primer mandatario se reunió con todos los sectores menos con los pueblos originarios: “No nos dio la oportunidad de decir qué queremos, siempre nos derivó al INAI”; y coincidió con Nahuel al marcar la responsabilidad del Estado en el avance de las multinacionales sobre los territorios, incluyendo las administraciones provinciales. En ese punto se refirió a la situación en Chaco y enfatizó: “Alguien tiene que pagar por esas muertes, el señor gobernador [Roy Nikisch] no tendría que poder asumir como senador nacional, desde ONPIA vamos a lanzar una campaña para que no pueda asumir”.

La transparencia de las palabras

Chacho Liempe fue el encargado de coordinar el tercer panel: Estado y sociedad: logros y tareas pendientes. El primer expositor fue el sociólogo Gustavo Gamallo, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, quien al referirse al diseño de las políticas sociales en el país explicó que toman como parámetro al trabajador incluido en el mercado formal, quien tiene necesidades diferentes de las del trabajador informal y más aún a aquellos que practican una economía de subsistencia - franjas en las que están incluido un alto porcentaje de la población indígena. Ante este escenario afirmó que es necesario tomar al ciudadano como eje de la política social y también priorizar zonas al momento de qué hacer con los recursos, ya que si bien los términos nacionales pueden ajustarse a los estándares aceptables, cuando se hace un desagregado por región aparecen claramente los abismos.

A continuación expuso el abogado Julio García, que patrocina comunidades indígenas y campesinas en el norte del país y trabaja para el Instituto del Aborigen Chaqueño y el Equipo de Misiones de Pastoral Aborigen. Él quien opinó que “no se trata de renegar completamente de la ley ni confiar plenamente en ella” y recalcó que “la legislación actual es un piso y no un techo”. También señaló que la interculturalidad es un hecho folclórico y no político, en los tribunales, y que en general es burlada por el Estado. Mencionó como ejemplo la emergencia sanitaria en Chaco, donde es la gran ausente: para el gobierno provincial la diferencia cultural es un obstáculo insalvable, mientras que Nación la obvia en sus programas asistenciales.

También marcó su disidencia con Nahuel, que había cargado las responsabilidades en los gobiernos provinciales, y aseveró que el Estado nacional omite las políticas y violaciones de derechos de los Estados provinciales.

Por su parte la antropóloga Claudia Briones (Geaprona) advirtió que hace 10 años no había ni ámbitos de debate como el generado en el CELS ni legislación como actual respecto al derecho indígena: “Ahora la idea está instalada pero está en juego la naturaleza de las palabras”. Luego se refirió al desencuentro entre las políticas sociales y las políticas de reconocimiento de los pueblos indígenas y enfatizó: “El parche no existe si se aplica la interculturalidad, eso implica la reformulación de todo el conjunto”. En ese punto manifestó su preocupación por la falta de formación por parte de los funcionarios de Estado, que continuamente dejan de relieve su ignorancia en la materia.

Horacio Esber, de la Dirección de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en tanto, incluyó a la academia en el problema. “La academia tiene una idea de homogeneidad cultural, no de diversidad, por eso no debe causar extrañeza que funcionarios y jueces cometan las aberraciones que cometen al omitir la interculturalidad”, afirmó y luego demandó: “Que popularicen la academia para terminar con los pequeños círculos de iluminados”.

Luego el funcionario, encargado de cerrar la actividad, expresó que si bien la Defensoría ha comprobado que las leyes son ‘letra muerta’ también confirmó el constante avance de los reclamos de las comunidades. Esber apuntó además contra el ministro de Salud de la provincia de Chaco, Ricardo Mayol, por su racismo, y lo presentó como exponente de una relación de dominio. Luego no ahorró calificativos al hablar del escenario salteño, que llamó “paradigma en la violación de los derechos humanos”. Pero no sólo cargó tintas contra las administraciones provinciales sino también contra el gobierno nacional, al cual no eximió de responsabilidades. Por último Morita Carrasco hizo una breve reseña de la historia del origen y trayectoria del IWGIA y presentó el informe 2007 de la organización / Azkintuwe

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