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FOTO DE
ARNALDO PEREZ GUERRA. |
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La sanitaria Aguas del Altiplano y la
concesionaria local, Desaliri, fueron multadas, en septiembre de 2009
por el vertido de agua sin tratar en el río Lluta. Indígenas y
agricultores están indignados, pues no es la primera vez que ocurre un
desastre ambiental. Aguas del Altiplano atribuyó las descargas a “un
imprevisto”. La Comisión Regional del Medio Ambiente la sancionó con 500
UTM. El vertido del agua, resultado del proceso de desalinización que
efectúa la concesionaria -según resolución de calificación ambiental de
1999 otorgada por la propia Corema- debía realizarse en el borde
costero, pero el agua la vertía directamente al río Lluta, afectando
bofedales y cultivos del sector andino. A eso se agrega la mala calidad
del agua y la contaminación medioambiental. “El 15 de septiembre entró
en vigencia el Convenio 169 de la OIT, que contempla la protección del
medioambiente en tierras ancestrales indígenas. Ahora se debe respetar
la voz de los pueblos indígenas”, dice Tomás Lara Choque, presidente de
la Junta de Vecinos Nº1 y secretario de la comunidad indígena de Putre.
El río Lluta recorre 147 kilómetros, con una cuenca de más de 3.300
kilómetros cuadrados. Sus principales tributarios son el río Azufre y
las quebradas de Socoroma, Caracarani y Colpitas. Sólo se cultiva un 37
por ciento -unas 2.784 hectáreas- del total de tierras agrícolas. El
resto no se puede aprovechar pues no hay suficiente agua de buena
calidad y el suelo tiene escasa capacidad de drenaje. El agua del río
Lluta está contaminada con boro y arsénico, perjudicando los cultivos en
el valle del bajo Lluta. La superficie cultivada se reparte en 1.698
hectáreas de maíz, 684 hectáreas de alfalfa y 402 de hortalizas y
pequeños huertos. “Esa es una de las causas de nuestra pobreza”, dice
Tomás Lara. “Según estudios de distintas universidades, los altos
índices de boro en el agua superficial se debe a la existencia de
depósitos en los salares y en el suelo. Los boratos forman parte de la
costra salina. Además, hay mucho arsénico en el agua superficial.
También es una condición natural, debido a las formaciones rocosas del
Altiplano. Según señala la Universidad Católica del Norte, el río Lluta
y sus afluentes presentan varios problemas de calidad de aguas, por lo
que el Valle de Lluta está limitado para la agricultura mientras el
gobierno no implemente un plan que mejore la calidad de nuestra agua”,
señala Marisol Huanca Bernabé, agricultora y panadera del villorrio Inti
Phaxi, de Socoroma, en el Valle de Lluta, y dirigenta de la Red de
Mujeres Rurales y de la asociación indígena Markan Pachaqahantati
(Renacer del pueblo).
El exceso de sales, arsénico y boro, los bajos pH y altas
concentraciones de metales pesados, en gran medida condicionan el
desarrollo económico del valle e impiden una variedad de cultivos. “A
eso se agrega la crónica carencia de recursos estatales”, dice Lara. “El
Valle de Azapa tiene muchos más cultivos y mejor calidad de agua. Aunque
posee menos agua Azapa tiene acceso a exportar sus productos. En Lluta,
mientras no nos unamos, no podremos hacer nada”, agrega Marisol Huanca.
Los dirigentes aymaras señalan que se podría aprovechar mejor el agua de
buena calidad que viene de la zona alta de la cuenca: Las autoridades
podrían ubicar las quebradas que llevan aguas de buena calidad.
Canalizarla hacia los sectores de uso agrícola, antes de que se mezcle
con aguas de mala calidad. Significaría menos agua que la que hoy tiene
el Valle para riego, pero de mejor calidad. En el Valle de Lluta se
cultivan choclos y tomates, principalmente, más resistentes al boro,
pero menos rentables. “Si dispusiéramos de mejor agua sería atractivo
cultivar olivos, frutales, cítricos”, dice Huanca.
Ambos dirigentes coinciden en que el Estado debe impulsar estudios que
investiguen cómo disminuir los contaminantes. Algunos comuneros ven con
buenos ojos el que se construya un embalse. “Se deben tomar decisiones
adecuadas. Hay expertos que no recomiendan construir embalses porque no
mejoraría la calidad del agua en forma sustancial. Y se acumularían
sedimentos tóxicos que podrían ser liberados de forma descontrolada,
como ocurrió recientemente con Desaliri y Aguas del Altiplano, y como ha
sucedido más de una vez en el río Lluta por irresponsabilidad de
empresas y autoridades”, dice Tomás Lara.
Entre la pobreza y los sueños
El sector altiplánico de la Región de Arica y Parinacota es uno de los
más pobres del país. Codpa, a 2.050 metros sobre el nivel del mar y a 47
kilómetros de Arica, en el curso del río Vítor, cultiva unas pocas
guayabas y uvas. En Isluga, a 3.900 metros, los escasos pobladores mal
viven en caseríos en torno al bofedal. Bajan a los poblados en carnaval
o cuando hay funerales. Así solía ser en Caquena, Guallatire, Parinacota
y Cancosa, donde el Estado, tras la llamada guerra del Pacífico, instaló
centros administrativos, escuelas fronterizas y población estable. Poco
queda. Parinacota (Laguna de parinas), a 4.392 metros, tiene cada vez
menos habitantes: 140 personas. En otros tiempos fue la ruta de Arica a
Potosí. Allí convergían los caminos troperos de Lluta-Putre y Azapa-Belén,
y seguían hacia Bolivia.
Putre, con 1.203 habitantes, es un poblado prehispánico que fue trazado
como pueblo por los españoles hacia 1580, interesados en el tráfico de
Potosí a Arica. Actualmente vive del cultivo de alfalfa y orégano. “No
hay trabajo ni disposición ni voluntad de las autoridades para realizar
avances en la comuna. Vivimos acá entre 1.000 a 1.200 personas. Poblados
como Belén, Caquena, Chapiquiña, Guallatire, Tignámar o Socoroma
desaparecen lentamente. Viven de ganadería y agricultura de
subsistencia: algunas siembras de alfalfa para criar animales; maíz,
papas y habas para las familias. La gente joven emigra por razones de
estudio o trabajo. Se ha producido un grave despoblamiento. En Caquena
ya casi no hay nadie. Y no existe preocupación de las autoridades”, dice
Lara.
Socoroma (Agua que escurre), está a 27 kilómetros de Putre y a 3.060
metros sobre el nivel del mar. Su iglesia se construyó en 1560. “Aquí
viven treinta ancianos. El valle está a hora y media de Socoroma. Ha
empezado a escasear el agua y no hay muchas chacras porque no hay quién
las trabaje. En Lluta, aunque hay más agua, la contaminación impide
variedad de sembrados: aún hay cebollas, betarragas, ajos y tomates. No
tenemos apoyo para la exportación y comercialización de productos.
Faltan proyectos e información, y más unión de nuestros agricultores.
Están llegando empresas semilleras españolas, algunas transgénicas, a
los valles de Azapa y Lluta. Eso afectará al agricultor común. Recién
estamos aprendiendo lo que significa ‘transgénico’. Sabemos que es
perjudicial. Lo mismo los Tratados de Libre Comercio. Nunca nos
preguntaron si los queríamos”, dice Marisol Huanca.
Una investigación del Departamento de Química de la Universidad de
Tarapacá y de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) halló la
forma de reducir el boro del agua en el valle. Pero el sistema resulta
carísimo: 22 millones de pesos. Aunque la ley de Riego subvenciona un 75
por ciento, pagar casi 6 millones de pesos es un lujo para los pequeños
agricultores y ancianos aymaras. Según el gobierno, el sistema
automatizado reduce el boro de 350 m3 de agua por día, dejando el agua
apta para cultivos hidropónicos equivalentes a lo que producen 40
hectáreas de cultivo tradicional, o para cultivos con riego por goteo,
de 10 hectáreas. Las autoridades presentan el proyecto como un esfuerzo
por romper el ciclo de pobreza, predominante en muchos de los valles y
oasis del Norte Grande, “afectados por la alta salinidad de sus aguas y
la baja rentabilidad de sus cultivos”, dicen. Mientras, la pobreza sigue
ahí.
“Pequeños agricultores y ancianos no tienen acceso a estos proyectos. La
contaminación frena el desarrollo agrícola del Valle de Lluta, a pesar
de la disponibilidad de tierras cultivables y el caudal para riego.
Lluta, que presenta condiciones muy similares de clima y suelo que el
Valle de Azapa, está en desventaja. Además, siguen contaminando el
valle. Un grupo de comuneros quería hacer un camino para subir a un
cerro y sembrarlo, sin embargo, las autoridades no lo permitieron. Pero
a una empresa como Ariztía la dejaron cercar todo un cerro, donde
colocaron gallineros y contaminan a vista y paciencia de las
autoridades”, señala Marisol Huanca.
Aunque aún hay agua en Putre, la comunidad teme que comience a escasear,
tras los anuncios de concesiones geotérmicas en el Salar de Surire y
Polloquere I, II y III. “Hay proyectos en el sector de Chilcaya y en
Tacora, según nos informó Conadi. Nos oponemos a esos proyectos porque
si destruirán el medioambiente. Que ocupen energía solar, que la
autoridad recapacite y derogue las concesiones”, dice Tomás Lara.
Propiedad e identidad
Ángelo Carrasco (PPD), alcalde de Putre, acabó con el reinado de
Francisco Humire (UDI), que estuvo doce años como edil. Señala que “el
MOP desplegará en la ruta internacional, que conduce a Bolivia, el
camino Zapahuira-Tignámar; habrá un acceso vial a Socoroma; se ampliará
el sistema de agua potable rural para Putre, y se construirá un sistema
de agua potable rural para Zapahuira. Arreglar el acceso a Socoroma
significa invertir 401 millones de pesos”, dice. A la falta de recursos
se une el que las empresas actúan a su antojo. En febrero de 2008, los
aymaras denunciaron la destrucción y contaminación por aguas servidas de
bofedales en Parinacota. La planta de tratamiento de aguas servidas
simplemente no funcionaba. Parinacota está en el corazón del Parque
Nacional Lauca. La Comisión Nacional del Medio Ambiente multó a la
Municipalidad de Putre. Conaf, que había creado el proyecto y lo hizo
funcionar voluntariamente, no tuvo apoyo municipal y la planta quedó
botada.
Entre las propuestas de la comunidad de Putre está la construcción de
una sala multiuso para los centros culturales, juntas de vecinos, clubes
deportivos, de adultos mayores y centro de madres; la urgencia de
alcantarillado y una solución de agua potable para el sector de Alto
Putre; programas de inserción laboral y de generación de empleos, etc.
“Hay excesos en los cobros de energía eléctrica, muchas calles en mal
estado o sin iluminación. Se debe mejorar la atención médica contratando
a más profesionales. Lo otro es que se cometen irregulares. Una que nos
perjudica bastante, es el acarreo de electores, sobre todo para las
elecciones municipales. Salen elegidas autoridades que no representan a
la comunidad. De acuerdo al INE en la comuna viven 1.820 personas. Pero
en el Registro Electoral hay inscritos más de 6.500”, dice Lara.
Muchos siguen sin identificarse con su origen aymara: “Se dividen por
colores políticos y olvidan su identidad. Markan Pachaqahantati nació
para defender nuestros derechos. Nos costó mucho, pues chilenos se
habían apoderado del valle y nos amenazaban. Colonizaron dando tierras a
personas ajenas al pueblo aymara. Mis padres, abuelos y ancestros son de
Socoroma. Poco a poco recuperamos la identidad, luchando contra el
racismo. En ese trabajo me amenazaron muchas veces. Y tras años, hubo
cambios. Hoy los vecinos dicen: ‘Si esta es nuestra tierra, debemos
defenderla’; ‘Las autoridades deben escucharnos’; ‘Si nos atienden mal,
tenemos que reclamar’. Y lo hacemos”, dice Marisol Huanca.
En toda la zona hay problemas con los títulos de propiedad. Aún se
recuerda el mediático encadenamiento del alcalde UDI que quería ampliar
una escuela, aunque la comunidad sucesoria de Tignámar, que poseía
títulos sobre el terreno, se oponía, y la comunidad indígena reclamaba
derechos sobre “territorios comunitarios”, intentando que se les
reconociera legalmente, tal y como los tribunales lo habían hecho con la
comunidad sucesoria. Hay enredos similares en terrenos del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres del Estado (SNASPE) en Chungará, en la
carretera de General Lagos y en Putre. “La agrupación Juan de Dios
Aranda, que dice ser descendientes de 24 fundadores de Putre,
legalizaron 110.000 hectáreas y el gobierno les dio escrituras. Pero en
vez de apoyar a la comunidad indígena obstaculizan cualquier iniciativa.
Hicieron juicios contra Obras Públicas, para ser indemnizados. Menos del
cinco por ciento de ellos vive en Putre… Algo parecido ocurre en
Guallatire y Tignámar. Hay territorios ancestrales en manos de
particulares o del Fisco. Hay terrenos entregados a quienes no hacen uso
de ellos. En Impuestos Internos y otros organismos figuran como ‘tierras
agrícolas’. Se puede hablar de procedimientos corruptos. También tenemos
problemas con regularizar el agua potable. Utilizamos una vertiente y
los obstáculos y oposiciones vienen de la agrupación Juan de Dios
Aranda, pues son parte de la comunidad y del comité de agua. En Putre
hay ocho comunidades de agua y de regantes. El agua es del Fisco y el
comité la entrega. Aún no tenemos derechos. Putre (Putiri) significa
‘Murmullo de agua’. Si nos quitan el agua, nos quitan la vida. Los
derechos de agua de la comunidad indígena continúan en litigio”, dice
Lara.
Según Marisol Huanca, un problema que los obligó a unirse y luchar por
sus derechos fue el colapso del alcantarillado en las casas entregadas
por la Corporación Arica Parinacota: “Tocamos todas las puertas. Solo
nos escucharon tras el cambio de autoridades. Cuando colapsó el agua
servida, nos echaron la culpa, y ni siquiera teníamos los títulos de
dominio de las casas. No éramos dueños. Era una irregularidad… El pozo,
mal construido, se derrumbó, y el agua servida se rebalsó. Era un foco
de infecciones y malos olores. Hasta el Servicio de Salud nos culpó.
Pero culpable era la empresa constructora y las autoridades. Tras meses
de protestas y diálogos hicimos efectiva la garantía para que la
constructora se hiciera responsable. Hubo solución, aunque no
tratamiento para las aguas contaminadas. Las afectadas eran 100 familias
en el kilómetro 27, en Poconchile, cerca de Lluta”.
Otro problema es la mala calidad del transporte. “Es privado, caro, y
hay muy mala atención. Máquinas en malas condiciones. Cobran incluso a
los menores. Un microbús se incendió y no tenía puerta trasera ni
ventanales adecuados de escape. Enviamos cartas a las autoridades y al
Ministerio de Transportes. Respondieron que ‘el transporte rural se rige
bajo el artículo 212’. Nada más. Cuidan los intereses privados... La
línea coloca en una pizarra el horario, pero al MOP informan
‘frecuencias’ y no las cumplen. Es el único medio de transporte. Tras
nuestras protestas, el actual intendente subvencionó un microbus, que sí
cumple horarios y tiene tarifa rebajada… Pero es del mismo dueño:
Transportes Ferso, que también tiene concesión en Guallatire y Alto
Putre. Ahí también hay problemas”, concluye Huanca.
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