| |
 |
|
FOTO DE AGENCIAS. |
| |
|
|
El
día 20 de diciembre de 2009, se han conocido los “12 compromisos por la
democratización y el avance social de Chile” con que la candidatura
presidencial de Eduardo Frei pretende captar los votos progresistas que
necesita en el balotage del 17 de enero del 2010.
Entre los “12 compromisos” hay algunas ideas valorables, sin embargo no
hay compromiso específico y claro respecto a los derechos de los pueblos
indígenas. Sólo se hace, al pasar, una mención ambigua al Convenio 169
de la OIT y a una plurinacionalidad vaciada de derechos. Ni una palabra
respecto a implementar las recomendaciones del Relator ONU, James Anaya.
Ni un compromiso sobre recomendaciones de comités de Tratados, menos
aun, respecto a la Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Similares omisiones se constatan en la candidatura de
Sebastián Piñera.
Desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas, con esas
omisiones, y en pleno Bicentenario, no estamos ante una propuesta seria
de democratización, ni avance social. Al contrario, al eludirse
elementales obligaciones de Estado, respecto a derechos, estamos ante un
alarmante retroceso, y ante la crónica de un conflicto anunciado. ¿Será
posible corregir rumbos?
Eludiendo deberes de Estado
En los “12 Compromisos ” no se dice ni una sola palabra acerca de las
obligaciones adquiridas por el estado ante el Consejo de Derechos
Humanos en el Examen Periódico Universal; no hay ni un solo compromiso
de implementar las recomendaciones de los Comités de Tratados de
derechos humanos; se omiten las recomendaciones del Relator de Naciones
Unidas James Anaya. Todos esos instrumentos dedican puntos específicos y
elementales respecto a los derechos de los pueblos indígenas (ver
documentos relacionados).
El documento de los “12 Compromisos” sólo incluye un débil “compromiso”
respecto a los derechos humanos. sin embargo, se persiste en un concepto
reduccionista de derechos humanos.
Se eluden las recomendaciones de los Comités de Tratados y del Examen
Periódico Universal y se ignora el intenso calendario de exámenes
internacionales que el próximo gobierno enfrentará en relación a los
deberes estatales de implementación de tratados de derechos humanos.
¿Elites democráticas?
Cumplir las recomendaciones de los Comités de Tratados es la base mínima
de cualquier programa de gobierno que diga respetar el estado de
derecho. Sin embargo, tanto Frei como su contendor, Sebastián Piñera,
eluden una y otra vez las obligaciones del Estado respecto a los
derechos humanos , en general, y de los pueblos indígenas, en
particular. ¿Tanto cuesta a las elites comprometerse a implementar el
Convenio 169 y las elementales recomendaciones de los órganos de
derechos humanos? ¿ A tanto llega la miopía que, hasta en su agonia, la
Concertación esquiva los derechos de los pueblos indígenas?
En el caso del Piñera, eludir los deberes en materia de derechos humanos
forma parte del ADN de su sector, algo que debiera preocupar a quienes
quieren obtener para la derecha liberal carta de ciudadanía democrática,
y más aun para quienes aspiran a asumir la jefatura de un estado miembro
del Consejo de Derechos Humanos. En el caso de Frei, el eludir los
deberes estatales en materia de derechos humanos invalida el discurso
democrático y confirma las peores aprehensiones sobre lo que seria su
conducta en un eventual gobierno: no se obliga, ni se compromete con
asuntos tan elementales como el Convenio 169 de la OIT o las
recomendaciones del Relator ONU. Una omisión de obligaciones que contará
con la complicidad tácita de la candidatura de izquierda de Jorge Arrate,
si acepta esos “12 compromisos” y sus silencios.
¿Qué democratización y avance social se está negociando? ¿Una democracia
sin los derechos de los pueblos indígenas? ¿En un estado que elude
deberes internacionales respecto a derechos políticos, sociales,
económicos, culturales de todos los pueblos que conforman este país?
¿Ese es el legado final de 20 años de gobiernos de la transición?
La cuestión indígena
Al parecer las dirigencias políticas chilenas – de izquierda, centro y
derecha- ignoran los antecedentes de la Encuesta Bicentenario 2009, que
realiza la Universidad Católica y Adimark, y que muestra que el
principal conflicto social que marcará el sello del Bicentenario es el
que confronta al estado y al pueblo mapuche. Al menos asi lo piensa el
70 % de los encuestados por PUC-Adimark. Asi, frente al mayor conflicto
social de la época, las candidaturas del 2010 no tienen propuestas a la
altura. Y las futuras autoridades -cualquiera que sean- al eludir un
compromiso claro y firme de implementar el Convenio 169 de la OIT y las
recomendaciones de los órganos de derechos humanos, se privan a si
mismas de lo que es quiza el único puente de entendimiento entre las
partes para una gobernabilidad democrática de los conflictos y una
agenda constructiva.
Las elites del 2010 imitan a sus pares del 1910. Asi como el sello del
Centenario del 1910 fue la “cuestión social” con su saga de masacres y
ensayistas cuyos ecos marcaron al siglo XX, el “Chile Intimo” del
Bicentenario tiene ya su conflicto emblemático – “la cuestión indígena”
- . Sin embargo, al igual que en el 1910, las elites no ven ni escuchan,
carecen de visión de país plural, y son incapaces de mirar el largo
plazo. La omisión de los derechos de los pueblos indígenas, por ambas
candidaturas, el eludir el cumplimiento de deberes estatales elementales
respecto a tratados de derechos humanos y el Convenio 169, no solo
revela un profundo déficit democrático : es la crónica de un conflicto
anunciado. Aún es tiempo de corregir.
* Director del Centro de
Políticas Públicas y Derechos Indígenas.
< VOLVER
|
