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FOTO DE ARCHIVO. |
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Los casos de pequeños campesinos que
se ven forzados a dejar las tierras donde viven y trabajan desde hace
décadas son cada vez más numerosos. Gianfranco Macri y otros grandes
empresarios son protagonistas de expulsiones de estos días. Son
historias personales y colectivas que se repiten en diferentes puntos
del país. Modus operandi reiterados que se multiplican con las
declaraciones en primera persona de los afectados y en los escritos
judiciales: primero los campesinos son engañados para firmar documentos
que supuestamente los benefician, luego llega la intimación para
abandonar sus tierras, después la presencia policial para concretar el
desalojo y un sistema judicial que se convierte en “la herramienta más
sofisticada del modelo de los agronegocios”, como denunció a Página/12
el abogado Ramiro Fresneda, integrante del Movimiento Campesino de
Córdoba.
Son historias comunes que afectan a
campesinos y habitantes originarios de Salta, Formosa, Santiago del
Estero, Córdoba, Santa Fe –la lista continúa– que pasan sus días entre
la cría de animales, la cosecha de vegetales, granos y la lucha por no
ser desplazados. Mientras tanto, el campo visible, el de la Mesa de
Enlace, mira para otro lado y defiende sus intereses. Detrás de su
silencio, se amparan el empresario Gianfranco Macri, la empresa Madera
Dura del Norte, el empresario Jorge Bellsolar Ferrer, los dirigentes
Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza (Federación Agraria) y Ricardo Buryaile
(CRA), diputado electo por el radicalismo.
A continuación, algunas de las historias que hacen visible lo que muchos
se empeñan en ocultar.
Un hermano ejemplar
En el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta, el empresario
Gianfranco Macri, hermano del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri,
quiere desalojar a varias familias campesinas. Hace seis meses comenzó
el juicio que sentó en el banquillo de los acusados a la familia
Garnica, que ocupa 170 hectáreas; la familia Ruiz, con 500 hectáreas, y
la familia Cardozo, con 700 hectáreas. Gianfranco Macri dice que compró
15.000 hectáreas en 2006, dentro de las cuales viven estos campesinos.
“Los pequeños productores piden que se les reconozca el derecho
principal que tienen, que es la posesión de esas tierras por haber
vivido y trabajado allí toda su vida desde hace varias generaciones.
Desde que comenzó el juicio, los pobladores no comen ni duermen
tranquilos. Ellos reclaman el derecho de posesión y, si después se
tienen que sentar a negociar cuántas hectáreas le corresponde a cada
uno, no tienen problema. Lo que ellos reclaman no es ni el 10 por ciento
del total que dice tener Gianfranco Macri”, aseveró a este diario
Rebecca Russo, abogada de la Organización de Pequeños Productores del
Chaco Salteño, entidad que cuenta con el apoyo de la Federación Agraria.
Según los campesinos de la zona, el objetivo de Macri es la producción
de soja y la cría intensiva de ganado en feedlots.
En octubre de 2007, el Foro Provincial de Agricultura Familiar le hizo
firmar a Juan Manuel Urtubey un acta donde el entonces diputado y ahora
gobernador se comprometía a impulsar un Plan Estratégico para el
Desarrollo Rural, que en su primer punto se fijaba la regularización de
la tenencia de la tierra a los pobladores rurales. A dos años de esa
acta acuerdo, el juicio a los campesinos continúa. Por otro lado, las
comunidades indígenas (wichí) también siguen esperando la regularización
de sus tierras (ley 26.160/06).
En agosto pasado, los wichí hicieron una presentación ante la Corte
Suprema reclamando sus derechos. La Defensoría del Pueblo, por su parte,
hizo una visita a la zona de Embarcación, donde viven 25.000 personas,
rodeados por 10 comunidades indígenas, que están a la vera de las rutas
34, 53 y 81, esperando, pacientes, una respuesta oficial.
Poder político y empresario
“En Formosa hay una connivencia entre los intendentes y los
representantes de la Mesa de Enlace. El intendente de General Belgrano,
Amado Bobadilla (FpV) –que ahora está distanciado de las entidades
agropecuarias–, nunca intervino a favor de los campesinos. No existe
ninguna experiencia de intendentes, al menos en la zona, que hayan
jugado a favor de los campesinos”, denunció ante este diario Benigno
López, dirigente del Movimiento de Campesinos de Formosa (Mocafor).
En esta provincia hay dos casos emblemáticos. Uno ocurre en General
Belgrano, donde Ricardo Buryaile, dirigente patronal de CRA y empresario
millonario –según sus propios compañeros federados de la Mesa de
Enlace–, impulsó el desalojo de diez familias de un campo de 38
hectáreas, donde viven campesinos de entre 20 y 80 años.
El otro caso emblemático ocurre en el municipio de Ingeniero Juárez,
departamento de Matacos, en una finca que se llama La Florencia, de
aproximadamente 60.000 hectáreas, adonde viven más de cien familias de
criollos e indígenas. Los campesinos, que se dedican a la cría de
ganado, cabras, porcinos, entre otros animales, son perseguidos por el
empresario Jorge Bellsolar Ferrer quien, a través de su empresa Sociedad
de Parques SRL, busca desalojar a esos productores para expandir la
frontera agrícola.
Benigno López denunció en reiteradas oportunidades la connivencia entre
Ferrer, el intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza, y la
policía local, dirigida por el oficial Pablo Sosa. “Ferrer expulsa a los
campesinos y vende las tierras a precios internacionales. Hace dos años
comenzó a reclamar formalmente por las hectáreas de La Florencia. Antes
de eso se presentaba como alguien que quería ayudar a los campesinos,
les hacía firmar papeles con la excusa de que conseguiría subsidios y
así se fue haciendo de un manto legal, pero ilegítimo, para reclamar
algo que no le corresponde”, indicó López. En Formosa hay 3 millones de
hectáreas en situación de conflicto.
Modus operandi
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (2006), desde
hace años los habitantes de Sol de Mayo, departamento de Alberdi
(Santiago del Estero), resisten las presiones de la empresa Madera Dura
del Norte, compañía que aduce poseer títulos sobre unas 156.000
hectáreas. Una investigación de la Defensoría (345/06) describe un modus
operandi que se repite en los diferentes testimonios recogidos por este
diario. Según la denuncia de los vecinos de la zona, en varias
oportunidades hubo intentos de desalojo, con represión policial,
disparos con balas de gomas, donde actuaron tanto fuerzas de seguridad
nacionales como el Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo,
división especial de la policía de la provincia de Santiago del Estero.
Dentro de las hectáreas detentadas por Madera Dura del Norte S.A. viven
más de 1500 familias campesinas, hay postas sanitarias, destacamentos
policiales y un cementerio. “A pesar de las reiteradas denuncias, desde
el Juzgado de Monte Quemado se reclutan policías y supuestamente
gendarmes para custodiar a parapoliciales y las topadoras, de la empresa
Desmontes Londero, que ya desmontaron más de 15.000 hectáreas. El
reclamo unánime de la población de las regiones visitadas es que el
sistema judicial de la provincia actuaría sistemáticamente en favor de
los empresarios. A ello se agrega la gran dificultad de los campesinos
para acceder a la Justicia”, concluye el citado informe.
Federación Agraria y dos desalojos
Ramona Bustamante, de 83 años, vive desde que nació en un campo ubicado
en el paraje Las Maravillas, a veinte kilómetros de la localidad de
Sebastián Elcano, en el norte cordobés. Por ser hija extramatrimonial,
sus hermanastras, tras la muerte de su padre, vendieron el campo de 230
hectáreas donde vivía. Esto fue en 1984. Tras la venta, el campo pasó
por varias manos hasta caer en posesión de los hermanos Edgardo y Juan
Carlos Scaramuzza, quienes le hicieron firmar a Ramona un convenio de
desocupación.
Ramona firmó bajo la creencia de que los reclamos judiciales
terminarían. Pero no fue así. En 2003 fue desalojada, pero logró volver
a su campo. La Justicia insistió, y en 2004 la volvieron a desalojar.
Los hermanos Scaramuzza, que fueron acusados de fraude pero rápidamente
sobreseídos, son dirigentes de la Federación Agraria de Oncativo. Según
indicó a este diario un dirigente de la entidad, cuando se conoció el
hecho se recomendó su expulsión, pero quedó en la nada.
La lucha del granito rojo
José Luis Godoy, de 43 años, enfrentará el próximo lunes junto a su
hermana Alcira la sentencia por un juicio en el que están imputados como
usurpadores de un predio de 26 hectáreas, ubicado dentro del campo donde
su familia vive desde hace más de sesenta años. Un productor y
empresario local, de nombre Víctor Manuel Gómez, les reclama esas
hectáreas ya que detenta unas canteras de Granito Rojo Príncipe, recurso
natural de alto valor económico.
“Hace más de sesenta años que vivimos en la comunidad Represa Morales, a
10 kilómetros de Villa de Soto (Córdoba). No tenemos luz eléctrica,
tomamos agua del mismo pozo que nuestros abuelos. Fuimos a la escuela
rural a tres cuadras de casa. Esta es nuestra vida, criamos cabras,
chanchos, ovejas, es un campo tirando a árido, de 400 hectáreas. Hace
muchos años, un tal Víctor Manuel ‘Maruco’ Gómez llegó a la zona
diciendo que era dueño de los campos. El tipo decía que mi padre le
había firmado un papel cediendo las 26 hectáreas donde está el granito
rojo. El abogado de mi padre en ese momento era Aristóbulo Gutiérrez,
después resultó que se asoció con Gómez para estafarnos. Los dos se
juntaron para desalojarnos”, relata.
“Gómez también dice que mi padre le cedió 200 hectáreas del campo. En
2003 comenzó el juicio por usurpación y lo perdimos. Fuimos a Casación
en febrero de 2009. Ahora parece que podemos ir a la cárcel. Este
empresario es un matón que se va ganando el miedo de los vecinos matando
animales y negando el acceso al agua; amenaza a las mujeres cuando los
hombres trabajan en el monte. Todo lo que quiere son las canteras.”
Hay parámetros generales que se dan tanto en Santiago del Estero,
Catamarca, Salta o Córdoba, que es ver a la tierra como mercancía o como
parte de un negocio para pocos, donde se propicia la expulsión de
campesinos. “El sistema judicial resulta ser la herramienta más
sofisticada del modelo de los agronegocios. El Poder Judicial, que
debería servir para equiparar la desigualdad natural, termina
favoreciendo a los más poderosos. De un lado quedan los impulsores de
los agronegocios, con la soja a la cabeza y la especulación
inmobiliaria. Del lado de enfrente, están los agricultores familiares”,
concluyó el abogado Ramiro Fresneda, integrante del Movimiento Campesino
de Córdoba.
Fuente:
www.pagina12.com.ar
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