SANTIAGO I Luego de cuatro días en el sur del país visitando comunidades mapuches ubicadas en Ercilla y Vilcún, una delegación especial de miembros de la Asamblea por los Derechos Humanos de Chile no sacó conclusiones para nada alegres. Allanamientos ilegales, torturas, montajes y cercos policiales, vigilancia, intervención de teléfonos y constante hostigamiento, son las prácticas que habrían sido denunciadas por los lugareños a los observadores, que pudieron ver in situ los cercos policiales y la extrema vigilancia en los predios.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), aseguró que “con espanto y horror pudimos observar que se vive en la misma condición que vivió Chile durante los años de dictadura. Tenemos una situación que espanta”. La dirigente explicó que entre las prácticas más habituales se encuentran los allanamientos y detenciones injustificadas. Además, detalló que “las zonas donde están las comunidades resultan aberrantes: se ven postes tremendos con cámaras que vigilan allá en la mitad del campo, antenas que intervienen los teléfonos, medios de comunicación”.

Pizarro recalcó que “fue tan impresionante cuando yo escuchaba a los hermanos mapuches, recordaba los testimonios que teníamos que dar en los años de dictadura hacia el exterior, tratando de explicar, sentir que siempre quedábamos cortos en los argumentos de la brutalidad que se vivía”. El equipo de observadores está integrado por miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Agrupación de ONG Acción, la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos, la Comisión Etica Contra la Tortura, además del abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez.

"Comando Trizano"

Y para tensionar más la situación, al conflictivo ambiente ahora se sumaría la puesta en escena del “Comando Trizano”, grupo de características paramilitares de la Región de la Araucanía, que el pasado sábado anunció, a través del diario Austral de Temuco, su “reactivación” oficial para contrarrestar el actual conflicto. El grupo surgió en la zona en 2000, durante el conflicto entre los agricultores, forestales, hidroeléctricas y mapuches. “Trizano nos recordaba a la CNI y la DINA: comandos de civiles que se trasladan con absoluta impunidad, que hace tiros al aire, no mata pero deja heridos, golpean", dijo Pizarro. Aunque no se sabe quienes son ni quien los dirige, explicó que “el lógico análisis es que son forestales y latifundistas”.

Frente a todo lo visto, Pizarro, concluyó que “esta es una lucha del pueblo mapuche que respaldamos y nos sumamos, pero son ellos quienes determinaran el quehacer. Lo que sí haremos ahora y de aquí en adelante es denunciar la permanente violación de los Derechos Humanos (DDHH) por parte del estado de Chile y exigiremos el término de la militarización de la zona. Ante la situación de Patricia Troncoso, en huelga de hambre hace más de tres meses, el tanatólogo Luis Ravanal, que formó parte del equipo médico que examinó a la líder mapuche entre el 12 y 13 de enero pasado, denunció el desconcierto que les provocó el traslado de la comunera al hospital de Chillán, el martes pasado.

Según indicó, se suponía que se respetaría la recomendación del equipo que integraba -formado por médicos nombrados por el propio Gobierno- de trasladarla en primera instancia a Temuco y luego a Santiago. Pero “a través de medios de prensa supimos que fue trasladada intempestivamente de un hospital de similares características como era el de Temuco, al de Chillán, en el cual no se garantizaba ninguna de las expectativas medicas de brindarle la mejor atención posible desde el punto de vista de diagnóstico, y de recomendaciones formuladas de que fuera evaluada por profesionales de alto nivel académico y con un control permanente”, explica el profesional.

Frente a esto, agrega que no han recibido ninguna explicación al respecto y que incluso “el director del hospital de Temuco estaba igualmente sorprendido por la decisión, que no tenía un carácter médico sino que obviamente emanaba de las autoridades políticas”. Tras los exámenes practicados a Troncoso, las conclusiones son bastante complejas, ya que se encontraría en riesgo vital como consecuencia de la prolongada huelga de hambre, iniciada el 10 de octubre. Además, en la etapa en que encuentra “la prolongación de esta condición significa ineludiblemente un progresivo y acelerado aumento del riesgo de muerte, el cual se tornará crítico una vez agotadas las reservas calórico proteicas”, establece el diagnóstico.

Incluso se prevén riesgos de lesiones irreversibles, siendo vulnerable especialmente a descompensaciones agudas de tipo cardiovascular, neurológicas, renales y de naturaleza infecciosa. Por este motivo “no es posible estimar el tiempo en que podría llegar a un estado crítico con riesgo inminente de muerte”. En base a la situación, Ravanal apela al sentido de humanidad de quienes tengan en sus manos frenar la huelga de hambre de la afectada.

Por su parte, Margarita Cayupi, dirigenta de la oficina de Asuntos Indígenas de La Granja, aseguró que la situación de la comunera se debe “a la obstinación por parte del Estado, por lo que solidarizamos con ella y su demanda y exigimos indulto presidencial para el caso de los presos políticos mapuches”. Además, exigen aprobación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “sin declaración imperativa ni reservas, de modo que se establezca en Chile un piso mínimo para los derechos de los pueblos indígenas”.

Y la “adopción de medidas inmediatas que aseguren salir de la inmovilidad actual en torno a las políticas indígenas y que se gestione una coordinación eficiente que asegure la efectiva participación de los pueblos interesados en dichas políticas”, concluyó / AZ

* Gentileza www.elmostrador.cl

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