TEMUKO I El fiscal militar, José Pinto Aparicio, quien realiza la investigación del crimen del estudiante de Agronomía de la UFRO, Matías Catrileo Quezada, determinó el sometimiento a proceso del cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez Espinoza, por el delito de "violencia innecesaria con resultado de muerte". El funcionario sería el responsable del disparo que recibió el joven tras ser violentamente desalojado por carabineros del fundo Santa Margarita, comuna de Vilcún. Ramírez quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación. Se informó además que el Sargento Segundo, Héctor Osorio Albornoz, también fue sometido a proceso, quedando sin embargo en libertad provisoria.

En tanto, el Ministerio Público - a cargo del fiscal Claudio Beratto - continúa la investigación por la quema de fardos que afectó al predio de Jorge Luchsinger, luego de producirse la ocupación del predio que terminó con el asesinato policial del universitario. Los familiares de Matias Catrileo se acercaron este martes hasta la Policía de Investigaciones para entregar una polera - donde quedó marcada la entrada y salida del proyectil que terminó con su vida - que vestía el joven el día del incidente para ser analizadas, argumentando la madre que sería vital para esclarecer el crimen de su hijo.

"Nosotros venimos a hacer entrega de una prueba que Investigaciones nos solicitó, debido a que estaría siendo tremendamente significativa para probar, via los peritajes, la tesis que nosotros sostenemos, que es que el disparo que acabó con la vida de mi hijo fue hecho por la espalda", señaló Mónica Quezada. Según informó Investigaciones, los peritajes estarían mañana por la tarde a disposición del fiscal militar, puesto que fueron enviados a La Serena, al Laboratorio Central de Criminalística, donde la prueba será periciada por expertos de la policía civil.

Voces de protesta

En Santiago, en tanto, la Rama Chilena de la Asociación Americana de Juristas expresó su olidaridad con los familiares del joven mapuche y se unió al duelo de sus hermanos y familiares como también con su colega abogada Yenive Caviares Sepúlveda, defensora de causas indígenas, por el atropello infligido el pasado jueves 3 de enero en la Plaza de la Constitución en momento en que trató de interceder ante carabineros por el respeto a los derechos ciudadanos a manifestarse pacíficamente. Ese día también fueron detenidas José Paillal y su hijo de 11 años y otras personas.

"Denunciamos este hecho gravísimo, porque la violencia para acallarlas protestas en nuestro país, criminalizando las justas demandas de los sectores más débiles que reclaman sus derechos.. Se silenciador la fuerza el derecho de los chilenos a manifestarse, fundamental en nuestro orden jurídico", manifiesta en parte su declaración. Hicieron presente sobre la muerte de Matías Catrileo Quezada, que el proceso penal iniciado para investigar los hechos debe ser instruido por tribunales ordinarios y no militares, porque los hechos involucran la comisión de un delito de homicidio causado por la fuerza policial en contra de un civil. En una declaración de tres páginas, finalmente exigieron a la presidenta Bachelet disponga una investigación a fondo de los hechos ocurridos.

Por su parte, dirigentes de cinco federaciones estudiantiles condenaron ayer lunes la muerte del estudiante de Agronomía de la Universidad La Frontera de Temuko y pidieron, además que el carabinero sindicado como responsable del disparo que acabó con la vida del joven sea juzgado por los tribunales civiles, que el Estado de Chile reconozca el "estatus de nación" del pueblo mapuche".

A través de una declaración pública suscrita por la FECH, la Feusach, la Feutem, la Feuah, y la FEUV, las organizaciones universitarias manifestaron que "volvemos tristemente a manifestar nuestro más profundo dolor por la muerte de Matías y rechazamos tajantemente esta forma de encarar los conflictos sociales en el país, que viola los derechos más elementales de las personas y los pueblos y es alentada por los poderosos y sus medios de comunicación y ejecutada acríticamente por el gobierno presidido por Michelle Bachelet".

Asimismo, exigieron que "el carabinero culpable de este cobarde asesinato sea juzgado en la justicia civil, recibiendo un castigo justo, que sea expulsado de la institución el encargado del operativo y dado de baja el general de la Novena Región". También manifestaron que "el Estado chileno debe reconocer el status de nación al pueblo mapuche, así como sus derechos colectivos y territoriales, que son parte de la dignidad que todo pueblo tiene derecho a reivindicar" y enfatizaron que "esta indignante situación, no sólo nos mueve al repudio, sino también nos motiva aún más a continuar trabajando por la unidad y organización de los pueblos de Chile".

Las federaciones expresaron que se trata de hechos que a su entender "no son nuevos ni casuales. El 2002, Alex Lemun, un niño de 17 años, cayó de un balazo policial en la cabeza durante la ocupación de un fundo en la zona de Malleco" y que se suma a la "constante represión" que sufren las comunidades mapuches "que reivindican sus derechos ancestrales". "Estamos entonces ante una política estatal sistemática de represión al movimiento social y especialmente el mapuche, que busca proteger los intereses de la gran industria forestal (la misma que estuvo detrás de la muerte de Rodrigo Cisternas en mayo recién pasado) y de los viejos terratenientes", manifestaron.

Finalmente recordaron, al respecto, que "estamos en medio de una huelga de hambre de más de dos meses que llevan a cabo varios de los Presos Políticos Mapuche, condenados a diez años de cárcel por un supuesto 'incendio terrorista', en un proceso judicial plagado de irregularidades, cuestión que ha sido denunciada por numerosas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, e incluso por las Naciones Unidas a través de su relator especial Rodolfo Stavenhagen" / Azkintuwe

< VOLVER

© Periódico Mapuche Azkintuwe