Aplaudido por todos los sectores políticos en Chile, el denominado “Plan de Estímulo Fiscal” por más de 4 mil millones de dólares, anunciado el pasado lunes 5 de enero por la Presidenta Michelle Bachelet, tiene en una de sus 11 medidas una peligrosa continuidad para la ya dramática situación del pueblo mapuche. Se trata del “incremento transitorio de los beneficios del Decreto Ley 701 de incentivo a la forestación”, que -según el gobierno- “contribuirá a mitigar los efectos sobre el empleo en regiones forestales por el menor dinamismo de la economía mundial”.

Esta medida es fruto del inmenso poder de presión y de lobby que tiene en Chile el sector empresarial forestal, evidenciada en la reunión sostenida por representantes de CELCO (grupo Angelini) y CMPC (grupo Matte) con la Presidenta Bachelet y su equipo, pocos días antes del publicitado anuncio presidencial. En este punto, alarmante resulta constatar que el mismo Decreto Ley 701, mediante el cual la dictadura de Pinochet “instaló” la industria forestal en Wallmapu, propiciando un escenario de usurpación y despojo territorial que aun persiste, sea potenciado hoy por el gobierno como respuesta a la crisis económica.

La base de la propuesta presentada por el Ejecutivo apunta a aumentar las plantaciones de especies exóticas en Chile (pino y eucaliptos), ello con el objeto de sumar un 50 por ciento más de masa forestal, lo que -a juicio del gobierno- redundaría en inversiones y empleo. Sin embargo, no cabe duda que esta nueva arremetida del sector forestal, cuya producción se haya concentrada en Wallmapu, solo contribuirá, como se evidencia desde hace al menos una década, a empeorar la situación de los mapuches, especialmente en los siguientes tres ámbitos.

En primer lugar, el económico. Es sabido que este tipo de rubro y actividad productiva se caracteriza más por “reemplazar” que generar fuentes de empleo. En efecto, comparado con la actividad agrícola (cultivos), genera menos de la mitad de mano de obra por hectárea, con el agravante que cuando los genera, se trata más bien de empleos transitorios, de baja remuneración y en ningún caso garantizados a los mapuches, privilegiándose la subcontratación. Un reciente informe de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo consigna que en Chile hay 133 mil trabajadores forestales. De ellos, sólo entre el 25 y 30% tiene contrato permanente, mientras que el 82% se encuentra bajo la línea de pobreza.

En segundo lugar, el ámbito de la paz social. El sector forestal, desde la década del 80' en adelante, ha sido uno de los actores responsables de la agudización del mal llamado “conflicto mapuche”. Para nadie es un misterio que gran parte de las tierras reivindicadas por comunidades están hoy en manos de madereras. Y que éstas, al ser interpeladas por las comunidades vecinas a sus plantaciones, no han trepidado en recurrir a guardias armadas y a la persecución penal de dirigentes y comuneros, ello en complicidad con el Ministerio Público y los aparatos represivos del estado. Esto ha desembocado en causas judiciales que han llevado a la cárcel cientos de mapuches. Y en un escenario de represión constante sobre comunidades y familias.

En tercer lugar, los efectos ambientales. Los monocultivos de pinos y eucaliptus conllevan un grave daño a los ecosistemas locales, afectando la calidad de los suelos, la biodiversidad, la medicina natural, la producción de alimentos y materiales de vivienda. En definitiva, la vida misma de nuestra gente. Particularmente grave es el impacto sobre el agua, elemento fundamental en nuestra vida, cultura y espiritualidad como sociedad. Las plantaciones forestales agudizan además cada año en Wallmapu los problemas generados por el Cambio Climático, donde eventos de sequía cada vez más prolongados y recurrentes tienen a su vez efectos sobre la salud y la economía de miles de familias campesinas mapuches y chilenas.

Con responsabilidad podemos señalar que estamos en presencia de una actividad económica cuyo modelo productivo es tremendamente negativo para Wallmapu y su población en general, aunque no así para los empresarios de la madera y la celulosa. Como sostiene la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, “el esquema silvicultural utilizado por estas empresas consiste en establecer monocultivos de alta densidad que, cosechados a tala rasa, genera enormes ganancias (para unos pocos), pero también grandes impactos en el paisaje, suelos y aguas. El modelo forestal genera conflictos con las comunidades rurales y las grandes empresas no absorben los impactos sociales y ambientales”.

¿Qué nos queda entonces? Es vital organizarse y presionar a las instancias del gobierno y del Estado para un redireccionamiento de estas medidas económicas anunciadas desde La Moneda. Se debe exigir que parte de este millonario financiamiento del Estado se canalice hacia los sectores campesinos mapuches y no mapuches, bajo la fórmula del Fomento a la Plantación de Especies Nativas y el Manejo de las Cuencas de Agua; Dada la gravedad de la sequía que ya se está presentando en muchos sectores de Wallmapu, se debe exigir además a los gobiernos locales incorporar un Plan de Inversión Urgente en Infraestructura que asegure el consumo humano y animal de agua en sectores rurales, ello con parte de los 41 millones de dólares asignados por el plan gubernamental a los Municipios.

Considerando además la ratificación del Convenio 169 de la OIT, se hace urgente generar instancias donde sea posible abordar la problemática de los derechos sobre los recursos naturales, especialmente con relación al tema del agua. Ello implica la modificación del actual Código de Aguas y una legislación que asegure el derecho y uso de los recursos hídricos que nacen y pasan por las comunidades mapuches. Finalmente y en un proceso de avance político, es tremendamente necesario propiciar formulas de organización y representación política mapuche que puedan no solo denunciar legislaciones y medidas que nos afecten como pueblo, sino además generar propuestas y disputar poder en todas aquellas instancias de toma de decisiones.

Cerrado el año 2008, donde el gobierno de Bachelet legitimó la represión como vía de solución al conflicto histórico entre nuestro pueblo y el Estado, sumando nuevas víctimas fatales del lado mapuche, el financiamiento estatal anunciado para la nueva arremetida forestal en Wallmapu constituye una nueva y grave afrenta. ¿Seguiremos observando como otros hacen sentir su peso e influencia frente al gobierno, afectando nuestros intereses nacionales? ¿Tomaremos conciencia de la necesidad de transformarnos como mapuches en actores políticos de primer orden? En un año de vorágine política electoral y próximos a ser meros espectadores de la conmemoración del Bicentenario, responder estas interrogantes resultará clave en nuestro futuro como nación / AZ

* Presidente del Partido Mapuche Wallmapuwen. Magister en desarrollo Rural.

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