Durante todo el fin de semana, el arqueólogo subacuático de la consultora Arka, Diego Carabias, y la arqueóloga del Consejo de Monumentos Nacionales María Elena Noel estuvieron trabajando en el lago Ralco en el Alto Bío Bío para recabar antecedentes que serán entregados al Consejo de Monumentos Nacionales respecto al rescate de los cuerpos de un cementerio pehuenche que quedó sumergido luego de que la empresa Endesa procediera al llenado del embalse en el año 2004.

Previamente, los profesionales habían realizado un reconocimiento del sector reuniéndose con representantes de las 25 familias que demandan el retiro de los cuerpos desde el panteón pehuenche Quepuca Ralco, en el cajón del río Biobío. Para concretar el estudio, los arqueólogos sumergen un robot que analiza las condiciones de suelo y la factibilidad de traer a la superficie los restos.

La iniciativa se inserta en el compromiso asumido en agosto de 2008, en Concepción, por el comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña. Aunque los reclamantes sostienen que en el lugar habría, al menos, 80 restos de sus antepasados, el Consejo de Monumentos Nacionales estima que serían unos 13 cuerpos, los que estarían sumergidos a unos 80 metros de profundidad.

En espera de respuesta

Durante todo el día viernes y sábado una treintena de personas pehuenches, afectadas directamente con esta situación acompañó en la ribera del lago,el trabajo de los profesionales en espera de respuestas que les permitan el traslado de sus deudos a un nuevo lugar. María Curriao, hija del fallecido lonko de Quepuca Ralco, Antolín Curriao, recordó que: “el compromiso que existía con Endesa si se llevaba a cabo la obra era que el cementerio sería evacuado antes del llenado de éste, pero los acuerdos no se cumplieron, y a 5 años tampoco se han cumplido, ahora el Gobierno debe hacerse cargo y reparar el daño de una empresa privada, la que sólo ha traído desgracia a nuestro pueblo. Nosotros queremos el traslado de nuestros deudos y no vamos a descansar hasta lograrlo”.

También acompañaron el trabajo, representantes de organizaciones ambientales de Quilaco y Santa Bárbara, preocupados respecto al proyecto de la central Angostura, y temen que pueda repetirse un nuevo atropello al pueblo pehuenche en el mismo río Bío Bío, específicamente en la confluencia de éste con el río Huequecura. Esto, porque al día de hoy la empresa generadora eléctrica Colbún está tramitando un Estudio de Impacto Ambiental para llevar a cabo una Central Hidroeléctrica en ese lugar.

Freddy Pérez, vocero de la organización ciudadana Aguas Libres, afirma que no se puede dar luz verde a un nuevo megaproyecto en el río Bío Bío ya que existe documentación oficial y de carácter internacional entre el gobierno de Chile y la Organización de los Estados Americanos donde está establecido la no construcción de más megaproyectos en tierras indígenas del Alto Bío Bío.

“El propio Consejo de Monumentos Nacionales ha reconocido un sitio ceremonial Mapuche Pewenche denominado Kuel en el sector amenazado por Angostura, sumado a la gran cantidad de material arqueológico que rodea a este sitio y que es reconocido en el mismo EIA de Colbún. Estas variables indican que los pueblos originarios han estado por siempre en este lugar, y al día de hoy aún quedan familias residentes aquí.”

“El episodio que estamos viviendo hoy aquí en Quepuca, es realmente desgarrador, por lo que apoyamos y seguiremos apoyando a las familias para acompañarlas en el dolor que significa perder bajo el agua a sus familiares ya fallecidos. No existen palabras para describir lo que hoy aquí se vive considerando que los cuerpos se encuentran a mas de 80 metros de profundidad y que lo que se está desarrollando bajo el agua es sólo un estudio con tecnología de punta, pero no necesariamente significa que el resultado de todo esto permitirá finalmente recuperar los cuerpos”.

Llenado anticipado

En el año 2004, Endesa argumentó que las fuertes precipitaciones en la zona inundaron el lugar, sin que ello pudiese evitarse. Esto derivó en que la Comisión Nacional del Medioambiente sancionó, en enero de 2006, a la compañía con el pago de una multa de 500 UTM y la obligación de ejecutar un plan de compensaciones, que incluye aspectos de infraestructura y de rescate patrimonial. Sin embargo, las familias afectadas no aceptan las compensaciones, sino que insisten en el retiro de los cuerpos, y de no concretarse amenazan con recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA / AZ

* Gentileza www.tribunadelbiobio.cl
 

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© Periódico Mapuche Azkintuwe