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MINISTERIO PÚBLICO PIDE 15
AÑOS DE PRISIÓN |
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Ex juez Juan Guzmán asume defensa de
documentalista Elena Varela |
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La detención de Elena Varela
tuvo lugar el miércoles 7 de mayo, mientras trabajaba en su
documental "Newen Mapu Che", en su casa de Licanray. En la
acusación presentada ahora por el fiscal Servando Jordán no
falta nada: se alude al MIR como una organización terrorista,
se vincula a los detenidos con el ELN de Colombia y también
con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El fiscal ha pedido
15 años de presidio. |
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LUCIA SEPÚLVEDA
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TEMUKO - 04 / 02 / 09 |
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Juan
Guzmán Tapia, ex magistrado. |
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Foto de Agencias. |
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La defensa de la documentalista Elena
Varela estará en manos del ex juez Juan Guzmán, del Centro de Estudios
de Derechos Humanos de la Universidad Central, quien la llevará a cabo
en forma independiente de esa casa de estudios. En junio de 2008, Guzmán
integró asimismo el equipo de la exitosa defensa de Héctor Llaitul y
Roberto Painemil, el cual logró desbaratar otro montaje policial.
Ese juicio en Temuko concluyó con la
absolución de los dos mapuche acusados de haber realizado un atentado
incendiario. Toda la acusación se basaba en una declaración inculpatoria
que había sido obtenida bajo tortura. La Corte de Apelaciones de esa
ciudad de la Región de la Araucanía confirmó posteriormente la sentencia
absolutoria, ya que la fiscalía había solicitado la anulación del
juicio.
En este caso, Elena Varela y Kenny
Sánchez –para quienes el Fiscal pide respectivamente 15 y 20 años de
cárcel - también han denunciado que se ha utilizado la tortura como
medio de obtención de declaraciones, que son consideradas "confesiones"
por la Fiscalía. En octubre de 2008, desde la Cárcel de Alta Seguridad
de Rancagua, Kenny Sánchez acusó al Fiscal Jordán –en una carta pública
dirigida a los organismos de derechos humanos- de ser cómplice de esas
prácticas desarrolladas por funcionarios de la Agencia Nacional de
Inteligencia ANI.
Sánchez denuncia: "El día que el
fiscal Servando Pérez, citó a declarar a Sergio Reyes, se produjo una
nueva situación anómala, por decir lo menos, dado que el interrogatorio
fue dirigido por dos miembros de la ANI que no se identificaron, hecho
que se produjo en presencia del fiscal y del abogado de la Defensoría
Penal Pública, de nombre Cristian Godoy".

El tipo de
pruebas exhibidas en esos días –por ejemplo banderas del MIR y
armamento de fantasía utilizado en los documentales – y la
incautación de las entrevistas realizadas a dirigentes mapuche
por la documentalista fueron algunos de los elementos que
llevaron a la Asociación de Documentalistas de Chile ADOC a
entregar su total respaldo a Elena Varela. |
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Las denuncias de los detenidos no han
sido acogidas por la justicia. El 4 de julio de 2008 la Corte Suprema
rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado por la defensa de
la cineasta Elena Varela que alegaba procedimientos irregulares en su
detención y formalización. Esa actuación de la Suprema fue fiel a sus
prácticas de tiempos de dictadura y los hechos fueron puestos en
conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el
patrocinio de destacadas personalidades del mundo de la cultura, de
académicos y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego
Portales. La CIDH abrió una investigación a partir de esta denuncia.
En la acusación presentada ahora por el fiscal Servando Jordán no falta
nada: se alude al MIR como una organización terrorista, se vincula a los
detenidos con el ELN de Colombia y también con el Frente Patriótico
Manuel Rodríguez. El fiscal ha pedido 15 años de presidio para la
documentalista de "Newen Mapu Che" y de "Los Sueños del Comandante", a
quien acusa como autora intelectual de un asalto a una oficina del
Instituto de Normalización Previsional (INP) de Machalí y del robo a una
sucursal del Banco de Estado de Loncoche.
La audiencia de preparación del
juicio se realizaría el 17 de marzo. Según ha informado la prensa, la
acusación sostiene que el dinero se destinaba a "financiar la defensa de
Mauricio Hernández Norambuena", ex dirigente del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez, encarcelado en Brasil. Agregan que además Elena Varela
tendría vínculos con comunidades mapuche para financiar guerrillas, lo
que será investigado por los fiscales de la zona sur, donde ella filmó
el documental requisado en su detención y que aún permanece en poder de
la policía, que sólo ha ofrecido devolver una mínima parte de las
grabaciones.
Grupos de los años 90
Se acusa asimismo a Elena Varela de pertenecer a una organización
denominada Ejército Guerrillero del Pueblo, formada por ex miembros del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria que actuaron a comienzos de los
años 90 y fueron duramente reprimidos en la época de la "Oficina", un
engendro de seguridad dependiente del Ministerio del Interior, dedicado
a infiltrar y desbaratar a cualquier precio organizaciones políticas
consideradas como un peligro para la democracia.
En esos años (1993) nació también la
primera Cárcel de Alta Seguridad, la CAS de Santiago, donde fueron
recluidos (1995) los 82 nuevos presos políticos de la transición. Un
informe de CODEPU citado por el historiador y ex preso político de
entonces, Pedro Rosas, da cuenta de 140 casos de tortura y 96 muertes en
procedimientos policiales de carácter "antiterrorista". En su obra
"Derechos Humanos en la Transición" (Editorial Ayun, 2004), Rosas
sostiene: "El tratamiento dado a estos prisioneros se extiende hoy a los
presos políticos mapuche y los instrumentos legales empleados contra
ellos hasta hoy, son una espada que pende sobre la cabeza de todos los
movimientos reivindicativos y sociales populares. Sólo basta para ello
estigmatizarlos y criminalizarlos. El "antiterrorismo" es hoy la
justificación perfecta que ahuyenta toda solidaridad y permite toda
suerte de arbitrariedad".
La detención de Elena Varela tuvo lugar el miércoles 7 de mayo, mientras
trabajaba en su documental "Newen Mapu Che", en su casa de Licanray. Al
mismo tiempo, en Ercilla era arrestada la integrante del Consejo
Regional de Arte y directora comunal de Cultura de la Municipalidad de
Ercilla (territorio mapuche), Kenny Sánchez y su pareja Flor Domínguez
Rosas., al igual que Leticia Cárdenas, Sergio Reyes Matus (trabajador de
Mininco, detenido en Temuco) y Jorge Pineda Arriagada, chofer de
colectivo en Villarrica, aprehendidos asimismo en el operativo.
El fiscal sólo perseveró en tres
acusaciones: contra la cineasta, contra Kenny Sánchez y Sergio Reyes,
reconociendo que en los casos restantes no cuenta con pruebas. Sin
embargo todos ellos sufrieron cárcel y estigmatización pública en los
días posteriores a su detención. El tipo de pruebas exhibidas en esos
días –por ejemplo banderas del MIR y armamento de fantasía utilizado en
los documentales – y la incautación de las entrevistas realizadas a
dirigentes mapuche por la documentalista fueron algunos de los elementos
que llevaron a la Asociación de Documentalistas de Chile ADOC a entregar
su total respaldo a Elena Varela y calificar las acusaciones como un
montaje policial, generándose así una poderosa campaña por la libertad
de la documentalista. Meses atrás la cineasta visitó Buenos Aires
recibiendo también todo el apoyo de los documentalistas del país vecino / AZ
* Colaboradora de Azkintuwe.
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