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FOTO DE F. NEGRONI. |
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Como
un verdadero triunfo celebraron los mapuches reunidos en el Tribunal
Oral en lo Penal de Cañete el fallo de los magistrados Jorge Díaz, Paola
Schisano y Carlos Muñoz. Razones tenían para festejar. Tras dos años en
prisión preventiva y tres meses de juicio oral, el Tribunal decidió
absolver a los 14 comuneros mapuche que estaban acusados de "incendio
terrorista" por la Fiscalía de la Octava Región. El presidente del
Tribunal señaló que si bien hay convicción de que los hechos descritos
por el Ministerio Público revisten carácter terrorista, no se pudo
acreditar que las personas imputadas tuvieran relación con los hechos.
En el mismo veredicto, los jueces
dieron a conocer su sentencia condenatoria contra los miembros de la
Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón
Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez
por el delito de "Atentado a la Autoridad", ello por su participación en
un enfrentamiento con la comitiva policial del fiscal Mario Elgueta,
hecho ocurrido en octubre del 2008 en el sector de Puerto Choque tras un
violento ingreso de la autoridad judicial a territorio mapuche. Jueces
también descartaron carácter "terrorista" de esta acusación.
Los comuneros también fueron
encontrados culpables del delito de "Robo con Intimidación", ello en
contra del testigo protegido de la Fiscalía y ex colaborador de la
dictadura militar en la zona de Arauco, José Santos Jorquera Rivas.
Tribunal absolvió de cargos al resto de los imputados en todas estas
acusaciones, incluida las de "asociación ilícita terrorista" y
"asociación ilícita para el robo de madera", dos de las más graves y
donde la Fiscalía del Ministerio Público cifraba esperanzas de obtener
largas condenas de prisión.
El veredicto determinó que 13
comuneros mapuche quedaran en libertad inmediata. Carlos Muñoz, uno de
los comuneros que recuperó su libertad tras dos años de encierro,
declaró a Radio Digital FM, que "la Fiscalía no tenía las pruebas
suficientes para condenar a nuestros peñis". El comunero fue recibido en
las afueras del Tribunal cañetino bajo muestras de total alegría por
parte de familiares y público asistente a la lectura del veredicto.
Trascendió que el futuro procesal de los 4 comuneros que fueron
encontrados culpables se conocerá en audiencia el próximo martes 22 de
marzo.
Fallo significa un duro revés para la
Fiscalía del Ministerio Público. Por un lado, se absolvió a todos los
comuneros que estaban acusados de incendios que afectaron a cabañas y
camiones forestales, principalmente en la zona del lago Lleu Lleu, entre
los años 2005 al 2008. Todos permanecieron en promedio dos años en
prisión preventiva, ello en base al testimonio de "testigos sin rostro"
y confesiones obtenidas bajo tortura policial. Tales irregularidades
fueron posible debido a la aplicación de la polémica Ley Antiterrorista,
según denunció Norberto Parra, absuelto esta tarde por el tribunal.
Por otro lado, los magistrados
desecharon el carácter "terrorista" del ataque al fiscal Mario Elgueta,
ocurrido en octubre del 2008. El tribunal absolvió a la mayoría de los
acusados, dictando sentencia condenatoria solo contra cuatro mapuches,
ello por el delito común de "homicidio frustrado". Para Natividad
Llanquileo, vocera de los presos, fallo habría ratificado carácter
político del juicio oral. "Los cuatro son líderes de la CAM, por lo que
es una persecución política claramente. La situación de los cuatro
condenados la vamos a conversar, los vamos a visitar en la cárcel y
veremos cuales son los pasos a seguir. Ha sido un gran costo el que han
pagado las familias", señaló.
Por su parte, el abogado defensor
regional, Georgy Schubert, indicó que “por una parte, nos sentimos
satisfechos de que a quienes nosotros defendimos terminaran absueltos.
Lamentamos que muchos de ellos pasaron más de un año privados de
libertad y una huelga de hambre además, exigiendo las garantías de un
debido proceso”. El profesional agregó que, sin embargo, “nos preocupan
también aquellos que fueron condenados, porque se utilizó la confesión
de uno de ellos, obtenida claramente con infracción a garantías mínimas.
Él denunció torturas, existían antecedentes médicos de éstas y eso jamás
fue objeto de una investigación imparcial. Por tanto, creemos que ha
existido una vulneración a los derechos humanos”.
Testimonios
 “Es por los testigos protegidos que
nuestros peñis quedan presos", denunció el comunero Norberto Parra a su
salida del tribunal cañetino. "Estuve casi dos años preso siendo un
montaje que nos hicieron, porque ahora mismo el tribunal resolvió que
quedamos absueltos de los cargos que nos tenían. Ocho cargos me habían
puesto, ataque al fiscal y yo nunca he andado participando en nada.
Salgo contento, siempre que uno no hace nada sale con la frente en alto,
dando la cara como lo estoy saliendo yo ahora", señaló a radio Bio Bio
visiblemente emocionado.
“En lo personal, más que tristeza, en
la gente veo rabia", señaló por su parte el comunero Luis Menares,
entrevistado por Radio Universidad de Chile. “No solo aquí, en
comunidades también. Aquí se sienta una base para la aplicación de la
Ley Antiterrorista en todos los otros juicios, entonces es un tema que a
todos nos tiene con rabia más que con pena. La rabia se siente al salir
de la cárcel y que otros se quedan presos por pensar distinto y levantar
una bandera de lucha del pueblo mapuche”, subrayó.
“Era lo que habíamos dicho durante todos estos días: que más que una
persecución de carácter judicial, era una persecución política hacia la
Coordinadora. Eso fue lo que pasó. Si bien es cierto sale mucha gente en
libertad, también se quedan personas muy importantes para nosotros,
personas que sabemos que van a seguir en este proceso de reconstrucción
de nuestro pueblo, de la recuperación de tierras. Quienes han dedicado
sus vidas a esto son los que se van a quedar adentro”, subrayó por su
parte Natividad Llanquileo, hermana de Ramón Llanquileo, uno de los
cuatro mapuches condenados en la presente jornada.
Proceso irregular
 El
juicio que acaba de finalizar estuvo marcado por una serie de
irregularidades. A lo largo del proceso, el Ministerio Público se valió
de una gran cantidad de escuchas telefónicas, así como también de una
treintena de "testigos sin rostro" para probar la culpabilidad de los
mapuches. Ante ello, numerosos observadores internacionales arribaron a
Cañete para resguardar con su
presencia los derechos de los acusados.
Los delitos por los que eran imputados los comuneros eran: asociación
ilícita terrorista y asociación ilícita para el robo, incendio
terrorista e incendio, robo con intimidación y amenazas terroristas,
además de atentado terrorista contra el fiscal
Mario Elgueta y el personal de la PDI. La mayoría fueron desechados esta
tarde por el tribunal.
El juicio oral pasó por distintas etapas. Previo a su inicio el mes de
noviembre, una treintena de presos políticos recluidos en diversos
penales del País Mapuche protagonizó una
prolongada huelga de hambre para pedir el fin de la
aplicación de la Ley Antiterrorista en el conflicto social, el
término del doble enjuiciamiento en la justicia civil y militar, y el
uso de "testigos sin rostro" en sus causas judiciales, entre otras demandas. La medida
de presión se extendió por 82 días y concitó la atención de la comunidad
nacional e internacional. Diversos organismos internacionales
solicitaron al gobierno atender debidamente los reclamos de los
huelguistas.
Si bien el gobierno aceptó retirar
las acusaciones por Ley Antiterrorista, esto solo se concretó el pasado
día viernes, al final del proceso,
cuando el abogado representante del Gobierno pidió la recalificación de los
delitos de terroristas a comunes, conforme a los compromisos adoptados
al finalizar la huelga de hambre. Sin
embargo, el abogado defensor de los comuneros, Alberto Espinoza, calificó la medida del
Gobierno como “insuficiente” y “tardía” porque “de todas maneras se ha
acogido la aplicación de la Ley Antiterrorista durante todo el juicio”.
Misma opinión manifestaron familiares y cercanos a los comuneros.
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OPINIÓN DE JUAN P. CARDENAS