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FOTO DE
ALEJANDRA BARTOLICHE. |
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El gobierno nacional entregó en 1902
a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el
lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia.
Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa
La Angostura, la exclusiva y turística ciudad neuquina. Durante todo el
siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi
totalidad de su territorio a las familias mapuches. Hace un mes, la
comunidad Paichil Antriao –descendiente directa de esos primeros
pobladores– padeció otro despojo: parte de la comunidad fue nuevamente
desalojada y tres viviendas destruidas. La oleada represiva continuó los
días siguientes con intimidaciones, detenciones y la ocupación policial
del cerro en disputa. “Parece una zona militarizada. Un estado de sitio
permanente”, denunció la comunidad mapuche, que alertó sobre la
violación de legislación nacional e internacional que protege sus
derechos. El desalojo se da en un contexto de creciente criminalización
de los pueblos indígenas y una campaña mediática que cuestiona sus
reconocidos derechos.
El mapa es antiguo, casi ilegible, y está fechado en 1902. “Casa Paisil”,
señala en letra antigua. Da cuenta de los primeros pobladores de lo que
recién décadas después sería Villa La Angostura, en Neuquén. Figura en
el reciente y completo libro Historias de las familias Mapuche Paichil
Antriao y Quintriqueo (compilado por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer),
donde antropólogos, historiadores y pobladores locales abordan el pasado
negado de la región sur de la provincia. Según consta en la Cancillería,
el histórico mapa fue utilizado como prueba “por el Gobierno de su
Majestad Británica para considerar e informar sobre las diferencias” en
la frontera entre Chile y Argentina. No es la única prueba documental.
La portada del expediente de la División Tierras y Colonias es
amarillenta, tiene olor a papel añejo y data de 1903. Da cuenta de
“Entrega lotes Colonia Nahuel Huapi”, lo que décadas después sería la
provincia de Neuquén. Los dos primeros beneficiarios son “Don Ignacio
Antriao” y “José María Paisil”. El antiguo expediente confirma que son
habitantes del lugar desde antes de 1899, “indígenas”, “argentinos” y
ambas familias figuran sobre el “lote 9”, parte del casco urbano de la
actual Villa La Angostura.
Ninguna prueba sirvió el 2 de diciembre, cuando setenta policías
(incluso efectivos del temido Departamento Especial de Servicios
Policiales –Despo–) llegaron a las 8 al cerro Belvedere y comenzaron a
desarmar las viviendas de la comunidad. Los medios locales filmaron el
accionar. Se observa a los uniformados, pero también a un grupo de
civiles que patean las paredes de las humildes viviendas, cortan con
motosierras los tirantes y sonríen satisfechos cuando las casas yacen
destruidas. La orden partió del juez Jorge Videla, del Juzgado
Multifueros, que rechazó hablar por teléfono con este diario (explicó
que sólo acepta entrevistas en persona). En todo el país está vigente la
ley 26.160 (Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria), que prohíbe el
desalojo de comunidades indígenas y solicita un relevamiento territorial
de las parcelas correspondientes a los pueblos indígenas. La ley 26.160
es criticada por el gobierno neuquino, sobre todo luego de que el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) firmara un convenio con
la Universidad Nacional del Comahue para implementar el mapeo de tierras
en la provincia.
Este diario pidió una entrevista con una autoridad política de la
provincia, pero la Subsecretaría de Información Pública no respondió los
llamados ni correos electrónicos. El gobernador Jorge Sapag sí habló con
el diario Río Negro: “Nación y el INAI tienen que entender que no puede
tener acciones unilaterales. En la medida que las tengan en Neuquén, en
el único lugar que discutiremos será en Tribunales. Hemos recurrido al
jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y a la ministra Alicia Kirchner, de
quien depende el INAI”. En noviembre pasado, el Congreso prorrogó la
vigencia de la ley para que se puedan completar los relevamientos (que
están muy retrasados). Los legisladores neuquinos fueron los únicos que
votaron en contra de la prórroga. Según la Confederación Mapuche de
Neuquén, el rechazo provincial a la ley tiene una explicación: el
relevamiento catastral podría evidenciar la “usurpación de tierras que
históricamente fueron ocupadas por mapuches”.
El desalojo se produjo sobre un predio reclamado por el ciudadano
estadounidense William Henry Fisher. La comunidad utilizó históricamente
ese predio para pastoreo de animales y también hay un rewe, sitio
sagrado utilizado para ceremonias. El Observatorio de Derechos Humanos
de Pueblos Indígenas, que acaba de publicar un extenso trabajo sobre la
situación actual en Neuquén, resumió: “El juicio entre el norteamericano
Fisher contra el Lof Paichil Antriao estuvo plagado de irregularidades.
Por este hecho la causa se encuentra desde 2008 con una denuncia y con
un pedido de medida cautelar en curso en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. El desalojo violento que sufrió el Lof determina una
violación grave a los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
El lonko Ernesto Antriao denunció que no se contó con la posibilidad de
defensa porque la comunidad no fue notificada del desalojo. De saberlo,
habría apelado y frenado la acción judicial. Tampoco se tuvo en cuenta
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
tratado internacional al que Argentina adhirió en 2001 y tiene rango
superior a las leyes locales. La comunidad Paichil Antriao está
conformada por 25 familias, la mayor parte ubicada en el cerro Belvedere
y sobre las costas del lago Correntoso, zona deseada para negocios
inmobiliarios. En diciembre pasado la policía no avanzó sobre todas las
viviendas porque corresponden a distintas causas judiciales. Sin
embargo, la comunidad había advertido que se estaba en el comienzo de la
escalada represiva.
Tres semanas después, el 21 de diciembre, tres jóvenes mapuches de la
comunidad fueron detenidos por la policía. Según los efectivos, hubo
resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas. Muy distinta es
la versión indígena: “Integrantes de la comunidad fueron emboscados por
el estadounidense William Henry Fisher, policías y efectivos de Grupos
Especiales. Tres de nuestros hermanos fueron brutalmente baleados,
golpeados, detenidos y procesados. El Poder Político y Judicial intenta
realizar un montaje adjudicando falsas pruebas”. El 2 y 3 de enero
nuevamente hubo disparos, denuncia de abuso de autoridad y acusaciones
cruzadas. La versión policial indicó ataques con bombas molotov y
piedras de un grupo de personas con la cara tapada. La comunidad
desmintió el hecho y acusó a los efectivos de hostigamiento permanente y
mantener sitiado el cerro. Desde el gobierno provincial apoyaron la
versión policial, aunque descartaron que hayan sido integrantes de la
comunidad indígena. Igualmente movilizaron efectivos de Junín de los
Andes y Zapala hacia Villa La Angostura. El cerro Belvedere ya cuenta
con la presencia de 75 policías.
Desde el viernes pasado hasta el domingo, la comunidad Paichil Antriao
convocó a un futa chrawun (gran parlamento). “Es necesario avanzar en
los procesos de recuperación y resistencia sin dejar de lado el contexto
de militarización, represión, desalojos, despojo de nuestra cultura y
engaños a nuestros mayores para quitarnos el territorio”, explica la
convocatoria, que resalta el “actual escenario de criminalización y
represión sistemática”. El Parlamento mapuche se da en la turística y
selecta Villa La Angostura, que tiene el privilegio de ser la localidad
con mayor criminalización indígena: las comunidades locales cuentan con
diez causas de las 32 que el pueblo mapuche enfrenta en toda la
provincia. Verónica Huilipán, vocera y referente de la Confederación
Mapuche, resumió la situación: “Estamos viviendo un proceso de cacería
de mapuches”.
Primero estuvo el lonko Antriao
“La zona denominada ‘el cruce’ en Villa La Angostura es donde se
localizaba el lote 9 y donde hoy se encuentra el centro y la
Municipalidad. ‘El cruce’ fue creciendo a un ritmo mucho más acelerado
que otras zonas, siendo hoy el centro administrativo y comercial de
Angostura. Así, sobre el lote 9 fue creciendo el centro de Villa La
Angostura y la familia mapuche fue gradualmente ‘corrida’ hacia la
marginalidad del lote”, explicó Sebastián Valverde, antropólogo,
investigador del Conicet y docente de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA. Ya en 2007, junto a la investigadora Analía García, publicó
Políticas estatales y procesos de etnogénesis en el caso de poblaciones
mapuche de Villa La Angostura, donde detalla el despojo de los primeros
habitantes del lugar.
Gerardo Ghioldi, investigador y compilador del libro Historias de las
Familias Mapuche, apuntó que la Plaza San Martín, en pleno centro de
Villa La Angostura “era un cementerio mapuche que en el proceso de
hacerlos invisibles se transformó en cementerio general y más tarde en
plaza. Ahí está enterrado el lonko Ignacio Antriao, debajo de un maitén
muy grande”. Luego de décadas de que les negaran su identidad como
comunidad, los Paichil Antriao se reorganizaron en 2003, reafirmaron la
pertenencia al pueblo mapuche y comenzaron a defender los últimos
espacios territoriales. Iniciaron así una serie de reclamos
administrativos (ante el Estado nacional, provincial y municipal) y
acciones directas para la restitución de hectáreas que les fueron
quitadas en las últimas décadas. En 2007 tuvieron el reconocimiento del
Estado a través del INAI.
El historiador local Yayo de Mendieta confirmó en su libro Una aldea de
montaña que Ignacio Antriao se asentó en la zona en 1872 “junto a su
esposa Cayetana Cayun, y sus tres pequeños hijos Candelaria, Tomás y
Pascual, se instaló en las costas del gran lago”. Incluso el Concejo
Deliberante reconoció, en 1993, la histórica presencia mapuche. La
ordenanza 532 señala: “Ignacio Antriao fue cacique (lonko) de las
huestes de Sayhueke y tenía sus dominios a principios de siglo desde el
Correntoso hasta la península de Quetrihué. Cuando el gobierno nacional
encomendó la mensura y subdivisión de la Colonia Nahuel Huapi, se
trazaron los límites del lote pastoril 9 de más de 600 hectáreas, desde
el actual Cruce hasta el lago Correntoso y primeras estribaciones del
Cerro Belvedere, dándole a este cacique el título de propiedad de estas
tierras, en recompensa por sus servicios de baquiano ante la Comisión de
Límites que actuó en la zona. Fue uno de los firmantes del Acta de
Fundación de Villa la Angostura en 1932 y fallece en 1936”.
Pese a todo, la Municipalidad en mayo, en una carta a la comunidad y
mientras desconocía a los mapuche sostuvo que: “Nada justifica la
anárquica situación que se está desarrollando en el Cerro Belvedere y el
perjuicio que esto trae a toda nuestra comunidad, tirando por la borda
el esfuerzo de años hecho por los que nos precedieron y los que hoy
intentamos hacer de Villa La Angostura un destino tranquilo, confiable,
amigable, sustentable y con seguridad jurídica”.
Una campaña mediática
El periodista del canal de noticias
C5N está en Neuquén y entrevista a un poblador mapuche.
–¿Conoce Colombia? –interroga.
–Nunca salí de esta provincia, señor.
–¿Tiene o tuvo contacto con las FARC?
–No.
–¿Y con los mapuches de Chile?
–Claro que sí. Somos un pueblo que estuvo a ambos lados de la Cordillera
desde antes de que fuesen Argentina y Chile.
Perseverante, el periodista de C5N entrevistó a Carlos “Nuno” Sapag,
hermano del gobernador del Neuquén (Jorge Sapag), que desde hace meses
acusa al pueblo mapuche de terrorista y conspirar junto a las FARC y la
ETA. También sostuvo que el pueblo mapuche proviene de Chile y lo
sindica como “invasor” del territorio argentino. En su cruzada logró el
apoyo de la Sociedad Rural (de la que forma parte) y de algunos medios
de comunicación. La campaña mediática provocó la intervención del
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (donde
se cursan las licenciaturas de Antropología e Historia). “La casa de
estudios repudia la aparición de artículos periodísticos que
desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche,
desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las
últimas décadas”, denuncia un comunicado.
* Gentileza
www.pagina12.com.ar
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