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FOTO DE
AGENCIAS. |
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Una porción del territorio que
pertenece a la comunidad mapuche Paichil Antriao, instalada la mayor
parte en el cerro Belvedere, en la ciudad neuquina de Villa La
Angostura, se encuentra con presencia policial y, el último lunes,
volvió a ser centro de un violento operativo de represión, esta vez en
uno de sus lugares sagrados. El pasado 2 de diciembre, los habitantes de
la comunidad sufrieron un violento desalojo.
Desde ese momento, la presencia de la
policía en tierra mapuche y sus intimidaciones se hicieron una
constante. No obstante, hace unos diez días, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos aceptó involucrarse en el asunto y pidió un informe
al Estado argentino en el que se detalle la situación territorial y los
actos de agresión denunciados. El Gobierno tenía plazo hasta el viernes
para presentar la documentación, afirmó el abogado de la comunidad.
Las 625 hectáreas originarias de la comunidad Paichil Antriao, otorgadas
a sus primeros pobladores a principios del siglo XX por el Gobierno
nacional, fueron reducidas hasta llegar a 222. Sin embargo, hoy la
comunidad mapuche pelea por conservar esa porción de tierra, ubicada la
mayor parte en el cerro Belverede. El crecimiento de Villa La Angostura,
especialmente el centro de su casco urbano, se hizo a expensas del
territorio propiedad de los Paichil Antriao.
Una parte de esas 222 hectáreas mapuches que les pertenecen por
escritura gubernamental, sin embargo, fue destinada por la Justicia al
norteamericano William Fisher, “en un juicio en el que no se permitió la
participación de la comunidad mapuche”, explicó a Página/12 su abogado,
Juan Manuel Salgado. Desde ese momento, y ante el incumplimiento de la
ley nacional 26.160 –que prohíbe el desalojo de las comunidades
indígenas– y de los tratados internacionales, el Lof y la Confederación
Mapuche de Neuquén efectuaron las denuncias en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión se expidió el 12 de enero pasado, otorgando 10 días al
gobierno nacional para que enviara un informe que especifique, según la
notificación, “las medidas que se han tomado respecto de los actos de
agresión denunciados (...)”. Otro punto es si se ha cumplido o no con la
ley nacional 26.160. Y por último, se solicita “el estado de la revisión
territorial para formalizar la titulación de la Comunidad (...)”. Sin
embargo, “el relevamiento del territorio que corresponde a los indígenas
–a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– debería
haberse terminado a fines de 2009, pero aún no se empezó”, aseguró
Salgado. “Esto sucede porque el gobierno provincial pone todos los
obstáculos legales y políticos”, ya que el relevamiento “implicaría
hacer una historia de cómo se fueron entregando las tierras”, aseguró.
Tal como lo publicó este diario, alrededor de 70 efectivos policiales,
el 2 de diciembre, se hicieron presentes en el cerro Belvedere para
hacer cumplir la orden de desalojo, dictada por el juez Jorge Videla,
del Juzgado Multifueros. Este episodio –y más que el episodio, los
propios mapuches– quedó marcado por la violencia policial, que arrasó
con viviendas y mapuches. Desde ese momento, la comunidad convive con
una presencia policial constante en el lugar, que desató “dos ataques
más”, según informó Amandina Gutiérrez, una de las integrantes de la
comunidad.
El cuarto y último episodio sucedió el pasado lunes, cuando la comunidad
fue a defender uno de sus lugares sagrados, el Rewe, donde los antiguos
pobladores hacían sus ceremonias. Cuando se enteraron de que Fisher
había instalado en él maquinarias para la remoción del suelo y la
apertura de caminos, los pobladores decidieron protegerlo. Presentaron
un hábeas corpus en el Juzgado Multifuero, que posteriormente fue
rechazado. “Luego –explicó Gutiérrez–, nos dirigimos al lugar para
dialogar y explicarles la importancia de ese espacio, que no debe ser
tocado de ninguna forma.” Pero “nos dieron cinco minutos para dejar el
lugar y después fuimos sacados por la policía local y efectivos de
Grupos Especiales, utilizando balas de goma”.
Al día siguiente, las máquinas de
Fisher siguieron trabajando durante todo la jornada en “la destrucción
de ese sitio histórico”, aseguró María Isabel Huala, otra mujer de la
comunidad. En medio de estos continuos atropellos, la comunidad Paichil
Antriao exige la efectiva intervención del Estado, al que exige el
inmediato cese de la criminalización, hostigamiento, represión y despojo
de sus tierras.
Una invocación a Cristina
El 20 de enero último la comunidad Paichil Antriao se dirigió, a través
de una carta, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El
objetivo fue lograr la atención de la mandataria para que
definitivamente interceda en el asunto, “ya que en su carácter de
titular del Poder Ejecutivo nacional es la máxima responsable de la
aplicación de todas las normas vigentes en la Argentina de protección a
los derechos y garantías de los pueblos originarios”, puntualiza el
final de la carta. Los requerimientos que se incluyen son:
- La desmilitarización total e inmediata del espacio territorial de la
comunidad Paichil Antriao, retirando toda presencia armada (policial y
parapolicial) que montó el gobierno de la provincia de Neuquén desde el
2 de diciembre de 2009. Disponer una investigación independiente e
integral de todas las violaciones a los derechos de los pueblos
originarios.
- La restitución inmediata al pueblo mapuche del Rewe, espacio sagrado
de la comunidad. Y la suspensión de las obras iniciadas por el
norteamericano William Fisher.
- La revisión integral de títulos de todo el lote 9 original del ejido
municipal de Villa La Angostura, espacio tradicional de la comunidad.
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