GULUMAPU / Su extrañeza por el acuerdo suscrito entre en el Gobierno de Chile y el Sistema de Naciones Unidas el pasado viernes 11 de julio, y su preocupación por las implicancias que éste pueda tener para la vigencia de los derechos de pueblos indígenas en Chile, fue lo que le manifestó el Observatorio Ciudadano al Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, Enrique Ganuza, mediante carta con copia a la Ministra de Planificación, Paula Quintana; al Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña; al Relator Especial sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, y a Carmen Rosa Villa Quintana, Representante para América Latina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Extraña, por ejemplo, que en el Acuerdo no se haga referencia alguna a la iniciativa impulsada por el Grupo Interagencial sobre los Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, en orden a constituir un espacio de diálogo que permita conocer, por parte del Estado, de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, cuáles han sido ha su juicio los avances, obstáculos y dificultades en la implementación de las recomendaciones al estado de Chile del Relator Especial para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, tras su Misión oficial en 2003.

Estas rondas de consultas, previstas para el primer semestre de 2008, consideraban además una revisión a las recomendaciones que sobre derechos de pueblos indígenas le fueron formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2004), el Comité de los Derechos Del Niño y el Comité de Derechos Humanos (2007), todos órganos de Naciones Unidas. Si bien se ha distribuido a estos diversos actores una matriz elaborada por el equipo de Naciones Unidas en Chile, hasta ahora no se ha convocado ninguna reunión o diálogo, siendo fundamental el monitoreo de estas realidades.

Por lo mismo el Observatorio consultó a Ganuza sobre la continuidad de este proceso y si el acuerdo suscrito reemplazaría de algún modo la iniciativa en curso del Grupo Interagencial de la ONU, lo que resultaría en el menoscabo de los derechos de estos pueblos. Preocupa también de sobremanera a este organismo no gubernamental, el que a través de este acuerdo el Sistema de Naciones Unidas se comprometa a apoyar la implementación de la propuesta presidencial "Re-conocer- Pacto Social por la Multiculturalidad", dada a conocer en abril recién pasado y que no contó con la debida consultada a los pueblos indígenas involucrados, como disponen tratados internacionales de derechos humanos en la materia.

En efecto, ello se contrapone abiertamente con el derecho de los pueblos indígenas "a ser consultados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente" (artículo 6.1.a del Convenio Nº 169 de la OIT) y con lo establecido en el Artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, en cuanto al consentimiento libre, previo e informado antes de que los Estados adopten decisiones de carácter legislativo y administrativas que les afecten.

La carta es suscrita por ambos codirectores del Observatorio Ciudadano, los abogados José Aylwin y Nancy Yáñez, y por el Coordinador del Programa Derechos de los Pueblos Indígenas de dicho organismo, Blaise Pantel / AZ

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