Diversos hechos ocurridos en los últimos días nos obligan a reflexionar sobre la situación de la ciudadanía en Chile, así como sobre la prioridad que ella y sus derechos tienen para quienes gobiernan. En su mensaje al Congreso el 21 de mayo pasado Bachelet, ya en la mitad de su mandato presidencial, reiteró su compromiso con la ciudadanía, tal como lo hizo al asumir el mando, ocasión en que definió su gobierno como el de “los ciudadanos”.

Junto con anunciar el envío de una serie de proyectos relativos a temas que incumben a los ciudadanos (partidos políticos, derechos humanos, pueblos originarios, reforma previsional), la presidenta manifestó su voluntad de avanzar en la construcción de una ciudadanía más inclusiva. Refiriéndose a la limitación del derecho a la libre elección, cercenado por el Tribunal Constitucional en su fallo relativo a la píldora del día después, la presidenta fue categórica en su respaldo a los ciudadanos al afirmar que: “Chile tiene dos caminos: o confiamos en la responsabilidad de cada ciudadano o creemos que es mejor tratarlos como menores de edad y que es mejor que alguien decida por ellos”.

En lo retórico, su discurso es convincente. La realidad, como cotidianamente constatan numerosos sectores de la población, en particular los más excluidos, es diferente. Es claro para estos sectores a estas alturas que su gobierno no ha sido el de los ciudadanos. Ello no solo porque no contamos con un marco institucional que permita su participación activa en aspectos centrales de la vida del país, como la misma presidenta reconoce, sino también porque los ciudadanos definitivamente no hemos sido el eje de su política.

Pensemos en las comunidades locales e indígenas afectadas por grandes proyectos de inversión forestales, mineros, hidroeléctricos, entre otros, que privados han promovido en sus territorios bajo su gobierno, y que han sido impuestos con el aval del Estado, en mucha ocasiones en contra de su voluntad. Pensemos en los trabajadores, cuyos derechos sindicales siguen siendo desconocidos, cuyas remuneraciones no alcanzan a sustentar la vida digna – en contraste con las crecientes utilidades de la empresas para las que laboran-, y cuyo precario status laboral (subcontratación) es avalado hasta por empresas públicas como Codelco.

Pensemos en la exclusión de nuestras voces de la televisión pública, la que a pesar de pertenecernos a todos, solo abre sus espacios a los dos grandes conglomerados políticos que, al amparo de una constitución excluyente, monopolizan la representación parlamentaria, o al empresariado y la farándula. Pensemos en las dificultades que los ciudadanos hemos encontrado bajo su administración para ejercer un derecho humano tan básico como el de la manifestación pacífica. Muestra de ello son las detenciones de estudiantes a lo largo del país y de mapuche en el sur, que se han transformado en rutinarias en los últimos años, ocurriendo incluso con posterioridad a su mensaje, y que son justificadas por voceros gubernamentales, como Vidal o Harboe, con argumentos y estilos que en nada se diferencian de las de los voceros de la dictadura.

Contradiciendo sus propias palabras, los hechos demuestran que su gobierno no ha confiado hasta ahora en los ciudadanos, sino que más bien hemos sido tratados en forma reiterada como menores de edad bajo su administración. Un hecho que a la ciudadanía excluida ha llamado profundamente la atención ha sido la reacción de las autoridades, y de la propia presidenta, a raíz de la muerte del General Bernales. "El país ha perdido servidores públicos que dedicaron su vida a trabajar por la nación, velando por la seguridad de nuestras familias, nuestros hijos e hijas y de la ciudadanía", sostuvo la Presidenta al declarar un duelo nacional de tres días por su fallecimiento. El Subsecretario del Interior fue aún más lejos al señalar que el general Bernales fue “por lejos” el mejor general director de la institución en los últimos 20 años.

Lamentando su muerte, la de su esposa y comitiva en tan trágico accidente, a las máximas autoridades de un “gobierno ciudadano” no se les puede escapar las múltiples y reiteradas denuncias que pesan sobre la policía de carabineros por abusos y malos tratos a los ciudadanos, en particular a ciudadanos mapuche en el sur del país, durante el período en que Bernales fue general de zona en la Araucanía y más tarde bajo su dirección general de carabineros a nivel nacional.

Fue bajo su jefatura en la Araucanía que el 2001 fue asesinado un niño mapuche, Alex Lemún, a manos de un coronel de carabineros que sigue en servicio activo, crimen que a la fecha se mantiene en la impunidad. Fue también bajo su conducción nacional de la institución que en julio del año pasado fue asesinado por carabineros en Arauco el trabajador forestal Rodrigo Cisternas. Fue en enero de este año, también bajo su jefatura de carabineros, que fue asesinado por la espalda por un cabo de carabinero el joven mapuche Matías Catrileo, sin que hasta la fecha el autor de este homicidio haya sido removido de la institución.

También bajo la jefatura institucional del general Bernales durante el 2007 se cometieron más de veinte hechos de violencia policial en contra de personas mapuche, muchas de ellas menores de edad o ancianos indefensos, en varias ocasiones sin ordenes judiciales, hechos que le fueron comunicados, y que la institución que condujo, no investigó o sancionó administrativamente. Se trata de hechos que fueron comunicados reiteradamente al gobierno no solo por los propios afectados e instancias nacionales de derechos humanos, sino también por instancias de tratados de los que el Estado chileno es parte, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por lo mismo, no podían ser ignorados por la presidenta y su gabinete.

Es por ello que llama la atención el duelo y homenajes rendidos por la presidenta al general Bernales luego de su fallecimiento. Sin perjuicio de los méritos que dicho general haya tenido en otros ámbitos de su quehacer, un comportamiento tan reñido con los derechos humanos como el que fue característico en carabineros durante su conducción institucional, debería haber llevado a su gobierno a abstenerse del duelo y de los homenajes que se le rindieron. La reacción de la presidenta y de su gobierno frente a este hecho demuestra, una vez más, que el respeto a los ciudadanos, y a sus derechos, no tiene en realidad la prioridad que se le asigna en el discurso / AZ

* Gentileza www.observatorio.cl

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