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FOTO DE AGENCIAS. |
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En 1998 Juan Guzmán Tapia, entonces
Ministro Especial de la Corte de Apelaciones, aceptó la querella que
interpuso Gladys Marín en contra de Augusto Pinochet, acusándolo del
secuestro y asesinato de la dirigencia del Partido Comunista de Chile
(1976). El Juez se veía impedido para actuar, ante la vigencia de la Ley
de Amnistía, decretada en 1978; finalmente Juan Guzmán logró indiciar y
desaforar a Pinochet, argumentando “secuestro permanente”, en los casos:
Caravana de la muerte y Operación cóndor, sin embargo la Corte Suprema y
la Corte de Apelaciones desistieron encarcelar a Pinochet por motivos de
salud (sic).
“La verdad jurídica es muy importante y debe prevalecer sobre la
denominada verdad histórica que muchas veces es muy subjetiva” dijo Juan
Guzmán Tapia al Clarín, en teoría debería ser así, pero se retiró
defraudado del Poder Judicial; ahora dedica su esfuerzo y experiencia a
la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Central y a la defensa
de la comunidad mapuche, que a su vez lo nombró “tuguntufe” (portavoz)
del pueblo lafquenche. Su regreso a los tribunales, obedece a su
perseverante defensoría de los Derechos Humanos, esta vez litiga por la
libertad de Elena Varela.
- ¿En qué momento se percata de los crímenes de la dictadura?,
¿pensó renunciar al sistema judicial chileno o marcar la diferencia
desde adentro?
No me percaté de los crímenes de la
dictadura hasta muy avanzada ésta. Cuando se sabía de personas que eran
muertas por operativos militares, se pensaba que se trataba del
cumplimiento de los apercibimientos del toque de queda, que estaba
advertido; o de hechos sueltos cometidos por la soldadesca abusando del
poder. Todo esto era repudiable, pero estaba lejos de reflejarnos lo que
verdaderamente estaba ocurriendo. Cuando comencé a darme cuenta de
detenciones ilegales sistemáticas, era relator en la Corte de
Apelaciones de Santiago y no tenía en mis manos la decisión sobre los
habeas corpus o recursos de amparo rechazados. En esos momentos, pensé
que hacía el bien quedándome en el poder judicial. Por lo tanto, nunca
pensé en renunciar del mismo.
- ¿Era viable la primera querella de Gladys Marín en contra de Pinochet?
Lo pregunto ante el blindaje político y jurídico del dictador y senador
vitalicio…
Era viable, aunque los abogados que
la presentaron dudaron de que yo la admitiría a tramitación. Luego,
pensaron que haría una tramitación ligera. Más tarde, cuando comencé a
procesar a muchos generales, coroneles, etcétera, jamás pensaron que
procesaría a Pinochet. Pero, la querella me pareció viable desde el
principio. Toda persona, a pesar del blindaje que tenga, puede ser
juzgado. Para eso existen los procesos de desafuero. Y yo solicité tres
veces el desafuero de Pinochet, y la corte de apelaciones lo otorgó en
dos ocasiones: Caravana de la muerte y Operación cóndor y lo rechazó en
el caso de la calle Conferencia.
- En el ámbito de la Justicia Internacional, ¿qué precedente dejó el
arresto de Pinochet en Londres?
La solicitud de extradición y de
prisión para esos efectos respecto de Pinochet por parte del Juez
Baltasar Garzón implicó un gran paso hacia la aplicación práctica de la
jurisdicción penal universal. Desde luego, el artículo 23.4 de la Ley
orgánica del poder judicial otorga a la Audiencia Nacional española
jurisdicción y competencia para conocer y permitir que se juzgue en
España por determinados crímenes de lesa humanidad, y Baltazar Garzón,
al enterarse de que Pinochet se encontraba de paso por Inglaterra inició
el proceso de extradición necesaria, despachando la orden de arresto
correspondiente. Más tarde, entró en vigencia la Corte Penal
Internacional donde se consagró la jurisdicción internacional que regula
el principio de la justicia universal, que básicamente consiste en que
se activa ésta cuando en un país no se quiere o no se puede investigar o
juzgar por ciertos delitos a una persona que los perpetró dentro de su
propio país o en otro. Los crímenes de la competencia de dicha corte
son: genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra
y el de agresión. En todo caso, la implementación por Garzón de esta
nueva forma de persecución por dichos crímenes pone en guardia a los
potenciales de no incurrir en contra de los crímenes más atroces, que
son precisamente aquellos de la competencia de la ley orgánica
mencionada y del Tratado de Roma, que establece la Corte Penal
Internacional.
- ¿Qué pensó sobre la actuación del gobierno de Eduardo Frei en
Londres?, ¿y ahora ante la reelección presidencial?
Me parece increíble que Frei se
atreva a presentarse nuevamente y que lo apoye la Concertación.
Objetivamente pienso que ha sido el peor de los gobiernos llamados
democráticos de Chile. Esto, en lo político y lo social. Favoreció, eso
sí, a las multinacionales, las empresas forestales, las celulosas,
etcétera, en detrimento de los pueblos indígenas y de la naturaleza
misma, entre otras cosas. Desde luego, se perdió durante su gobierno (y
para siempre) la independencia del poder judicial al quedar supeditado
éste al poder legislativo.
- La periodista Patricia Verdugo hablaba del 11S en New York como inicio
del destape de las cuentas secretas del Riggs Bank; por otra parte, el
abogado Sam Buffone se quejaba de la apatía del Departamento de Estado
Norteamericano, en el Caso Letelier, luego del 11S. ¿Cambió algo en los
Tribunales de Chile después del 11S?, ¿cómo recibió la noticia de las
cuentas del Riggs Bank?
Me pareció muy propio de un dictador
el hecho de tener cuentas corrientes millonarias, obtenidos aquellos
millones por medios poco legítimos. Lo que me resultó más sorprendente
fue que la gente lo censurara más por eso que por las violaciones a los
derechos humanos. En cuanto a si cambiaron los tribunales después del
11S/2001, mi respuesta es: no.
- A falta de concordia entre la verdad histórica y la verdad jurídica,
¿cómo construir una memoria colectiva?
La verdad jurídica es muy importante
y debe prevalecer sobre la denominada verdad histórica que muchas veces
es muy subjetiva. Hoy, los medios para investigar son cada vez mejores,
por lo que se puede llegar a una verdad jurídica con mayor facilidad.
- ¿Qué temática propone la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad
Central?, ¿debería ser una materia académica obligatoria para
estudiantes preuniversitarios?
Pienso que deberían restaurarse las
clases de educación cívica en la enseñanza secundaria, y en el marco de
éstas, enseñarse los derechos humanos. En cuanto a la enseñanza de DD.
HH. en la Universidad, deberían enseñarse en todas las carreras. En la
Universidad Central tenemos un Centro de Estudios de Derechos Humanos y
estamos promoviendo la enseñanza de estos derechos para alumnos
chilenos, extranjeros, todo tipo de público: civiles, uniformados,
etcétera.
- Actualmente, ¿cuál es la mayor debilidad del Estado de derecho chileno
en materia de DDHH?
Bueno, el poder judicial realmente no
es un defensor de los derechos humanos, como debería serlo en virtud de
su potestad conservadora de estos derechos. Pero pienso que la mayor
debilidad está en la falta de transparencia de lo que ocurre dentro de
las cárceles y en la censura de hecho que existe por parte de los medios
de comunicación que incide en la falta de libertad de informar y en el
derecho de las personas a ser informadas.
- Por favor, explíquenos la desproporcionada aplicación de la Ley
Antiterrorista en contra de la comunidad mapuche, ¿por qué desempolvaron
la Ley 18.314 en 2003?, ¿cuántos mapuches han sido juzgados desde
entonces?
El hecho de haber utilizado la Ley de
conductas terroristas es un ejemplo de la debilidad del Estado,
particularmente del poder judicial en el caso de los indígenas. En vez
de corregir y de disponer que los delitos juzgados conforme a esa ley
eran delitos comunes, como lo eran, los jueces de la Corte Suprema le
hicieron el juego al poder ejecutivo y obviamente atentaron contra el
derecho humano del debido proceso. No sé cuantos indígenas fueron
juzgados conforme a dicha ley.
- Finalmente, ¿ante qué instancia se encuentra la defensa de la
cineasta Elena Varela?, ¿presentó un recurso para la recuperación del
material fílmico?
La causa se encuentra en el estado de
que los abogados seamos citados para la audiencia de la preparación del
juicio oral. Entonces indicaremos las pruebas que vamos a utilizar.
Solicitamos la incompetencia del tribunal en Rancagua y el juzgado de
garantía acogió nuestra petición. El juicio va a tener lugar en el sur:
Loncoche o Villarica. La razón de la incompetencia fue que el primer
crimen respecto al cual se refiere esa causa fue cometido en Loncoche.
No se ha presentado ningún recurso para la recuperación del material
fílmico. Una vez concluido el juicio nos vamos a ocupar de la
recuperación de todo y de las indemnizaciones correspondientes.
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