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FOTO DE KVRVF NAWEL. |
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El Observatorio de Derechos Humanos
de los Pueblos Indígenas (ODHPI), presentó ayer el
Segundo Informe sobre la Situación de las Comunidades Mapuches en la
provincia de Neuquén, correspondiente a 2009 y principios de 2010, con
duras críticas hacia el gobierno y el Poder Judicial.
A lo largo de 40 páginas y con un
exhaustivo repaso de la legislación vigente a nivel nacional e
internacional, el documento denuncia la existencia de una
“institucionalización del racismo”, y asegura que existe una negativa
del Estado a cumplir con lo que establecen los tratados de Derechos
Humanos.
Entre otros temas, el ODHPI denunció
las dilaciones para poner en marcha el relevamiento indígena, las
omisiones de consultas a los pueblos originarios como en el caso de la
municipalización de Villa Traful o las concesiones petroleras y los
desalojos de comunidades de tierras ancestrales.
También se critica las actuaciones de
la Justicia, que según el observatorio dilata la resolución de casos
presentados por las comunidades mapuches y avala el accionar del
Ejecutivo en detrimento de los derechos de los indígenas.
Organismos internacionales
Uno de los autores del trabajo, Juan Manuel Salgado, aseguró que el
informe fue pensado para ser entregado a organismos internacionales,
muchos de los cuales ya denunciaron violaciones a los derechos de los
mapuches. El integrante del ODHPI aseguró que buscan “informar a
dependencias de Naciones Unidas, así como ONGs especializadas sobre la
situación en la provincia”.
Salgado aseguró que “existe una
negativa voluntaria del gobierno a cumplir lo que se establece en
tratados de Derechos Humanos” en materia de pueblos originarios. Además,
a la luz de los casos reseñados en el trabajo, afirmó que existen
demoras en las causas presentadas por los mapuches, pero aquellas que se
presentan en su contra son resueltas con mucha rapidez.
El informe concluye que “existe un
aparato de agresión hacia la cultura indígena”, materializado en el
Estado. “Sólo desde la mirada global del pueblo excluido, que percibe su
encerramiento por todos y cada uno de los órganos estatales, puede
contemplarse la magnitud de la estructura discriminatoria”.
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