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DE AGENCIAS. |
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El Senado aprobó este miércoles la
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Acuicultura y que en su parte fundamental privatiza las áreas costeras
al permitir que las compañías salmoneras hipotequen en los bancos las
concesiones acuícolas para pagar sus millonarias deudas y obtener nuevos
créditos con el aval del Estado. La discusión sobre la privatización de
estos bienes nacionales de uso público continuará en el ampliado de la
Cámara Alta y los legisladores podrán realizar indicaciones hasta el
lunes 27 de julio.
La decisión fue adoptada por 28 votos a favor, 3 en contra (senadores
Guido Girardi, Alejandro Navarro y Carlos Ominami), y 5 abstenciones
(Nelson Ávila, Carlos Kuschel, Juan Pablo Letelier, Roberto Muñoz Barra
y Jaime Naranjo).
Luego de duras críticas a la industria salmonera por generar la mayor
crisis sanitaria, ambiental y social en la historia de las regiones de
Los Lagos y Aysén, que ya ha dejado 17.000 cesantes, la discusión se
centró en la duración que tendrá la entrega de las nuevas concesiones de
acuicultura, las cuales se pretenden repartir de manera gratuita y a
perpetuidad.
El senador Antonio Horvath, presidente de la Comisión de Pesca, indicó
que se otorga "el aval del Estado para aquellas garantías de las
concesiones que estén en lugares preferentes, de acuerdo a la
zonificación del borde costero, sin que esto signifique entregar los
bienes nacionales de uso público".
En tanto, los senadores Camilo Escalona y Jaime Gazmuri, hicieron notar
que si bien el texto aclara que las nuevas concesiones de acuicultura
tendrán un plazo definido "no se dice nada respecto a las concesiones ya
existentes, que fueron precisamente las que llevaron a este colapso de
la industria". A juicio de ambos legisladores "no pueden existir
concesiones indefinidas, ni menos que no se asuman las responsabilidades
por el daño social, económico y medioambiental".
Por su parte el ex almirante y ahora senador Jorge Arancibia indicó que
"las concesiones no pueden ser eternas". El ministro de Economía, Hugo
Lavados, también intervino y debió admitir que en el proyecto de ley se
establece un plazo de 30 años en la entrega de las nuevas concesiones
acuícolas. Sin embargo, respecto a las concesiones ya otorgadas, señaló
que "existe un problema constitucional, porque hay un problema de
derecho de propiedad previo y por eso queremos analizar la situación de
las antiguas".
Proyecto inconstitucional
Los senadores que votaron en contra,
Ominami, Girardi y Navarro fundamentaron su rechazo ya que existe "una
abierta privatización del mar", y se opusieron a la posibilidad de
constituir hipotecas sobre las concesiones de acuicultura, las cuales
son bienes nacionales de uso público. Estos legisladores alertaron que
esta crisis "era previsible" y no se adoptaron las medidas a tiempo, ya
que las empresas "solo promovieron un crecimiento inorgánico del
sector". Agregaron que el proyecto privatizador del mar no garantiza
empleo alguno.
Por su parte, los senadores Juan Pablo Letelier y Nelson Ávila fundaron
sus abstenciones exigiendo que debe dejarse establecida las graves
responsabilidades de la industria salmonera en esta crisis. En ese
sentido reclamaron "la devolución de las concesiones de carácter
indefinido y que fueron mal aprovechadas por la industria salmonera".
En tanto el senador Hernán Larraín propuso resolver jurídicamente el
debate surgido a raíz de la privatización del mar. A su juicio se
estaría utilizando erróneamente el término hipoteca. "Los bienes
nacionales de uso público no se pueden privatizar y lo que se busca es
dar seguridad para un crédito. Sin embargo, cuando se usa la palabra
hipoteca se comete un error técnico porque se establece sobre un bien
inmueble y las concesiones no lo son. Es más bien un derecho prendario".
A su vez, el senador Jaime Orpis resaltó que "lo importante es que
mediante este proyecto se establece una certeza jurídica en la industria
acuícola y recordó que esta misma figura en las concesiones en la
industria minera permitió incrementar de forma importante la inversión
privada". Pero como contrapartida, recordó que “en el sector de los
hidrocarburos resultó al contrario porque no existe certeza jurídica".
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COMITÉ DE DEFENSA DEL MAR